La Presidenta Cristina Fernández, su comisario político, Carlos Zannini y el candidato Daniel Scioli estuvieron a punto de lograr una hazaña política: hacer creer, a la mayoría de los argentinos, que no hay ninguna diferencia entre la corrupción que apaña el Frente para la Victoria y la que tolera Cambiemos.
Que todo el mundo tiene su precio, incluidos los dirigentes de la oposición y, por supuesto, el otro candidato a presidente, Mauricio Macri.

El gobierno nacional casi logra su cometido, hasta que Carlos Gonella, el responsable de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunció a Fernando Niembro y a otros funcionarios del gobierno de la Ciudad, ante la justicia federal, por presunto lavado de dinero. Para que se entienda bien: una flagrante sobreactuación. Y una decisión más política que administrativa. En especial, viniendo del mismo fiscal que excluyó, de manera explícita e insólita, a Lázaro Báez del delito de lavado en la investigación abierta por la ruta del dinero K en la justicia federal.

Hasta ese momento, la movida había resultado impecable y exitosa. Un diario oficialista, Tiempo Argentino, cuya existencia depende de los cientos de millones de pesos que recibe de la publicidad oficial, y cuyo CEO, Sergio Spolsky, es ahora candidato a intendente de Tigre por el Frente para la Victoria, detectó que La Usina SRL, la empresa de la que era accionista Niembro, había cobrado contratos del gobierno de la Ciudad por más de $ 20 millones en los últimos cuatro años. La denuncia había sido presentada ante la justicia de la Ciudad por un abogado vinculado al kirchnerismo, Antonio Liurgo. Enseguida fue tomada y amplificada por legisladores del FpV como Gabriela Alegre, quien, con mucha lógica y como una de las tareas inherentes a su función, pidió aclaraciones sobre el vínculo entre el gobierno de la Ciudad y el periodista deportivo.

A medida que pasaron las horas, se fueron conociendo algunos detalles que dejaron muy mal parado al primer candidato a diputado nacional por la provincia de Cambiemos.

Uno: que la Usina había sido contratada para pagar encuestas, aunque antes jamás lo había hecho.

Dos: que esas encuestas habían sido tercerizadas, lo que hacía más inexplicable su encargo.

Tres: que Niembro había terminado de vender su parte de la empresa por apenas $ 20 mil, casi en el momento en que se enteró que podía ser primer candidato a diputado nacional.

Y cuatro: que casi todos los contratos para vender segundos de publicidad los había ganado por una compulsa de precios, cuando se sabe que ese mecanismo solo se debe usar en caso de que los gobiernos necesiten hacer contratos "impostergables", lo que no parece el caso.

Hasta ese momento el gobierno le había pegado a Macri en la línea de flotación. Incluso, la Presidenta, durante la misma cadena en la que se conmovió por la muerte de Aylan Kurdi e ignoró la del adolescente desnutrido Oscar Sánchez, se dio el lujo de hacer referencia a los negocios de Niembro como un "choripán de oro". Los programas de propaganda, tomando datos de la realidad, se hicieron un festival. Además el gobierno nacional pudo usar a su favor las decisiones editoriales de los medios y los periodistas críticos. Es decir: publicar, analizar y dar detalles de toda denuncia, no importa a quien se acuse, o a quien perjudique, siempre que sea verosímil y tenga puntos oscuros que esclarecer.

El problema para la Presidenta, Scioli y Zannini empezará a partir de esta semana.

¿Cómo harán para convencer a la opinión pública de que la acusación de lavado de dinero no es una enormidad y parte de una campaña sucia?

¿Cómo saldrá del paso la Presidenta, cuando la prensa compare el caso Niembro con Hotesur, o con el procesamiento del vicepresidente en ejercicio, Amado Boudou, los negocios de los socios de Máximo Kirchner con Cristóbal López, los cientos de millones que repartió en publicidad oficial sin auditoría ni control, su intento por ocultar los datos de la pobreza y o el escándalo de la elección de Tucumán?

¿Qué responderá el candidato Daniel Scioli cuando los periodistas le empiecen a preguntar sobre los datos polémicos de su declaración jurada?

¿Cómo se las arreglará Zannini para responder sobre todas las decisiones administrativas que firmó para destruir a fiscales y jueces, a dirigentes de la oposición en Santa Cruz y aquí, y beneficiar a sus amigos empresarios, en contraposición a su discurso anticorporativo y de barricada?

Pero no solo el gobierno perdió la oportunidad de instalar la idea de que, tarde o temprano, todos ceden a la tentación del dinero público.

También Macri perdió la oportunidad de mostrarse como la contracara de un gobierno que tolera la corrupción y garantiza la impunidad de sus funcionarios acusados y procesados.

Si el jefe del gobierno de la Ciudad le hubiera pedido a Niembro que se bajara de su candidatura hasta probar su inocencia, se habría diferenciado y mucho de la Presidenta, de Scioli, de Aníbal Fernández y de La Cámpora que tanto critica.

Sus voceros explicaron que no lo hizo porque hacerlo equivaldría a admitir un delito que el candidato a diputado no cometió.

O reconocer una irregularidad administrativa del gobierno porteño que no se produjo.

"Tampoco Fernando le ofreció renunciar dar un paso al costado. Si lo hubiera hecho, hoy Mauricio tendría las manos libres para tomar cualquier decisión", me explicó un hombre de la "mesa chica" del candidato a Presidente.

El funcionario porteño hizo un esfuerzo por distinguir lo que hizo Niembro, la Legislatura y Cambiemos de lo que hace el gobierno nacional en general y la Presidenta en particular cuando la justicia pretende investigarla.

"Nosotros damos curso a la investigación legislativa y Fernando se presentó de inmediato en sede judicial. No entornamos ni volteamos a los jueces como hicieron Cristina, Scioli y Aníbal con Bonadio. Somos distintos, aunque nos quieran embadurnar con su propia mierda", estalló.