La Constitución Nacional estipula que la Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento y que todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.

La disposición es taxativa, clara, llana y no deja lugar a dudas. Sin embargo, se la ha violentado y se la violenta de un modo grosero y sistemático. La experiencia en nuestro país, exacerbada muy especialmente durante los últimos 12 años, demuestra que la idoneidad no es la regla de los gobiernos -tanto nacional como de la amplísima mayoría de los distritales- a la hora de cubrir cargos públicos. La reemplazan el nepotismo, la dedocracia, el amiguismo y la fidelidad política.

El caso del nombramiento por decreto de Delfina Rossi, de 26 años e hija del ministro de Defensa, Agustín Rossi, como directora del Banco Nación es el último de una larga saga de designaciones cuestionables en el Estado. No se trata de trabar el ingreso de jóvenes a cargos públicos, sino de que accedan a ellos sin prerrogativas de ningún tipo y por mérito propio, por concurso de oposición y antecedentes. Delfina Rossi ha demostrado contar con un currículum destacado, pero no es la única profesional con esa preparación académica. Lo que no pudo mostrar es experiencia para un cargo de semejante envergadura, para el que se necesita haberse enfrentado a situaciones específicas y contar con las herramientas necesarias para resolver problemas sobre la base de la madurez que aportan los aprendizajes.

¿Sería Delfina Rossi uno de los cincos directores del Banco Nación si no fuera la hija del ministro? No es difícil adivinar la respuesta. El nepotismo desprecia los méritos propios, antepone la confianza a la excelencia y el vínculo personal a la capacidad, al tiempo que crea una dotación de empleados virtualmente manipulables. Entrar por la ventana a un puesto público no debería tampoco ser un orgullo para quien lo consigue.

¿Sorprende la designación de Delfina Rossi? Lamentablemente no. Antes que ella, el abogado Juan Ignacio Forlón fue puesto al frente del mismo Nación, el banco más grande de la Argentina. Llegó sin concurso ni experiencia, de la mano de su amigo de la adolescencia Máximo Kirchner.

Y cunden los ejemplos en el mismo sentido:

Katya Daura fue designada por Amado Boudou, cuando era ministro de Economía, titular de la Casa de Moneda. Hasta ese momento, Daura era gerente de prestaciones de la Anses, amiga de Boudou y esposa del director general de Administración de la cartera económica, Manuel Somoza. Daura y Somoza están siendo investigados por presunto enriquecimiento ilícito.

Daniel Reposo, actual titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), fue propuesto por la Presidenta como candidato a suceder a Esteban Righi al frente de la Procuración General. Carente de méritos profesionales, este otro "ahijado político" de Boudou ha mostrado siempre una obediencia próxima al servilismo. Hombre de actitudes patoteriles, tuvo una actuación bochornosa en la audiencia pública en la que debía defender su postulación.

Roberto Carlés, propuesto por Cristina Kirchner para la Corte Suprema de Justicia, es un abogado de poco más de 30 años, asesor de una dependencia del Senado adonde llegó también de la mano de Boudou. Carlés no cuenta con experiencia judicial suficiente para un cargo de tal relevancia, además de haber sido acusado de falsear datos en su currículum y dado probadas muestras de falta de independencia respecto del Poder Ejecutivo. El bloque oficialista de senadores no pudo obtener la mayoría especial de votos para imponerlo. Su pliego quedó en suspenso.

Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), también está muy lejos de poder ser considerado idóneo para desempeñarse en ese cargo. El ex intendente de Morón no sólo carece de la alta calificación profesional en comunicación social que reclama la propia ley de medios, sino que la viola diariamente actuando de manera escandalosa en defensa de los intereses del Poder Ejecutivo. Si quedaba alguna duda de que debía dejar el cargo por su nula independencia y parcialidad antes de las últimas PASO, ya no la hay, pues la fórmula que integra junto con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para la gobernación bonaerense se impuso en la puja interna del Frente para la Victoria y será la que compita en los comicios generales de octubre próximo.

José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), es otro caso en el que se ha coronado la enorme falta de idoneidad como paso imprescindible para ocupar un puesto en un área sensible del Estado. Su misión en la UIF es combatir operaciones de lavado de activos y, sin embargo, se ha dedicado a perseguir a opositores y a esconder información protegiendo a funcionarios y a amigos del poder. También reemplazó en ese organismo a técnicos especializados en lavado de dinero por familiares suyos.

Si hablamos de falta de idoneidad, no podemos dejar de mencionar al abogado Claudio Vázquez, quien fue designado para reemplazar al irregularmente removido juez Luis Cabral como subrogante en la Sala I de la Cámara Federal de Casación. Vázquez es otro ariete del Poder Ejecutivo para colonizar la Justicia. Según su currículum, ha tenido tres empleos: en una casa de neumáticos, en la Cámara de Diputados bonaerense y como abogado. Su falta de competencia para el cargo que ocupa es notable. La Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió su designación como juez subrogante, pero él resiste en su despacho.

Como dijimos, la idoneidad ha venido siendo reemplazada por el amiguismo, la dedocracia y el nepotismo. Una reciente investigación de LA NACION da cuenta de esa situación. Rossi tiene a su hija como directora del Nación, pero no es el único. Oscar Parrilli, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tiene a un hijo y a una sobrina trabajando en el Estado; Carlos Zannini logró ubicar a sus cuatro hijos y a un yerno en empleos públicos. La pareja de Aníbal Fernández fue nombrada con rango de secretaria en el área de su marido; la cuñada de Daniel Scioli trabaja en la Secretaría General de la Presidencia. Lo mismo ocurre con la hermana del diputado camporista Andrés Larroque, quien actúa como directora de Documentación Presidencial.

El hermano de crianza del secretario general de la Presidencia, "Wado" de Pedro, fue gerente de la Anses en Mercedes; la esposa, una hija y un hermano de Julio De Vido fueron y, en otros casos, son empleados públicos; la mujer del secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, trabajó en la Cancillería, de donde pasó a la Procuración del Tesoro; dos hermanos del ministro Florencio Randazzo tienen puestos en el Estado, y el hijo de la ministra de Producción, Débora Giorgi, tiene rango de subsecretario de Estado en la cartera a cargo de su madre.

También han colocado a parientes en el Estado el canciller Héctor Timerman; la ministra de Cultura, Teresa Parodi; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el senador Miguel Pichetto; la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el senador nacional Rodolfo Urtubey, y Carlos Liuzzi, el segundo del secretario legal y técnico y candidato a vicepresidente de la Nación por el kirchnerismo, Carlos Zannini, quien ubicó en la función pública a una veintena de familiares y amigos.

La lista es enorme. La desvergüenza, también. Urge sancionar una ley que impida este tipo de excesos, que prohíba la designación directa de parientes, amigos o allegados de funcionarios en cargos estatales, a los que sólo deberían acceder por mérito propio, compitiendo, concursando, oponiendo las capacidades que aseguran tener con las de otros postulantes.

Como sociedad, no debemos permitir más este tipo de atropellos ni a este gobierno ni a ningún otro. Debemos reclamar transparencia a nuestros gobernantes y candidatos. Un compromiso firme y claro en defensa de los derechos de todos, de la institucionalidad y de la honradez.