La denuncia del fiscal Alberto Nisman fue archivada. La sospecha de lavado de dinero en Hotesur quedó disimulada detrás de una cortina de enredos procesales. La discusión sobre la constitucionalidad del pacto con Irán para acordar la causa del crimen de la AMIA está en suspenso. Y Amado Boudou disfruta de una tregua, mientras se mira en el espejo de Víctor Alderete, quien, como todo afiliado a la Ucedé que cayó en la tentación del peronismo, fue arrestado por delitos cometidos hace más de 15 años. Este panorama judicial es el resultado de que Cristina Kirchner, con la comprensible colaboración de Daniel Scioli, consiguió que los tribunales no contaminen la campaña electoral con casos de corrupción. Pero el pacto celebrado con los jueces federales no alcanzó a resolver otro problema: sin que pasen al olvido aquellas fechorías, ahora quedaron en primer plano los forcejeos destinados a conseguir impunidad. Una exhibición inconveniente para Scioli, que enfrenta un exigente desafío: convencer a los votantes que no simpatizan con la Presidenta de que él representa algo más que un cambio de modales.
Los camaristas del fuero contencioso administrativo Rodolfo Facio y Clara Do Pico desplazaron al abogado Claudio Vázquez, que había sido designado en reemplazo de Luis Cabral en la sala de la Cámara de Casación que interviene en los expedientes de Hotesur y del Memorándum de Entendimiento con Irán. Para la señora de Kirchner fue una derrota dolorosa, porque quedó cuestionado su procedimiento para designar conjueces, la llave maestra que había encontrado para protegerse en causas de alto riesgo.
El apartamiento de Vázquez no sólo se debe a la aberración de nombrar un conjuez con funciones permanentes. Vázquez también cargaba con el peso de sus antecedentes. Colaborador de Jorge Villaverde, intendente de Almirante Brown en el apogeo del duhaldismo, obtuvo el título de abogado en la Universidad de Lomas de Zamora al cabo de un trámite que en el bar de la facultad recibía la enigmática denominación de "plan de facilidades".
Lomas es también el alma máter de Aníbal Fernández.
Ya graduado, "el Gallego" Vázquez se asoció con su compañero de estudios José Domingo Cavalieri, "Mingo", que pasó de ser secretario de Gobierno a gerente del bingo de Almirante Brown. En el conurbano bonaerense ese cambio de rubro suele ser parte de la misma carrera administrativa.
El vínculo entre "el Gallego" y "Mingo" terminó a las trompadas en la legendaria pizzería El Faro. Diferencias doctrinarias. Vázquez siguió militando en el PJ de Brown. Pero fue en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora donde vio la luz: cuando los abogados exitosos de La Cámpora iniciaron la captura de esa asociación, descubrieron en Vázquez a uno de ellos. A partir de ese momento, él se subordinó al secretario de Justicia y candidato a intendente de Lanús, Julián Álvarez, y al "Petiso" José Ottavis, primer jefe de los camporistas bonaerenses, ahora reemplazado por Eduardo "Wado" De Pedro. Esos méritos, y no su paso por el área de control de calidad de Firestone, como quiere una versión peyorativa, convirtieron a Vázquez en conjuez de la Cámara de Casación, que controla la calidad de los juicios penales.
La permanencia en ese tribunal del delegado de La Cámpora quedó más amenazada desde el viernes por un recurso que el fiscal Pleé presentó ante la Corte Suprema.
A propósito de una excarcelación dispuesta por Vázquez y otros dos conjueces allegados a la Cámpora, Pleé le reclamó al máximo tribunal que mantenga las causas en manos de los jueces que las venían tratando, aunque ya no integren la Cámara. Si la Corte aceptara ese criterio, Cabral seguiría interviniendo en la discusión del tratado con Irán. También en la de Hotesur. Un traspié para los cráneos procesales de La Cámpora, que pretenden que su jefe, el bachiller Kirchner, sea juzgado por amigos.
Con independencia del pedido de Pleé, la integración de la sala que debe resolver la constitucionalidad del pacto es una incógnita. El camarista Juan Carlos Gemignani seguirá ocupando su lugar como subrogante. Ángela Ledesma regresaría mañana de su larga licencia. Había sido reemplazada por su colega Ana María Figueroa, cercana a Carlos Zannini. Como Do Pico y Facio apartaron a Vázquez pero no repusieron a Cabral, hará falta completar el tribunal con un tercer magistrado. Tal vez sea Figueroa.
ACUERDO CON IRÁN
Para malhumor de la Presidenta, y de su candidato Scioli, este ajedrez reabre la discusión sobre su operación diplomática más disparatada: el acuerdo con Mahmoud Ahmadinejad. Ledesma postergará su pronunciamiento porque, como estuvo ausente, debe repetirse la audiencia en la que el Gobierno, las instituciones de la comunidad judía y el fiscal Raúl Pleé presenten sus argumentos a favor o en contra del memorándum. Los abogados de la AMIA y la DAIA prometen ser más duros.
La clave está en el voto de Ledesma, ya que Figueroa votaría a favor de la constitucionalidad. La tesis de Gemignani sería la contraria: como sostuvo la Cámara Federal Penal, el tratado violaría varias disposiciones constitucionales. Es la posición más extendida entre los especialistas. En principio, porque el Poder Ejecutivo desobedeció el artículo 109 de la Constitución, que le impide inmiscuirse en causas judiciales.
También cedió soberanía, al aceptar que una Comisión de la Verdad pactada con Teherán recomiende al Poder Judicial argentino cómo proceder en este caso (artículo 4º del memorándum). La existencia de ese organismo viola el principio del juez natural y la prohibición de resolver pleitos mediante comisiones especiales. Además, la comisión se constituyó para satisfacer a un grupo de imputados en razón de su nacionalidad iraní.
¿Qué sucedería si apareciera un acusado de otro origen? Argentino, por ejemplo. ¿Se le aplicaría otro procedimiento por el mismo delito en el mismo juicio? Los iraníes disfrutarían de una justicia hecha a medida. Como los Kirchner.
Con el debate reaparece el fallecido fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman; otra vez se cuestionarán el acuerdo de Cristina Kirchner con Irán y la participación de algunos de sus funcionarios: el canciller Héctor Timerman y Juan Martín Mena, el segundo de la ex SIDE, que negoció con los iraníes en Zurich y en Dubai.
Mena pertenece al mismo círculo que el conjuez Álvarez, que pretende examinar su comportamiento. Al parecer, el subsecretario de Inteligencia intentó que el gobierno de Ahmadinejad aprobara el tratado para evitar el último papelón: los iraníes lograron que Cristina Kirchner y Timerman firmen un acuerdo costosísimo, que ellos después no iban a convalidar.
La Presidenta se irritó por esa burla en las Naciones Unidas en septiembre pasado, cuando reclamó a Irán que cumpla con lo prometido. Una doble ingenuidad, porque si ratificaran el tratado, igual no se aplicaría: los iraníes ya aclararon que su derecho procesal no prevé el sometimiento a jueces extranjeros. Sobre Cristina Kirchner y el memorándum cabe la pregunta que Borges se hizo sobre Galtieri y las Malvinas: ¿no hubiera convenido consultar a un abogado?
Consultó a Hugo Chávez, que ya no está para reproches. Ahora la Presidenta intenta justificarse diciendo que Estados Unidos, que le criticaba el entendimiento con Teherán, también acordó. Pasa por alto una gigantesca diferencia. El presidente Barack Obama pactó sobre políticas futuras, no sobre un crimen de lesa humanidad todavía sin castigo.
La impunidad del atentado contra la AMIA es un retrato de la cada vez más deformada institucionalidad argentina. La Presidenta arregló una revisión de la causa con aquellos a quienes ella misma había acusado. Intentó que ese entendimiento fuera convalidado por abogados amigos de sospechosa calidad.
Acusó por esconder pruebas a Antonio Stiuso, un espía que recibía órdenes de ella y de su esposo. Mientras tanto, la única investigación que sigue viva es surrealista: el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli siguen sin poder determinar si, cuando protestaron por el acuerdo con Irán, las autoridades de la DAIA, los intelectuales Santiago Kovadloff, Marcos Aguinis, Daniel Sabsay y Carlos Alberto Montaner; las diputadas de Pro Patricia Bullrich y Laura Alonso, y la agente de prensa Mariela Ivanier, estaban conspirando al servicio de Paul Singer y los fondos buitre.
Una acusación de perfil antisemita en la que confluyeron el experto informático Jorge Elbaum, vinculado con los servicios de inteligencia, y el abogado nacionalista Juan Labaké.
LA CAUSA HOTESUR
Al separar a Vázquez, la Cámara en lo Contencioso Administrativo complicó también el cerco de impunidad que la señora de Kirchner estaba tendiendo sobre la causa Hotesur. Ella consiguió apartar a Claudio Bonadio. Pero el allanamiento de Bonadio a la inmobiliaria de su hijo fue convalidado por quien lo sucedió, el juez Daniel Rafecas, que suele complacerla.
Bonadio había sido desplazado por los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. Margarita Stolbizer recusó a Freiler por ser primo del esposo de Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner y presidenta de Hotesur. No es la única acusación que pesa sobre Freiler. El abogado Ricardo Monner Sans lo denunció por ejercer actividades lucrativas como socio de Sociedad Minning Pride, una financiera que comparte con Carla María Lago. Es la esposa de Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo, gestor judicial de Julio De Vido y álter ego del ex secretario del ministro y ahora agente de Inteligencia José María Olasagasti. Alfredo Lijo y Olasagasti son hoy los principales lobbistas judiciales de la Casa Rosada. A ellos se les atribuye la negociación de la tregua con los tribunales federales. El camarista Freiler, figura central en ese pacto, también está sospechado de haber adquirido una mansión vecina a la residencia de Olivos. Todo queda en familia.
