Resulta notable como a sólo siete meses de la despedida, Cristina Fernández sigue haciendo prevalecer su poder frente a los presidenciables que pretenden sucederla. Tanto está dispuesta ahora a desequilibrar o esterilizar la Corte Suprema, que ella misma se involucró el pasado fin de semana en la ofensiva contra Carlos Fayt.

La Corte es uno de los pocos estamentos del Poder Judicial que ha escapado a la colonización del kirchnerismo. Es también el último límite institucional que le queda al Gobierno. Al Congreso, lo sobrepasó hace rato. Existe algo, entre tanta obstinación oficial con el tema, que no se explicaría: por qué razón no urdió algún plan antes de que en enero Raúl Zaffaroni concretara la renuncia anticipada seis meses. Era el único emblema puro K en el Alto Tribunal. Quizás el ex cortesano esté pretendiendo subsanar esa improvisación sumándose a la ofensiva contra el veterano juez.

Es cierto que la salida de Zaffaroni ocurrió 17 días antes de la muerte misteriosa del fiscal Alberto Nisman. Y 13 días antes de la presentación pública de su denuncia sobre encubrimiento terrorista contra Cristina y Héctor Timerman, por el atentado en la AMIA y la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. ¿Podría haber sido esa tragedia la que modificó la estrategia inicial kirchnerista? En parte sí, aunque en torno a ese episodio el Gobierno va cumpliendo sus propósitos. La muerte de Nisman quedará enredada entre las hipótesis del suicidio y del crimen. Su figura fue desacreditada con la campaña oficial que divulgó su vida privada. A la denuncia la sepultó un juez (Daniel Rafecas) y dos Cámaras. La Sala I Federal y la de Casación, ayer mismo, con un fallo lapidario de tres carillas, a tono con lo que había expuesto previamente el fiscal K Javier De Luca. Habría otras razones que estarían impulsando a la Presidenta contra la Corte. Personales –la causas de corrupción– y políticas: la ambición de conservar poder institucional para cuando opere desde el llano.

Ese propósito debería constituir una alarma para sus posibles sucesores. Sean del oficialismo o de la oposición. Es en ese punto donde contrastaría la angurria presidencial con cierta inapetencia de aquellos que se harán cargo del Gobierno a partir de mediados de diciembre. Todos aguardan la finalización del mandato como un hecho natural, como si aquel poder se transfiriera de manera automática o se edificara sólo con el golpe de popularidad que provenga de las urnas. Pareciera no existir verdadera vocación de disputar ese poder.

Daniel Scioli tendría su explicación para semejante indiferencia. Aspira a convertirse en heredero sin reparar en el contenido de la herencia. Es notable –también un inquietante síntoma de la opinión pública– como el gobernador de Buenos Aires se las ingenia para hacer campaña con frondosísima publicidad y hablando de la nada. No se ha pronunciado sobre el conflicto con la Corte. No sería lo único. En un reportaje en La Nación web, publicado días atrás, se le preguntó, con precisión, sobre que haría con La Cámpora, con el general César Milani, jefe del Ejército y con la vigencia del cepo al dólar. Fue imposible obtener una conclusión de sus palabras.

La embestida contra Fayt valió para Mauricio Macri un twiter de solidaridad con el juez y de invocación a la defensa de la división de los poderes. También es cierto que sus diputados suelen ser los mas activos en la Comisión de Juicio Político, donde el kirchnerismo proyecta su plataforma para la ofensiva contra el veterano juez. De hecho, consiguió dictamen político para un pedido de examen médico a Fayt. Aunque deberá lidiar con carpetas que tiene a mano la oposición. En ellas figuran los pedidos de juicio político contra Amado Boudou, Héctor Timerman y la Procuradora, Alejandra Gils Carbó.

Sergio Massa viene repitiendo que hay que proteger a la Corte. Aunque pareciera abrirse una hendidura entre sus palabras y la posibilidad de acciones concretas. El líder del Frente Renovador acarrea problemas internos y es, quizás, quien con mas transparencia relata la creencia del manso tránsito de un tiempo político a otro: “A partir de diciembre cambia todo”, declaró en las últimas horas, con una dosis mayor de voluntarismo que de otra cosa.

Cristina creería, con exactitud, lo contrario. Y trabaja para que aquel cambio resulte lo mas acotado posible. Que no le quedan las manos sueltas a su sucesor. Posee plata, propia y de sus socios, un bloque parlamentario que le permitirá resistir y muchas penetraciones en el Poder Judicial. Tiene también dos debilidades: carece de un delfín porque nunca pensó en ello. Eso podría debilitarla con el tiempo dentro del peronismo. Le quedó suelta, además, la pata de la Corte.

La Comisión de Juicio Político no está dispuesta a detener el fuego. Los estudios médicos a Fayt son sólo para incomodarlo. Habrá citaciones a miembros de la Justicia para consultarlos sobre la salud del veterano juez. Seguramente también para Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. Los radicales ya han dicho que esos procedimientos son ilegales porque no hay en marcha ningún pedido de juicio político. No podría haberlo porque el kirchnerismo carece de los dos tercios en la Cámara. Pero el hostigamiento al magistrado fatiga.

Fayt habló ayer con Lorenzetti. Estaba dispuesto a concurrir al acuerdo de la Corte como réplica a las provocaciones del kirchnerismo. Pero a último momento reculó por la inusitada expectativa periodística que había causado su hipotético desplazamiento. La puerta de su casa estaba casi bloqueada por cámaras de televisión, micrófonos y periodistas. Buscará una oportunidad menos agitada para llegar hasta el cuarto piso de los Tribunales.

El propósito de la Presidenta no cesará ni aún en el caso de que Fayt continúe resistiendo. Si no logra tumbarlo y generar una segunda vacante intentará sumir al Tribunal en estas semanas en un auténtico escándalo público. Los jueces no son muy amigos de esas cosas. Trataría de demostrar que la situación no podría seguir de este modo en el Alto Tribunal.

En última instancia, ordenaría sancionar la ampliación del número de sus integrantes y abrir vacantes para una negociación mas atractiva para la oposición. Si la conformación llegara a 9 jueces quedarían cinco lugares para negociar. Hasta podría contentarse con dos propios y tres elegidos por la oposición.

Esa fórmula pareciera, ahora mismo, inviable por el compromiso firmado por los candidatos opositores de no cubrir ninguna vacante hasta el próximo Gobierno. Pero Cristina los seguirá sometiendo a presión a la espera de detectar alguna fisura. Ocurren fisuras en estas horas. La conjetura ronda siempre al peronismo federal. En especial, a aquellos que todavía no registran anclaje electoral. Los ojos caen sobre Adolfo Rodríguez Saa, olvidado por Massa y José de la Sota y atendido ya por Scioli. El puntano tendría dos dificultades: esa soledad y su notoria exposición.