Una vez más, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) ha contribuido a reflejar fehacientemente la realidad económica del campo argentino. Esta vez, mediante una encuesta, realizada entre el 9 y el 27 de marzo últimos, en la que participaron 757 productores CREA y 190 asesores de los distintos grupos. En esos datos, hay una evidencia clara de la actual situación del sector, caracterizada por la reducción de los precios de la producción, las adversidades climáticas con su aditamento de inundaciones, y en algunos casos, de sequías, y la suma considerable de los costos de todo orden, que postergan crecimiento e inversiones.
El 63% de los encuestados teme un deterioro de su economía este año, mientras que el 49% cree que mejorará en 2016, en línea con otro escenario nacional. El 80% de los entrevistados registra algún tipo de deterioro económico, lo cual ha determinado un aumento del endeudamiento.
Al momento de realizarse la encuesta, los productores CREA conservaban el 8% de la soja del ciclo 2013/2014, hecho que contradice la magnificación generada desde el Gobierno. El rendimiento de los cultivos esperado para 2015 supera la estimación realizada en la época de siembra, con variaciones regionales, a pesar de las copiosas precipitaciones registradas en vastas regiones del país, que convivieron con duras sequías anotadas en el sur de Buenos Aires y La Pampa. La zona núcleo -norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba viene, por el contrario, de una campaña excepcional por las características del clima.
De la producción calculada de granos de la cosecha gruesa a punto de concluirse, los miembros de CREA deberán vender con urgencia el 45% de la soja, el 55% del girasol y el 31% del maíz para saldar los importes adeudados. La situación de los productores está lejos de ser cómoda. Abundan los endeudamientos en un contexto de rendimientos elevados, pero sin contrapartida en rendimientos económicos equivalentes.
En cuanto a la soja, hay una caída del precio FOB del 10,5% que afectará al sector público y al privado. En el caso del maíz, la reducción será de unos 1150 millones de dólares a causa de la reducción de un 10,2% en el precio FOB y una caída en la producción del 9%. Por lo tanto, para los dos cultivos -soja y maíz- habrá una reducción total de ingresos de 4150 millones de dólares.
Cabe imaginar, entonces, que si los dos cultivos centrales experimentan semejante revés, el conjunto del componente agrario de la economía del país tendrá también una disminución de ingresos sustancial. En conclusión: los altos rendimientos obtenidos y por obtener en este período no alcanzan a neutralizar los efectos de la bomba confeccionada con el aumento de costos, la baja de las cotizaciones y el peso incuestionable de otros rubros, como la persistencia en mantener una paridad suicida con el dólar, y más para un país que necesita imperiosamente exportar.
Así las cosas, se comprende lo riesgoso que es para los arrendatarios hacerse cargo de la explotación de campos ajenos, invertir y trabajar en ellos. Se trata de una cuestión que a todos, y en primer lugar, al Gobierno, debiera preocupar, porque no menos del 60 por ciento, entre las más de 30 millones de hectáreas bajo cultivo, se encuentran sometidas a alguno de los regímenes posibles de alquiler.
Resulta evidente que la situación del agro dista mucho de ser próspera. Por el contrario, presenta quebrantos y dificultades que el país debiera superar para obtener de este sector todo lo que él podría aportar a la sociedad y evitar así que permanezca en una situación de riesgo por destrucción a raíz de políticas oficiales tan opuestas al campo y, por extensión, al interés general de los argentinos.
