Quienes alcanzan rindes nunca vistos antes son cautos a la hora de dar cuenta del logro. Es como hacer un gol sin poder festejar con los compañeros de equipo o la propia hinchada.

Además del resultado económico, sospechan que la bonanza productiva pueda ser utilizada por el Gobierno como argumento para aumentar la presión impositiva. No es extraño el razonamiento. En noviembre de 2007, un mes antes de que Cristina Kirchner iniciara su primer mandato, los derechos de exportación a la soja se incrementaron de 27,5 al 35% con la excusa de que habían subido los precios internacionales. Cinco meses después, en marzo de 2008, se lanzó el experimento de las retenciones móviles y la poda brutal de los ingresos con el argumento de la "renta extraordinaria". Ese mismo año, también, se perfeccionó el mecanismo que ya se había iniciado informalmente en 2006 con el trigo: la regulación del comercio de cereales con la anulación de la competencia entre los actores de la cadena mediante los Registros de Operaciones de Exportación (ROE).

Desde entonces, hubo programas que nunca se cumplieron como el "Maíz Plus" y el "Trigo Plus", y otros que, por sus formatos -el fondo de estímulo a pequeños productores y la devolución de retenciones para el trigo- configuran a la producción en dependiente del Estado. "Me tenés que pedir permiso a mí, si querés que te vaya bien", parece ser el pensamiento que subyace en esos ensayos de laboratorio. Un capitalismo de amigos, en otras palabras.

Esta semana se repitió esa política con la autorización para exportar 3,5 millones de toneladas de maíz. Según cálculos que circulaban entre los exportadores, se podían aprobar en forma automática no menos de 5 millones de toneladas sin generar ningún perjuicio. Los propios exportadores reconocen ahora que la falta de competencia entre los actores de la cadena genera una caída de precios que perjudica a la producción. En un documento interno, señalaron que la demora en abrir las exportaciones de maíz es otra de las razones que lleva a los productores a demorar las ventas de soja. Por un lado, el Gobierno se queja de la lentitud en desprenderse de la oleaginosa de parte de los agricultores y, por el otro, la fomenta.

Lo que es evidente es que la consecuencia de la cartelización del comercio de maíz la padeció la producción. Según un cálculo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), desde 2008 la transferencia a otros eslabones de la cadena alcanzó los US$ 2164 millones.

Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) estimó que la merma para la producción por estas transferencias alcanzará los 4000 millones de pesos en esta campaña, con un costo promedio de 150 millones de pesos por tonelada. También calculó que, si no hubiera restricciones a las exportaciones, el maíz podría aportar divisas por US$ 3000 millones de dólares.

Resulta extraño que el ministro de Economía, Axel Kicillof, prefiera criticar a quienes proponen levantar el cepo cambiario en vez de encontrar los dólares donde se generan. Si el ministro tiene dudas sobre la capacidad del agro para generar divisas tiene a mano los datos de la balanza comercial de 2014. Un informe de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), que dirige el economista Marcelo Elizondo, recordó que las actividades agropecuarias generaron en 2014 un superávit de casi 38.000 millones de dólares. En contraste, la industria y los servicios provocaron un déficit comercial por unos US$ 35.000 millones. En el caso del superávit del agro, "se trata de un flujo anual mayor que el stock de reservas internacionales en poder del Banco Central", explica Elizondo.

El economista apunta que "el conjunto de actividades de origen agropecuario muestra una gran capacidad para operar, generando altas exportaciones" e importando poco. En otras palabras, los 12 años de vigencia del "modelo de sustitución de importaciones de matriz diversificada con inclusión social" no logran generar las divisas necesarias que el país necesita para funcionar.

Hito de la bioeconomía

En el medio de ese descalabro, sin embargo, hay hechos para celebrar. Esta semana, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) le recomendó al Ministerio de Agricultura la aprobación para su autorización de dos eventos transgénicos generados y desarrollados por científicos y empresas argentinas. Uno es la soja resistente a sequía, desarrollada por científicos de la Universidad del Litoral y el Conicet, junto con la firma Bioceres, integrada por productores agropecuarios ligados a Aapresid e Indear, de Rosario. El otro evento es el que provee resistencia contra el virus PVY (por sus siglas en inglés) de la papa elaborado por científicos del Conicet en convenio con la empresa Tecnoplant-Sidus. "El campo puso a su hombre en la Luna", exclamó, entusiasmado, el consultor Iván Ordóñez. En el caso de la soja, resta todavía un tiempo para su liberación comercial y la aprobación definitiva del Ministerio de Agricultura y del Senasa. Además, la Argentina mantiene una "política espejo" con China en las autorizaciones de materiales OGM.

Ambos logros significan un reconocimiento a la capacidad del sistema científico argentino y su vinculación con la cadena agropecuaria. Un paso adelante en la era de la bioeconomía.

Resumen

25,7

Millones de toneladas

Es la estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario para la cosecha de maíz.

La frase

Egidio Mailland

Presidente de Coninagro

"Queremos que se liberen las exportaciones y se eliminen los cupos".