Aquella que le prometieron Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico; Julio De Vido, el ministro de Planificación; Alejandra Gils Carbó, la procuradora general y un par de activos jueces federales. ¿Cuál sería? Una tregua. Convivencia con el Poder Judicial. Para que no interfiera con decisiones ingratas en el año electoral.
La eximición de prisión para la ex ministra de Economía Felisa Miceli, aunque haya sido confirmada su condena de tres años por dinero inexplicable hallado en su oficina, no podría se considerado un aporte a aquella tregua. La mujer quedó hace rato al margen del círculo rojo kirchnerista. Ciertos especialistas, incluso, interpretaron correcta la reducción de la pena que le permitirá andar con la bolsa de las compras por la calle. “¿Qué habría que hacer entonces con Boudou (Amado) o con Jaime (Ricardo)?”, interrogó uno de esos entendidos. Nadie sabe qué podría hacerse, porque las causas del vicepresidente, sobre todo, parecen haber entrado en coma inducido.
Las inquietudes presidenciales se enfocarían en otras cosas. La causa por encubrimiento terrorista por la voladura de la AMIA y el pacto con Irán, que dejó Alberto Nisman. Su propia muerte tenebrosa. El afán de Claudio Bonadio, además, por hurgar en las irregularidades de la empresa Hotesur, que administra una cadena hotelera propiedad de la familia presidencial. Habría parvas de anomalías ligadas a la corrupción del poder. Pero parecieran hojarasca comparadas con aquellas.
Ninguna alarma sonó en la Casa de Gobierno porque la Sala I de la Cámara Federal tumbó la recusación de Héctor Timerman contra Germán Moldes, que apeló la desestimación que esos jueces hicieron de la denuncia de Nisman por encubrimiento terrorista. La primera instancia, en idéntico sentido, había correspondido al juez Daniel Rafecas. La Presidenta poseería la certeza de que esa aventura del fiscal concluirá en la Cámara de Casación. Sobre todo, si llegara a suceder algo que el manejo de los tiempos hace presumir. La intervención del fiscal general Javier De Luca, discípulo de Gils Carbó y crítico de cualquier “mani pulite”. De no ser así, el trabajo de los jueces de aquella Sala I habría resultado inútil pues, como dice Moldes, la denuncia de Nisman podría “seguir con vida”. Es lo que Cristina no desea. Tampoco habría tenido sentido, en ese caso, cierta hipoteca al sosiego de la vida privada que hicieron los magistrados. Jorge Ballestero tiene problemas en el barrio privado donde vive. Imperaría un clima de hostilidad en su contra. Días pasados, debió abandonar un restaurante de la zona norte bonaerense al que había llegado para cenar.
Al episodio de la denuncia por encubrimiento le quedaría un sólo cabo suelto que el kirchnerismo todavía no logró amarrar. La Cámara de Casación Penal debe resolver sobre la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán. El juez Rodolfo Canicoba Corral lo avaló. Pero la Cámara Federal revisó esa determinación con dos votos y una abstención. La Presidenta pretendería la validez casi por capricho político. Para demostrar, tal vez, que se comportó acorde a la ley. Aunque aquel pacto está muerto desde que el régimen de Teherán lo enterró al amanecer.
Otro dilema a resolver es la muerte de Nisman. También, por casualidad o no, la situación se estaría enderezando según los intereses de la Presidenta. La fiscal Viviana Fein, que en casi tres meses no pudo determinar si al fiscal lo mataron o se suicidó, fue confirmada por la jueza Fabiana Palmaghini luego de un pedido de separación que hizo la ex esposa de la víctima, Sandra Arroyo Salgado. Esta jueza debió aceptar también la decisión de Palmaghini de habilitar la junta médica especial, que había objetado, para que coteje sus peritajes privados, que establecieron magnicidio, con los oficiales, incapaces de sostener alguna tesis firme. Arroyo Salgado no parece haber quedado en un lugar confortable: está peleada con Fein y fue duramente cuestionada por Palmaghini.
La Presidenta actúa en ese escenario sin ningún obstáculo. La oposición, abstraída con la campaña electoral, habría decidido abandonar a Nisman y su denuncia. El kichnerismo fue eficaz en una acción: despedazó la imagen privada del fiscal muerto y la enredó con la denuncia. Nadie supo enfrentar esa maniobra. El operativo continúa. Ahora se encargan de ventilar una cuenta que Nisman tenía en el exterior a nombre de su familia y de Diego Lagomarsino, el técnico informático que le prestó el arma por la cual murió. El investigador no es cualquiera. Juan Pedro Zoni llegó a fiscal por subrogancia desde Santiago del Estero de la mano de Gils Carbó. Pertenece a Justicia Legítima y reportaría sólo a los fiscales De Luca y Miguel Osorio. Zoni le apunta al origen de los fondos en el exterior. Maneja la presunción de lavado de dinero. La denuncia original la formuló José Sbatella, de la Unidad de Información Financiera (UIF). El juez actuante es Canicoba Corral. Un triángulo perfecto.
El Gobierno buscaría cerrar esa historia enlazando la muerte de Nisman con Jaime Stiuso. El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) lo citó a declarar por la investigación sobre el ataque a la AMIA. Pero el espía no se presentó. Oscar Parrilli orilló el ridículo al asegurar que desconoce el paradero de Stiuso. Un pésimo debut como mandamás de los espías. ¿Será verdad? Un rumor demasiado intenso señala que Stiuso circularía por Estados Unidos. Entre California y La Florida. ¿O se habrá abierto una negociación del Gobierno con el espía para el día que pueda presentarse a declarar? Stiuso fue protegido del kirchnerismo. Sus palabras desatarían un terremoto en el poder.
Cristina también quiere barrer a Bonadio. La Cámara de Casación debe resolver su recusación planteada por la sobrina de la Presidenta, Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, que figura como titular de Hotesur. El juez no la tendría fácil en Casación. El problema de esa investigación es Máximo. El hijo de la Presidenta tiene puesta su cabeza en un montón de lados. Trabaja para postularse y conseguir fueros. Fogonea la ilusión entre los ultra K sobre un posible liderazgo emergente. Pero la última semana dedicó sus días a la AFA. Tendió un puente permanente para rumbear el reemplazo del actual presidente, Luis Segura. Pretende garantizarse el manejo del fútbol, aún en caso que el kirchnerismo quede parcial o totalmente afuera del poder. Se habría inquietado, incluso, por la pequeña delegación que enviará nuestro país para la nueva reelección de Joseph Blatter como titular de la FIFA. Algo que nunca ocurría en épocas de Julio Grondona.
La suerte de Bonadio podrá ser quizás el termómetro del grado de equilibrio alcanzado entre el Gobierno y el Poder Judicial. Su recusación significaría un traspié para los jueces que apostaron a la paz. Aunque tampoco un drama. No avizoran ningún riesgo terminal en Comodoro Py. Su eventual continuidad en la causa representaría un enigma: ¿avanzará con la citación a Máximo o, como la mayoría de sus pares, optaría por aletargar los trámites?
La tregua no impide que algunos funcionarios judiciales sigan acopiando información. El fiscal Guillermo Marijuán escarba en nuevos datos patrimoniales de Lázaro Báez. Es la pista por sospechas de lavado de dinero. Algunos detalles le habrían causado curiosidad. Otros podrían ser pruebas para al núcleo de la investigación. Vuelos recurrentes de los hijos del empresario K con el valijero Leo Fariña en el avión matrícula LVBPL. El mismo que fue detectado en el aeropuerto de El Plumerillo, en Mendoza, el día que se firmó la compra del campo por US$ 5 millones por el cual se investiga a Báez. Que se vendió enseguida en sólo US$ 1,8 millón. Entre los pasajeros de esos mismos vuelos figuraría Angel Ruben Toninelli, titular de la DGI, que depende de Ricardo Echegaray, el gran recaudador. Posible coincidencia: aseguran que el funcionario apareció en los últimos tiempos ordenando la contabilidad de Hotesur, la causa que maneja Bonadio y que desvela a Cristina y a su hijo.
Algunos sectores del Poder Judicial no terminan de entender el verdadero sentido de la tregua implícita con el Gobierno. Es cierto que el kirchnerismo le haría una concesión a los jueces federales dejándolos por el momento afuera de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Es decir, no pasarían sus facultades –políticas y económicas– a la órbita de los fiscales. No es menos cierto tampoco que el Gobierno no detuvo sus embates. Es posible que el pliego de Roberto Carlés para la Corte Suprema capote antes de llegar al Senado. Pero tiene resuelto progresar con el proyecto para ampliar el número de jueces de la Corte. Los hombres del Tribunal ya lo saben. Para ese plan no necesita los dos tercios. Sólo la mayoría simple. ¿Cómo hará para designar a los nuevos magistrados si la oposición se resiste? Apelará a un listado de conjueces afines designados, según los opositores, de modo irregular. ¿Cómo justificaría Cristina este paso luego de haber promovido ella misma en 2006 el achicamiento de la Corte. No hay justificaciones que valgan para la Presidenta.
Una curiosa tregua donde sólo uno de los bandos, al parecer, dejó de disparar.
