Hay un espectáculo político de contraste muy fuerte. Cristina Fernández prepara su retiro sin prescindir de nada. Urde un diseño electoral a gusto y antojo. El ultrakirchnerismo asoma entusiasmado. El pejotismo se resigna. Continúa manteniendo en alerta a su tropa en el Congreso: hacia el Senado se dirige, pese a que los números no le cierran, el pliego de Roberto Carlés para ocupar en la Corte Suprema el sillón dejado por Raúl Zaffaroni. Alcanza también objetivos cruciales en el Poder Judicial. La Sala I de la Cámara Federal, en fallo dividido, desestimó en segunda instancia la denuncia de Alberto Nisman. El fiscal la había realizado antes de su muerte misteriosa y apuntó, por presunto encubrimiento terrorista por el atentado en la AMIA y el pacto con Irán, contra la Presidenta y Héctor Timerman.
Los presidenciables, de todo color, también están pendientes como Cristina de la competencia electoral. Pero la entenderían, hasta ahora, más como una inacabable sucesión de alianzas con registro fotográfico que de articulaciones políticas de fondo. Casi ninguno se detiene en la espesa herencia que recibirán. Ni en el desmadejamiento factible de cada problema. Daniel Scioli y Florencio Randazzo no podrían hacerlo. Apenas Mauricio Macri y Sergio Massa sobrevolaron el dilema del cepo al dólar. Todos parecen haber olvidado al fiscal muerto. También se habrían desentendido pronto de su denuncia por encubrimiento terrorista. Nada les garantiza que la tragedia y el conflicto no vuelvan a futuro como una marea.
La Cámara Federal hizo la tarea política más pulcra posible para satisfacer las necesidades de Cristina y no fomentar un vendaval en la Justicia. Rechazó la recusación kirchnerista contra Germán Moldes por su asistencia a la Marcha del Silencio. Pero dos de sus integrantes, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, derrumbaron sus argumentos a favor de abrir la investigación. Como Daniel Rafecas lo había hecho con la denuncia de Nisman. Para aquel par de magistrados las 46 pruebas solicitadas por Gerardo Pollicita y las escuchas telefónicas acopiadas carecerían de valor. “Antojadiza concatenación de elementos de juicio que no revisten relevancia alguna”, escribió Freiler. Exactamente lo opuesto opinó y votó Eduardo Farah.
La ausencia de unanimidad, tal vez, podría dejar en la superficie estelas de sospecha. ¿Qué hubiera ocurrido si se iniciaba la instrucción?. Pregunta sin respuesta. Pero a Cristina le importaba sólo clausurar el caso. ¿Estaría clausurado?. El fiscal Moldes apelará ante la Cámara de Casación Penal. Se trata de un estamento de la Justicia donde el kirchnerismo habría realizado una colonización eficaz. Su titular es la jueza Ana María Figueroa, que le ganó la pulseada a Alejandro Slokar, de Justicia Legítima, la organización K. Este juez quedó, sin embargo, como vicepresidente. Figueroa trepó juntando adhesiones de todos los sectores, incluidos varios oficialistas. Tendría además un buen vínculo con el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Otro dato no debería pasarse por alto si se pretende intuir la suerte que podría correr la apelación de Moldes. La Casación se divide en cuatro Salas. En todas ellas hay, como mínimo, un miembro de Justicia Legítima.
Las defensas para la Presidenta serían aún mayores que esas. Al mismo tiempo que sucedió la apelación de Pollicita, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, designó un nuevo equipo de cuatro fiscales para la unidad de la causa AMIA que regenteaba Nisman hasta su muerte. En la elección se habrían cometido irregularidades. Una de sus integrantes, Sabrina Namer, anticipó enseguida que se revisaría toda la investigación del fiscal muerto. Que no se descartaría ninguna pista. En especial, la siria. Una vieja aspiración presidencial.
A la cabeza de esa Unidad clave no está cualquiera. Fue colocado Juan Patricio Murray, un fiscal que adquirió notoriedad cuando madrugó al gobierno socialista de Santa Fe con una investigación secreta por narcotráfico, que tumbó al ex jefe de la Policía provincial, Hugo Tognoli. Murray pertenece al Movimiento Evita y desempeñó un doble papel de militante y funcionario durante el conflicto con el campo. En su calidad de fiscal de San Nicolás, por entonces, fue quien ordenó el desalojo de la ruta 9 realizado por la Prefectura.
Otra de las murallas para resguardar el presente y el futuro fue encargada por Cristina a Oscar Parrilli. En diciembre, antes de la denuncia de Nisman, el servidor presidencial descabezó la ex SIDE y dio nacimiento a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Allí empezó la guerra contra el espía Jaime Stiuso, que se acentuó después de la muerte de Nisman. Esta decisión apurada habría enmascarado varias cosas. El quiebre de la relación de la Secretaría de Inteligencia con el Gobierno, a partir de que la Presidenta dispuso privilegiar fondos y facultades para el jefe del Ejército, César Milani. Otra labor sensible de la cual se habría encargado Parrilli: borrar rastros en ese organismo de informaciones secretas y valiosas que culminaron con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Una limpieza imprescindible, a lo mejor, para que más adelante no queden desairadas las desestimaciones que hicieron de la denuncia de Nisman el juez Rafecas y la Cámara Federal. ¿Habrá sido eficiente Parrilli, de verdad?
El tiempo lo dirá. Todavía hay mujeres que, con empeño, confían en la clásica ineficiencia del funcionario neuquino. Graciela Ocaña, Margarita Stolbizer y Elisa Carrió rastrean. Un cabo habría sido dejado suelto por Rafecas y la Sala I. El único que no fue exculpado del todo en la denuncia se llama Ramón Allan Bogado. Apodado “el francés”. Se trata de un espía que el kirchnerismo asegura que no sería tal. Este hombre enigmático apareció con frecuencia en las escuchas telefónicas de Nisman hablando con representantes iraníes. Hay constancia de su participación en el armado de viejas campañas electorales del FPV en Misiones, de donde es oriundo, Neuquén y Formosa. La cuestión podría ser justamente el dinero de las campañas.
La investigación se orientaría ahora a establecer algún lazo entre Bogado y los hermanos Zacarías. Miguel y Máximo, de ellos se trata, fueron funcionarios de las cercanías del poder kirchnerista. Tanto que uno de ellos solía exhibirse junto al actual secretario de la Presidencia, el camporista Eduardo de Pedro. Ambos resultaron indagados por la jueza María Servini de Cubría en la causa por tráfico de efedrina. Fue como derivación del procesamiento del ex titular de la Sedronar, Ramón Granero. Fuentes judiciales aseguran que habría en el centro de la trama un tráfico de dinero estimado en $ 500 millones, utilizados en apariencia por el FPV.
Cristina estaría logrando con paciencia, como se ve, encorsetar la posible expansión del escándalo Nisman. La denuncia sobre supuesto encubrimiento terrorista, salvo un imprevisto, estaría destinada al olvido. La posibilidad de esclarecer si se trató de un homicidio o de un crimen dependería de un milagro. La investigación de Viviana Fein, por imposibilidad, negligencia o encubrimiento, enfilaría hacia el fracaso. La fiscal lidia además con la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, que objeta su proceder. Transcurrieron dos meses y medio sin alguna novedad que arroje luz.
Apisonada aquella denuncia del fiscal muerto, el desvelo excluyente de Cristina tendría relación con Claudio Bonadio. El juez sustancia la causa Hotesur, la empresa que administra un complejo hotelero de la familia Kirchner. Habría anomalías contables que podrían vincularse con la causa por lavado de dinero que maltrae al empresario K, Lázaro Báez. En ese mismo teatro podría aparecer Máximo, el hijo de la Presidenta.
En Comodoro Py ya no se advierte la ebullición de las últimas semanas, cuando los fiscales Pollicita y Moldes dejaron vigente la denuncia de Nisman. Habría alguien más aliviado que los demás: los cañones K dejaron de apuntar contra Rodolfo Canicoba Corral, que sin querer –con su autorización de las escuchas– ayudó a la tarea investigativa de Nisman. Ese magistrado sigue denostando al fiscal muerto.
Los casos emblemáticos de corrupción –el de Ciccone y Amado Boudou– se aletargan en pruebas y trámites administrativos. Algunos aseguran que el juez Alfredo Lijo colabora con la pacificación. A medida que progrese la campaña electoral, parecería difícil que algún magistrado disponga medidas que incomoden al Gobierno y pueda descompensarlo en la carrera de las urnas. La incógnita quedaría circunscripta a Bonadio y a las novedades capaces de estallar con causas abiertas en el exterior.
Los emisarios kirchneristas, pese a todo, continúan circulando entre los jueces. No querrían malas sorpresas contra su jefa. Las gestiones serían múltiples y algunos escenarios, sorprendentes. Muy lejos de los palacios del poder.
Fuentes policiales y testigos de ocasión, por ejemplo, habrían visto a Aníbal Fernández asistir varias veces a una Sociedad de Fomento ubicada a pocas cuadras de Parque Chacabuco. Allí confluyen vecinos y se suelen armar milongas. Pero el jefe de Gabinete sólo se ocuparía de dialogar con algún juez y alguna jueza. Clásicos enjuagues, entre dos por cuatro y quebradas.
