Al analizar la situación en varias provincias por incendios, grandes lluvias y graves inundaciones que castigaron simultáneamente bienes urbanos y rurales, llegó el momento de que la dirigencia empresarial, gremial y política deje de actuar como "bombero" y haga una propuesta moderna de políticas de Estado para cubrir estas emergencias.

Esta idea surge al observar el estado de las producciones agropecuarias y por parte de quienes tienen que transitar por las rutas cortadas.

Es momento de aprovechar el lanzamiento de hecho de la campaña electoral después de la convención radical en Gualeguaychú (Entre Ríos).

Se descalifica la dirigencia empresarial, gremial y política, si pretende atender todos estos fenómenos naturales muchos de ellos no previsibles, con la actual ley de emergencia agropecuaria que ha quedado totalmente obsoleta por muchos motivos.

El principal, es pretender atender la dimensión de las pérdidas de cualquier evento ocurrido, con un fondo de 500 millones de pesos, mientras el sector agropecuario y agroindustrial invierte todos los años 15.000 millones de dólares a cielo abierto para implantar las 36 millones de hectáreas, y cuidado del fruto de dicha inversión para que llegue a los puertos para exportarlas al mundo.

Nadie puede negar la influencia del cambio climático, el manejo deficiente de la frontera agrícola que se amplió, el no cumplimiento con las leyes, viejas obras de infraestructura en rutas, canales y puentes proyectadas para otro régimen de lluvias.

Pero estos hechos no nos debe paralizar como dirigentes, debiendo redoblar nuestro trabajo y usar la imaginación para poder mitigar los efectos de dichos eventos en las producción, con política modernas diseñadas en una acción pública-privada en una mesa de diálogo y consenso permanente para este tema.

El desafío de nuestra dirigencia es dejar el pasado y proyectarse al siglo XXI en un tema que año a año castiga más a los productores.

Se debe considerar que el sector agrícola representa el 2% de una producción de casi 100.000 millones de pesos de prima que tiene el sector asegurador y de ese porcentaje, casi 97 por ciento está concentrado en cubrir solamente granizo con adicionales.

La Argentina que tiene 36 millones de hectáreas bajo cultivo de la cuales el 70% están aseguradas por un capital de sólo 55.403 millones de pesos en 172.724 pólizas emitidas por 28 compañías que cubren los riesgos agrícolas, con una facturación 1.688 millones de pesos de prima para el ciclo 2012-2013 y 2.183 millones de pesos para el 2013-2014.

Esta acción de cobertura agrícola fue desarrollada casi en soledad por la actividad privada, cubriendo solamente el rinde de indiferencia en las zonas con información climatológica seria, para poder definir una prima técnicamente viable y económicamente aceptada para todas las partes.

Como se podrá analizar, hay mucho para hacer en beneficio de todos los sectores involucrados, inclusive para los intereses del estado.

Hoy el sector privado solo, diríamos que llegó a un techo en su crecimiento y necesita la participación del Estado como ocurre en todas partes del mundo.

Tampoco el Estado puede reemplazar a los sectores privados, promoviendo proyecto de "seguros obligatorios" que fracasaron en todas partes del mundo porque desaparece la competencia.

Necesitamos un trabajo en común con todos los protagonistas para poder crecer con los seguros agropecuarios en otras zonas, mejorando la cobertura de las inversiones realizadas y poder avanzar con los seguros de ingresos proyectados, en un trabajo simultáneo con los mercados a término.

No sólo hay que cubrir cantidad sino el valor definitivo del grano a cobrar ante un siniestro climático.

Las siguientes son algunas ideas sobre las políticas de riesgos agrícolas aplicadas en los países de Latinoamérica:

-Todos los países que implementaron políticas de Estado para cubrir los riesgos climáticos y comerciales, lo hacen en un trabajo en conjunto - público y privado - en una mesa de diálogo y consenso entre el Estado, la producción y aseguradoras.

-El seguro agrícola en ningunos de dichos países es obligatorio.

-La mayoría de los países asumieron que es más barato para las arcas fiscales, subsidiar la prima para ampliar el uso del seguro.

-En la mayoría de los países el subsidio a la prima del seguro es de un 50% de promedio. A grupos asociados de productores chicos el subsidio llega a 80%.

-La primera medida para empezar a concretar una política de estado para cubrir los riesgos climáticos fue empezar subsidiando la prima del seguro, bajar la carga de los impuestos como el IVA e impuestos provinciales para incentivar el uso del seguro.

-Para cubrir los riesgos por desastre y catástrofe no previsibles se implementaron fondos específicos anti cíclicos para poder cubrir las responsabilidades del estado por los bienes no asegurables.

-El productor, para poder acceder al fondo catastrófico, debe tener asegurado todos los bienes susceptibles como una forma de inducir agresivamente el uso del seguro.

-Entre otros incentivos para mejorar subsidios a la prima de cada productor, están el uso de buenas prácticas agronómicas, el cuidado del medio ambiente, la rotación de diferentes cultivos según un programa preestablecido y el uso de semillas específicamente en bases a transformaciones biotecnológicas, que asegura que los cultivos puedan responder mejor a factores climáticos adversos.

Concluyo expresando, que la implementación de políticas de estado para atender los riesgos climáticos y comerciales, tiene también una estratégica acción geopolítica, porque promueve que ningún productor por riesgos climáticos sea expulsado del sistema como sujeto de producción.

Por Arturo Navarro
Fuente: Años de Campo