La economía Argentina del último lustro se caracterizó entre otras cosas por el intento del gobierno nacional de desligar los precios locales de la energía de los precios internacionales, lo que obligó al sector público a erogar crecientes montos en subsidios económicos a los sectores de energía, agua y transporte, principalmente. Dicho gasto en subsidios económicos explica en gran medida el déficit fiscal de los últimos años, y ese desequilibrio requirió de creciente asistencia del BCRA al Tesoro Nacional, vía remisión de utilidades y adelantos transitorios, en ambos casos materializados a través de la emisión de moneda.

Si bien el gasto en subsidios es levemente progresivo e implica un incremento del ingreso neto de los receptores de los mismos, el impuesto inflacionario es regresivo y genera fuertes distorsiones en la economía. En la actualidad existe una estrecha relación entre subsidios e impuesto inflacionario.

En 2014 se estima que el gasto en subsidios al transporte, la energía y el agua resulte de $146.398 millones, valuados a precios de diciembre de 2013. El impuesto inflacionario, por su parte, resultaría de $144.438 millones de pesos. Los resultados muestran que el impuesto inflacionario es regresivo al punto que llega a casi neutralizar la progresividad del gasto en subsidios.

El impuesto inflacionario absorbe la mayor parte del beneficio recibido por una familia promedio a partir de los subsidios económicos. El impuesto inflacionario es regresivo en menor medida que lo que es progresivo el gasto en subsidios. Para las familias receptoras de subsidios, en torno a 90% del mismo es absorbido por el impuesto inflacionario.

En definitiva, el gasto en subsidios económicos llevado a cabo en estos últimos años a los efectos de evitar sincerar el verdadero costo de las tarifas de electricidad, gas, agua, transporte, entre otros servicios, y especialmente en el GBA, ha sido el principal responsable del déficit fiscal y por ende del financiamiento monetario del BCRA al Tesoro Nacional, y por esa vía de la inflación observada. Dichos subsidios económicos habrían ayudado implícitamente a mejorar los ingresos netos de la población y levemente la distribución del ingreso, aun siendo un gasto pro – rico.

Subsidios económicos, resultado fiscal e inflación

La economía Argentina del último lustro se caracterizó entre otras cosas por el intento del gobierno nacional de desligar los precios locales de la energía de los precios internacionales, lo que obligó al sector público a erogar crecientes montos en subsidios económicos a los sectores de energía, agua y transporte, principalmente. Para 2014 se estima un gasto de $236 mil millones en subsidios económicos, cuando el año previo tales erogaciones alcanzaron $140 mil millones.

Si bien se reconocen variadas causas para la inflación, no puede dudarse que el déficit fiscal y la emisión de dinero sin respaldo es uno de los principales factores en impulsar tal fenómeno. De allí que una de las principales causas del déficit fiscal y por ende de la emisión monetaria, como es el gasto en subsidios económicos, resulta también uno de mayores responsables por la alta inflación observada en Argentina en los últimos años, en forma indirecta e implícita. Aún cuando los subsidios se ejecutan con el fin de no sincerar tarifas, para no aumentar la percepción de inflación y pagar por ello costos políticos, en los hechos los subsidios económicos son una de las causas principales de la inflación, de modo encubierto.

Como se planteó antes, existe una estrecha relación entre subsidios e impuesto inflacionario. En 2014 se estima que el gasto en subsidios al transporte, la energía y el agua sea de $146.398 millones, valuados a precios de diciembre de 2013.

El gasto es subsidios ha sido habitualmente justificado como un medio para subir indirectamente los salarios y para mejorar la distribución del ingreso. El impuesto inflacionario, por su parte, es un impuesto regresivo ya que afecta más que proporcionalmente a las familias de menores ingresos, ya que ellas gastan una proporción mayor de su ingreso y no tienen acceso a instrumentos financieros alternativos que permitan protegerse de la inflación.

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