Lo que era una intuición de las consultoras privadas se hizo finalmente oficial el último día de 2014: el Gobierno tomó este año u$s 5.000 millones de reservas para destinar a gasto público en pesos, haciendo uso de un concepto de "reservas de libre disponibilidad" que es incierto y desconocido por todos y provocando un efecto monetario que estaría prohibido por la ley del Presupuesto nacional.
El artilugio se hizo explícito este miércoles en el Boletín Oficial, cuando el Poder Ejecutivo publicó la colocación de dos letras al Banco Central para destinar, presuntamente, al pago de deuda pública, por casi u$s 13.000 millones. Según la resolución conjunta 190/2014 y 52/2014 de las secretarías de Hacienda y de Finanzas, la primera Letra es por un monto de u$s 3.043 millones, vencerá en 2024 y corresponde a la cancelación de servicios de deuda con organismos internacionales con las llamadas "reservas de libre disponibilidad". La reforma que hizo el Gobierno sobre la Carta Orgánica a principios de 2012 dispuso que este concepto fuera determinado por el propio Banco Central, con criterios y estimaciones que nunca fueron dados a conocer, según el nivel de divisas que fuera necesario "para la ejecución de la política cambiaria tomando en consideración la evolución de las cuentas externas". En la entidad explicaban entonces que la regla no sería fija "para poder asimilar cualquier cambio endógeno o exógeno en los parámetros que se tienen en cuenta".
La segunda Letra que se oficializó este miércoles es por u$s 9.855 millones, también a 10 años de plazo, para ser destinada a la cancelación de los servicios de la deuda pública con tenedores privados de 2014; o a financiar gastos de capital, en caso de haber un excedente , siempre que esto tenga efecto monetario neutro.
La suma de ambas letras, de unos u$s 12.900 millones, está muy por encima de los u$s 8.000 millones que la Argentina debió afrontar este año en vencimientos de deuda. De ahí se infiere que casi u$s 5.000 millones quedaron en manos del Gobierno sin ser destinados a compromisos financieros.
En el balance del Banco Central hay, a la vez, evidencias de que la entidad monetaria terminó por comprar al Ejecutivo una buena parte de estas divisas para evitar que se vea afectado su stock de reservas y convertir esos fondos en liquidez estatal que pudiera ser destinada a gasto. En octubre y noviembre, el Central contabilizó transferencias al Tesoro por $ 52.000 millones a pesar de que por adelantos y utilidades sólo giró $ 23.500 millones. De esto surge que hubo $ 29.000 millones que recibió el Poder Ejecutivo que no estuvieron explicados por esas dos vías por las que el BCRA suele financiar al fisco.
