El funcionario judicial que trabaja en los tribunales de Comodoro Py y en ese momento almorzaba solo en la barra del restaurante Kansas de San Isidro acató la orden: contenía un par de fotos. De él mismo, desnudo y fumando un porro, en el balcón de su departamento.

"Tenemos que hablar", lo conminó el hombre gris, que se había acomodado a la izquierda del funcionario, mientras otro hombre, también gris, se acodaba a su derecha.

"¿Esto es todo lo que tienen? -replicó el funcionario-. Creo que no tenemos nada que hablar. Déjenme comer."

El encuentro terminó allí. Fue hace un mes. Y fue el segundo incidente -el primero había tenido lugar un día en que estaba en el parque con su hijo- que ese funcionario tuvo con eso que el politólogo italiano Norberto Bobbio llama "el cripto-Estado". Y que el ex diputado nacional Miguel Bonasso describe como lo que "ocurre detrás del escenario, fuera del escrutinio de la sociedad civil, en la intimidad pecaminosa" de la política y los políticos.

Ahora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió jugar a fondo en el barro del cripto-Estado, en el reino de la Secretaría de Inteligencia, cuyo nombre se pegoteó durante los últimos 20 años con la fallida investigación sobre el atentado contra la AMIA, con las "coimas en el Senado", con varios secuestros extorsivos, con montañas de dinero negro, con algunos asesinatos, con una larga lista de pinchaduras de teléfonos y de correos electrónicos, y con múltiples carpetazos.

Pero que quede claro: la Casa Rosada no pretende barrer con lo malo de la ex SIDE. Sólo pretende realinearla a su favor tras verificar que no le respondía. Para eso asumieron Oscar Parrilli, de extrema confianza de la Presidenta, y Juan Martín Mena, hasta ahora jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y, en la práctica, uno de los operadores K en Tribunales.

Parrilli y Mena intentarán, por un lado, controlar a las distintas facciones de la Secretaría en la antesala de la campaña presidencial 2015; y, por el otro, disciplinar a los jueces. Tanto por las investigaciones que comienzan a caminar como también por algunos viejos expedientes ya cerrados, pero que temen que puedan ver otra vez la luz, a partir de un libro que pasó inadvertido en las calles, pero resultó una bomba de profundidad entre políticos y jueces: Cosa juzgada fraudulenta, de los penalistas Federico Morgenstern y Guillermo Orce.

¿Indicios de la ola expansiva? Ministros de la Corte Suprema dejaron saber que lo leyeron con agrado; empresarios kirchneristas preguntaron a sus abogados defensores si pueden reabrirse expedientes incómodos, y operadores del poder sondearon con el mismo fin a jueces y fiscales.

El propio Mena abordó el fantasma de la cosa juzgada írrita cuando debatió con los senadores sobre la reforma del Código Procesal Penal, a fines de octubre pasado. Su exposición incluyó un par de falacias -como afirmar que "ningún país del mundo lo incorpora a su legislación", cuando se sabe que Alemania e Inglaterra lo contemplan-, pero cumplió con su objetivo mayor: que ese proyecto de ley terminara por aprobarse con un candado -al menos en teoría- a la posible reapertura de expedientes incómodos para el poder.

En la ex SIDE, de todos modos, las leyes son una abstracción. Allí los problemas se encaran con otras tácticas. Entre otras, con arreglos o con aprietes -carpetas, videos, fotos, secuestros, amenazas más o menos explícitas como las que afronta por estos días el propio Bonasso y más-, que a veces derivan en tiros y muerte.

Por el lado de los arreglos, la casa de los espías también acumula antecedentes frondosos. Desde entregar dinero negro para endulzar testigos -Carlos Telleldín en el caso AMIA es apenas un ejemplo- o alquilar voluntades de jueces y fiscales, en forma de sobresueldos o viajes pagos a seminarios insólitos, pero a todo trapo, en cualquier parte del planeta.

A la opción de los arreglos, el Gobierno sumó una variante: cargos a cambio de expedientes tranquilos, como pueden atestiguar un juez y dos fiscales federales que así lo negocian para sus familiares desde hace meses.

El problema es que la ex SIDE perdió el monopolio del cripto-Estado, como expone Bonasso en su último libro, Lo que no dije en "Recuerdo de la Muerte". A los espías tradicionales se suman el Ejército del general César Milani. También la Policía Federal, con su Cuerpo de Informaciones, como confirmó en Tribunales el ex funcionario de este gobierno Marcelo Saín.

Más aún, la ex SIDE, el Ejército y la Policía Federal ni siquiera son los únicos que hurgan por donde la ley 25.520 de inteligencia nacional lo prohíbe sin matices. Porque también se suman la policía bonaerense y la Gendarmería con su Proyecto X, según reconoció su entonces jefe Héctor Schenone, ante la Justicia.

Además de infiltrar personal propio en movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, Schenone detalló otra tarea del Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo: "Se deberán detectar y neutralizar en forma sutil las acciones de periodistas que pretendan incentivar actos de mayor nivel de conflicto".

¿Por qué también avanzan sobre periodistas? Para "cazar" sus fuentes -hay equipos completos que se dedican a eso- y por el potencial impacto que su labor puede registrar en la sociedad.

En ese contexto, y si no impulsa una verdadera limpieza y un reordenamiento de las tareas de inteligencia, ¿podrá acaso la Casa Rosada creer que Parrilli y Mena lograron controlar a los espías en la antesala de las elecciones presidenciales -con lo que puede valer cada dato electoral en 2015- y en plena rebelión judicial?

Galio Bermúdez, uno de los personajes más notables salidos de la pluma del mexicano Héctor Aguilar Camín, alude a esa calma que en teoría garantizan los sótanos de la política en La guerra de Galio, ya un clásico de la literatura contemporánea en América latina. "Hemos echado un velo institucional sobre el origen de nuestra paz, que no es otro que la violencia ejercida contra los que la ponen en peligro: los locos, los criminales, los disidentes", le dice Galio al ingenuo protagonista, Vigil. "¿Dónde se administran esas segregaciones? En los sótanos. ¿Me comprende usted?"

El problema es que tanto para Galio Bermúdez -"asesor del secretario de Gobierno del PRI" de día y drag queen cocainómana en el submundo-, como en la vida real, esa supuesta calma no es tal. A la larga, es al revés.

"El primer día que llegué al Ministerio -relató un ex secretario de Seguridad a la nacion (y no fue un caso aislado)-, me entregaron mi carpeta. Cuando lo miré al emisario, me dijo: «Ahora vos sabés que yo sé. No me jodas»."

¿La Presidenta quiere terminar con el cripto-Estado, con los sótanos? ¿O apenas utilizarlo en su favor?

Para Galio Bermúdez, la ecuación es patética. "La moral de la vida pública no tiene que ver con los diez mandamientos ni con las cuitas de las almas nobles. Tiene que ver con la eficacia y la eficacia suele tener las manos sucias y el alma fría."

"¿Quiere decir que está de acuerdo con el saqueo sexenal de nuestros políticos? -lo desafía Vigil-. ¿La honradez está reñida con la eficacia?"

"No rebaje mis argumentos... -le responde Galio-. Y no juzgue tan apresuradamente lo que nos pasa. [...] No hay mérito que valga. Hay que sobrevivir, como sea, a la estampida de la nueva manada."

Cuando el funcionario de los tribunales de Comodoro Py pidió la cuenta en el restaurante, llegó la última sorpresa de aquel almuerzo. Los hombres grises ya la habían pagado. No volvieron a molestarlo. Por ahora.