Una "guerra" judicial sin fin por el agua del río Atuel se libra entre Mendoza y La Pampa desde hace más de medio siglo. Ahora, tras dos nuevos planteos pampeanos, la Corte Suprema deberá definir si los mendocinos deben entregar una parte de ese recurso hídrico -que cuidan con extremo celo- para que en el territorio pampeano el río no desaparezca. La expectativa por un fallo judicial que podría sentar precedente se da, además, en medio de una de las peores crisis hídricas en esa región, que en Mendoza ya dio lugar a severas restricciones al consumo.

La "interprovincialidad" de la jurisdicción del Atuel que dictaminó el máximo tribunal en 1987, con beneficio de riego de 75 mil hectáreas primero para los mendocinos, se escurrió como el agua entre los dedos. Hay razones técnicas y políticas de ambos lados, pero Mendoza ha endurecido su postura, amparándose en su emergencia hídrica, a pesar de algunos esfuerzos para destrabar la situación. Por su parte, La Pampa aduce, en primer lugar, que se produjo un grave daño socio-ambiental y, en segundo lugar, un perjuicio económico de más de 100 millones de pesos anuales.

La provincia que gobierna Oscar Jorge presentó el 14 de mayo pasado una nueva demanda, luego de que la Legislatura mendocina rechazara un convenio que garantizaba un mínimo de agua (5 metros cúbicos por segundo) firmado en agosto de 2008 entre Jorge y el entonces gobernador mendocino Celso Jaque. Además, en febrero, el Tribunal aceptó una demanda civil de un particular, el abogado pampeano Miguel Ángel Pallazzani.

El Gobierno de Mendoza respondió esa presentación, asegurando que el letrado no tiene "legitimidad ni representación" y le dio relevancia a la expuesta por el Ejecutivo pampeano porque es un conflicto entre estados provinciales. Sobre esta segunda demanda, Mendoza fue notificada en octubre y trabaja en el armado de su defensa, que será elevada al máximo tribunal en marzo.

Por su parte, en La Pampa hay grandes expectativas con las dos demandas y estiman que la Corte podría unificarlas, porque tienen un objetivo en común, poco difundido y que podría darles la razón: la cuestión ambiental y la preservación del ecosistema, que se lograría con un caudal mínimo. "Esto es clave y determinante porque el río no puede ser sólo para producción. Nuestra prioridad es recuperar el caudal para la existencia misma del río y después si alcanza para la producción, bienvenido sea", explicó a LA NACION Leandro Altolaguirre, presidente de la Asociación Civil Alihuén, que reclama la recuperación de humedales, bañados del Atuel.

En noviembre pasado Mendoza contragolpeó: reclamó que no se abonen más las regalías a La Pampa por la represa Los Nihuiles, en San Rafael, como se había establecido en los 70.

En 1987, la Corte dictaminó la "interprovincialidad" del río Atuel pero le otorgó a Mendoza el derecho a riego de 75.000 hectáreas y la exhortó a concretar obras para hacer más eficiente esa tarea, como trabajos de impermeabilización, conducción y ejecución de canales marginales. Así, el agua excedente obligaría a negociar y realizar "convenios interprovinciales". Sin embargo, todo quedó estancado.

El fiscal subrogante de Estado de Mendoza, Javier Fernández, no adelantó lo que expondrá ante la Corte. Entre los principales argumentos que aduce esta provincia para mantener su postura es que el agua del Atuel no alcanza para regar todo el territorio exigido y ahora se ampara en la emergencia hídrica. Sin embargo, para La Pampa la explicación es otra. "El problema está en el ineficiente y arcaico sistema de riego mendocino. Si esto cambiara, podrían regar unas 130.000 hectáreas, ya cumpliendo con la escorrentía permanente hacia nuestra provincia", aportó Altolaguirre.

EL ORIGEN DEL DESIERTO

En La Pampa, a mediados del siglo pasado, la historia empezó a cambiar en su contra luego de la construcción que hizo el Gobierno nacional del embalse Los Nihuiles, en San Rafael, Mendoza: las aguas del río Atuel dejaron de llegar a las localidades pampeanas de Santa Isabel y Algarroba del Águila. Ahora, las autoridades pampeanas advierten que el daño mínimo anual es de 100 millones de pesos por lo que reclama un caudal fluvioecológico "en forma inmediata", establecido en 5 metros cúbicos por segundo y una respuesta del gobierno nacional como podría ser un fondo de reparación.

"Somos herederos de un despojo. Era una región muy rica por el río, muy pujante. Todo fue devastado y se desertificó", dijo a LA NACION Darío Suárez, miembro de la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos, poblador de Santa Isabel e hijo y nieto de nativos. "Somos muy optimistas con la demanda, porque logramos sociabilizar y concientizar sobre el conflicto. Hay un cambio de paradigma en torno al uso del agua", agregó.

Los actuales pobladores, como Darío, cuentan que antes de mitad del siglo pasado comenzó una diáspora y cientos de colonos tuvieron que abandonar todo, a diferencia del departamento mendocino de General Alvear, que logró desarrollarse. "Dependemos de Mendoza, desde la verdura hasta los caramelos y General Alvear es la que más se opone a que nos envíen agua, cuando en realidad podríamos beneficiarnos todos", remató Suárez.

En reiteradas oportunidades los regantes del sur mendocino, de General Alvear y San Rafael, se han manifestado en las rutas ante los intentos de comenzar a liberar el agua a la provincia vecina. Javier López, tercera generación de productores del sur mendocino y miembro de la Cámara de Comercio, Industria y Ganadería de General Alvear dijo que no hay agua para repartir y que hay una sola salida.

"Estamos en emergencia hídrica y el Atuel es un río escaso. Hoy no alcanzamos a irrigar más de 40.000 ha. Pasamos de regar cada 8 días a 18 días. Si en este nuevo embate judicial les dan la razón, la lucha va a seguir y seguirán postergados porque la solución es técnica y política, a pesar del fracaso de la política", expresó el productor, en referencia a una obra que considera clave y que sería una respuesta salomónica: el trasvase del río Grande (que nace en Malargüe y confluye en el rio Colorado) al Atuel, que al tener más caudal podría escurrir sin inconvenientes al oeste de La Pampa.

Esta iniciativa, junto a la tan esperada y demorada obra de la central hidroeléctrica de Portezuelo del Viento, fue el gran acuerdo entre el ex gobernador radical Julio Cobos y el ex presidente Néstor Kirchner, lo que desembocó en la llegada del mendocino a la fórmula presidencial con Cristina Kirchner en 2007. Sin embargo, los ambientalistas pampeanos rechazan de plano estas opciones, por lo que prometen seguir dando batalla, a la espera de que la Justicia les dé la razón.