Valdría encuadrar esa maniobra, sin dudas, en el escenario bélico que Cristina Fernández mantiene desde hace tiempo con el Poder Judicial. Pero barriendo, tal vez, la hojarasca abundante se podría llegar hasta la raíz de las cosas: la decisión de desplazar a Guillermo Marijuán de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Unifises) empezó a cocinarse la semana pasada, cuando el fiscal solicitó la indagatoria para el empresario K, Lázaro Báez, por presunto lavado de dinero.
Tanto fue así, que la orden partió desde la Casa Rosada. La transmitió a la Procuradora General el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Todo haría suponer --sólo eso-- que el funcionario cordobés debió haber hablado del tema, previamente, con la Presidenta. El detalle alcanzaría para comprender la dimensión de la inquietud del Gobierno por el avance judicial sobre Báez. La huella del empresario patagónico podría conducir, tal vez, a otro conflicto alta sensibilidad para la familia Kirchner: la investigación del juez Claudio Bonadío contra la empresa Hotesur, que administra un complejo hotelero presidencial en El Calafate.
Nadie conoce si Marijuán supo durante el último fin de semana lo que podría sucederle. Lo cierto fue que abandonó repentinamente su habitual bajo perfil público para cuestionar a Gils Carbó por la precarización laboral de los empleados de su Unidad de trabajo, de la cual fue desplazado ayer. Se encargó también de respaldar a Sebastián Casanello. Ese juez indaga en una causa por lavado de dinero por la cual procesó a los valijeros Leo Fariña y Federico Elaskar. La Sala II de la Cámara Federal le reclamó que también se ocupe de Báez. Y Marijuán, de inmediato, pidió la declaración indagatoria del empresario.
Casanello ha sido criticado por la oposición --y parte del periodismo-- a raíz de la lentitud con que tramitaría la investigación. En especial, la demora para responder los exhortos de las justicia de Suiza y la de Uruguay, donde se rastrean las rutas del dinero clandestino K. Mas en privado que en público, el magistrado repitió casi siempre la misma explicación: que los papeles mas comprometedores para el oficialismo se traban o desaparecen en la Cancillería. De allí el roce que tuvo con Héctor Timerman.
Marijuán sorprendió con aquella defensa de Casanello. Aunque quizás no esté tan sólo en esa labor. La legisladora porteña, Graciela Ocaña, y la diputada bonaerense, Margarita Stolbizer, también suelen ser muy cautas cuando se refieren al juez. Ambas son las grandes usinas documentales de la causa. A Casanello se le adjudica vinculación con el secretario de Justicia, Julián Alvarez, y cercanías políticas con La Cámpora.
Claro que Casanello, después del pedido de la Sala II de la Cámara Federal, y del fiscal Marijuán, parece haber quedado en una situación incómoda. Como atenazado entre sus supuestos compromisos políticos y el irremediable curso judicial que estaría tomando el caso Báez. Con un añadido para tener en cuenta: se trata de un hombre joven (cumplió 40 años el pasado día 12) con aspiraciones en la carrera judicial. La tendencia actual estaría señalando que la organización K, Justicia Legítima, quizás pase a otra vida --o se diluya-- cuando concluya el ciclo kirchnerista.
De hecho, Casanello hizo en las últimas horas ciertas tramitaciones que no pasaron inadvertidas. Mucho menos en el poder. Requirió al Banco Central datos sobre una operatoria que terminó con la compra y posterior venta a un precio inferior de una estancia en la provincia de Mendoza, ligada a la causa en la que Báez está siendo hurgado. Primera reacción --y rápida, se observa-- ante la recomendación que le había formulado la Cámara Federal. Esos magistrados le reclamaron que siguiera la pista de los millones que el empresario habría sacado del país para después reintroducirlos por diferentes vías.
La decisión de Gils Carbó contra Marijuán pareció encerrar el sentido de un desquite porque, en verdad, no modifica la situación del fiscal respecto de las investigaciones contra el empresario K. Hace tiempo que la Procuradora y el funcionario están enfrentados. Pero ahora ocurren progresos en las causas que ha venido fogoneando el abogado de Avellaneda. La de Báez no es la única. A comienzos de agosto ocurrió otra novedad en el plano judicial que se filtró sin estridencias entre los procesamientos a Amado Boudou, los apremios de César Milani y aquellas rutas millonarias de Báez. La jueza María Servini de Cubría resolvió procesar a Romina Picolotti. Se trata de la ex secretaria de Medio Ambiente que acompañó el pleito que los Kirchner potenciaron con Uruguay por la instalación de una pastera en Fray Bentos.
Marijuán llevó adelante la investigación que desnudó el uso desenfadado de fondos del Estado para asuntos personales. Un conducta muy reprochable. Aunque de monto muy menor, casi propinas, si se los compara con Báez o las cuestiones que se investigan en torno a Boudou. El fiscal anticipó, además, que Picolotti podría ser sometida a juicio oral en los primeros meses del año que está por empezar. Coincidiría con el arranque del calendario electoral, en el cual se juega la supervivencia kirchnerista.
Marijuan no fue la única víctima. Gils Carbó también decidió desplazar al fiscal Eduardo Taiano. El funcionario tenía a su cargo la causa impulsada por el Gobierno sobre la adquisición de la empresa Papel Prensa, de parte de La Nación y Clarin. La Procuradora no estaría conforme con su desempeño. Como no lo estaría Cristina.
Gils Carbó ha profundizado su conducción de mano dura en el Ministerio Público. Coincide esa postura con dos circunstancias: las denuncias y los procedimientos que sufre esa mujer por supuesto espionaje a los fiscales; el procesamiento que se impuso a dos de sus delfines, Carlos Gonella y Omar Orsi. El juez Marcelo Martínez de Giorgi los responsabiliza de haber omitido investigar a Baéz.
Gonella también es apuntado por Bonadío. El juez lo declaró en rebeldía y le prohibió salir del país por no presentarse a declarar ante la quinta citación. Hay en el medio una causa por “abuso de autoridad” y violación de secreto”. La demandante es la jueza María Gabriela Lanz, acusada por Gonella de haber intentado favorecer a un detenido en una investigación sobre narcotráfico. Lanz también había defendido al fiscal José María Campagnoli, a quien Gils Carbó pretendió destituir por investigar a Baez. La sombra del empresario K está siempre detrás de todo.
