Todos recurren al tiempo de verbo condicional al arriesgar sus proyecciones sobre la política económica y sus resultados en el próximo año electoral, que, a su vez, condicionarán la herencia que reciba el futuro gobierno en menos de doce meses.
Hasta hace poco más de un mes, esos pronósticos se basaban en dos escenarios: si el gobierno de Cristina Kirchner profundizaría la consigna "Patria o buitres", o si, por el contrario, buscaría algún arreglo con los holdouts después de que esta semana venza la cláusula RUFO, para salir del default parcial de la deuda y conseguir financiamiento para aliviar la escasez de dólares. De cada uno dependía si la actual recesión (con una caída del PBI de -1,5/-2%) habría de continuar o encontrar un punto de inflexión. Sin embargo, la estrategia oficial de apuntalar las reservas del Banco Central (con frenos al pago de importaciones y, en buena medida, swaps de China y Francia, más prefinanciación de cerealeras), hace suponer que la segunda opción va quedando descartada. O, en todo caso, mantenida en una caja vidriada, como una manguera contra incendios. Para evitar romperla, el blanqueo de 2013 ya adquirió carácter permanente y es casi seguro que, tras el fracaso de este mes, Axel Kicillof intente en 2015 un nuevo canje voluntario de Boden y/o colocar deuda en dólares (vía Boden 2024). Pese a que las reservas del BCRA hoy suman US$ 31.000 millones, las de libre disponibilidad (excluidos encajes de depósitos en dólares, swaps y pagos pendientes) apenas superan las obligaciones financieras del año entrante (casi 19.000 millones).
Con esta estrechez externa, otra disyuntiva es si mantendrá casi "planchado" el dólar oficial o si recurriría a una progresiva devaluación para atenuar el deterioro del tipo de cambio real y apuntalar el superávit comercial, que cerrará este año en unos 7000 millones, el más bajo desde 2003. Alejandro Vanoli ya desestimó un salto aislado como el de enero, que sólo sirvió para catapultar la inflación y los subsidios a la energía importada, a expensas de una baja de 12% en las exportaciones. Pero la perspectiva exportadora para 2015 pinta complicada por la caída de la soja (que restará más ingresos de divisas que los que se ahorrarán en importaciones de combustibles a mitad de precio); la devaluación del real y el estancamiento económico brasileño. Por ahora, la dupla Kicillof-Vanoli busca mantener el dólar bajo (ajustado por debajo de la inflación), el torniquete importador y los controles policiales sobre el mercado, para aquietar las expectativas de devaluación (pese a la brecha cambiaria del 50%) y de repunte de la actual desaceleración inflacionaria. Si ése fuera el escenario, los exportadores y las empresas dependientes de insumos importados seguirían siendo una variable de ajuste.
Un tercer condicionante es la pauta de ajuste salarial que el Gobierno de CFK homologaría en las paritarias de 2015. La insistencia en que la inflación "oficial" cierra el año con una inverosímil suba de 24% hace suponer que buscará ubicarla apenas unos puntos por encima. Pero cualquier ajuste inferior a 35/37% anual (la inflación que surge de estimaciones privadas) implicaría convalidar -o acentuar- la caída real de 7/10% en salarios y jubilaciones, que en 2014 ya averió el consumo interno, principal motor del "modelo K". Tal vez el Gobierno busque compensarla con la proyectada reforma del Código Laboral, que apunta a instaurar la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias y encarecer despidos. O bien con la eventual suba del mínimo no imponible de ganancias cuando se acerquen las PASO. Sin embargo, esta incertidumbre seguiría frenando inversiones (retrocedieron 5% en 2014) y creación de empleos privados, sin que se recupere el deterioro de la masa salarial real.
"Aguantar" hasta votar
Estos condicionantes corroboran que, como la actual política económica no es sustentable en el mediano plazo, el Gobierno seguirá la táctica cortoplacista de emparchar cada problema y "aguantar" hasta las PASO. El objetivo es eludir situaciones de crisis por escasez de reservas (aun a costa de mantener el default y el retroceso del PBI) o repunte inflacionario (en este caso, con más subsidios a tarifas, Precios Cuidados y la amenaza latente de aplicar la ley de abastecimiento en casos puntuales). Todo indica que, para evitar que la economía se desinfle, seguirá aumentando el gasto público y empujando el consumo con créditos subsidiados (como el plan Ahora 12), especialmente en los sectores que no dependen demasiado de insumos importados. Así, éstos podrían tener en 2015 un mejor desempeño que los ligados al comercio exterior. Otros gestos, en cambio, como la exigua rebaja del 5% en los combustibles o la exención del medio aguinaldo de diciembre de Ganancias, tienen un carácter simbólico destinado a mejorar el recuerdo del último tramo de gestión kirchnerista. Y, más que nada, a instaurar de antemano el eslogan populista "con nosotros no pasaba", cuando el próximo deba comenzar a corregir en 2016 los desequilibrios macroeconómicos acumulados.
Mientras tanto, las inverosímiles proyecciones oficiales para 2015 tampoco ayudan a los pronósticos. No sólo la ley de presupuesto prevé una suba de 15,6% en la inflación, sino de 13,1% en el gasto público, que creció 44% en 2014. Y las partidas salariales lo hicieron 40%, muy por encima de la paritaria nacional (28%), en una muestra de que el Estado se mantiene como una activa fuente de empleo (y altos sueldos para militantes oficialistas). A su vez, la emisión del BCRA para cubrir el bache fiscal creció 70% (de $ 94.000 en 2013 a 160.000 millones). Quizás esto explique la solicitada de funcionarios y dirigentes sociales kirchneristas para que el Senado aprobase la continuidad de Vanoli hasta fin de 2019.
Cuanto más "aguante" esta estrategia, más pesadas serán las hipotecas que heredará el futuro gobierno. Hoy ya existen un déficit fiscal de casi 6% del PBI, con presión tributaria récord y alta emisión para financiarlo; déficit externo con superávit comercial declinante y desequilibrios estructurales en sectores clave (energía, industria automotriz y electrónica); cepo, controles y atraso cambiario; default parcial de la deuda; politización del Indec; fuerte distorsión de precios relativos; subsidios insostenibles; "capitalismo de amigos"; alta inflación; pobreza, y un esquema intervencionista que desalienta la inversión y reduce la competitividad de la economía.
Por eso resulta poco comprensible que la mayoría de los precandidatos presidenciales tienda a subestimar esas hipotecas, para sugerir que con el cambio en el Poder Ejecutivo alcanzará para levantarlas. Sobre todo, cuando en la primera vuelta electoral del 27 de octubre se votará no sólo presidente, sino la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Sin alianzas legislativas, no sólo se complicará la gobernabilidad, sino también el cambio o derogación de cualquiera de las leyes votadas a libro y oídos cerrados por la actual mayoría oficialista.
