Un juez federal, que no es Claudio Bonadio, improvisó un brindis con dos colegas la tarde de la Nochebuena, hizo los augurios de ocasión, pero se terminó despidiendo con una frase enigmática e inquietante: “Nadie sabe como sigue todo esto. Lo peor, es que tampoco nadie sabe cómo puede terminar”, disparó. Aquel magistrado aludió, por supuesto, a la guerra tenaz que sostiene Cristina Fernández contra el Poder Judicial. Pero entre un fárrago de investigaciones, fallos, pleitos e imputaciones, una causa sobresale por encima de todas las demás: la de Lázaro Báez y sus rutas sobre lavado de dinero que conducirían también a las comarcas íntimas de la familia Kirchner.
La Justicia dio en las últimas semanas pasos concretos que reforzarían la investigación de Bonadio sobre Hotesur, la empresa floja de papeles que administra uno de los complejos hoteleros de los Kirchner. La Sala II de la Cámara Federal ordenó a Sebastián Casanello que no se haga el distraído con el empresario patagónico K, en la causa que sustancia por lavado de dinero. El fiscal Guillermo Marijuán solicitó enseguida la indagatoria para Báez. Hay en el medio unos 55 millones de euros girados, en apariencia, a Suiza. Casanello procesó a los valijeros Leonardo Fariña y Federico Elaskar. Nada más.
La Presidenta percibiría que las balas judiciales estarían picando demasiado cerca. Su lógica nunca cambia en los momentos acuciantes. Redobla las apuestas. Lo hace contra los jueces rebeldes y contra aquello que llama la corporación. Pero procede de igual modo con su reducto íntimo que está bajo la lupa. Casi al mismo tiempo que la Justicia progresó sobre el origen de su patrimonio, resolvió abroquelar a su familia. Reordenó el directorio de Hotesur, al cual incorporó a su hija, Florencia. La joven es una militante K part time porque sus verdaderos intereses personales serían otros. Ser cineasta y menudear el arte. Espera ansiosa que el ciclo político presente se termine rápido. Quizá la maniobra presidencial haya respondido a una jugada previa de Bonadio, cuando también reclamó en la AFIP la declaración jurada de Florencia. Existiría otra evidencia de esa intención: los cambios en el timón de Hotesur, según el anuncio oficial, datan del mes de marzo. Antes de que el juez metiera el dedo en los negocios familiares. Pero fueron divulgados recién ahora.
En aquel comando empresario ya figuraba Máximo, el jefe de La Cámpora, acostumbrado casi a la clandestinidad. Imbuido, quizás, del retaceado relato setentista de sus padres. Como titular está Romina Mercado, la hija de la ministra Alicia Kirchner. En la nómina surgen, además, Gisele, su hermana menor, y María Rocío García, su nuera odontóloga y funcionaria provincial. Esas mujeres ahora empresarias constituyen una verdadera novedad. Fuera de los lazos de sangre, aunque no de los negocios, aparece Carlos Sancho, ex gobernador temporario de Santa Cruz. Osvaldo Sanfelice fue raleado. Alguna vez ese hombre fue presidente de Hotesur. Los dos últimos son viejos socios de Máximo y ex amigos de Néstor.
No quedarían, entonces, dudas sobre dos cosas. La familia completa estaría dispuesta a afrontar el supuesto embate de la Justicia, más con estereotipo de clan que de grupo común y vulgar. Si las indagaciones de Bonadio certificaran que los negocios privados de todos ellos se han entremezclado con intereses y negocios del Estado (Báez fue el principal adjudicatario de la obra pública en la Patagonia por $ 27.000 millones) el problema podría ser mayúsculo. Y sus consecuencias políticas, tal vez, imprevisibles. En los 31 años de democracia, con una Justicia siempre perezosa, nunca la Argentina se había asomado a un conflicto de tal magnitud. Lo de Carlos Menem y su década podría comenzar a adquirir el formato de un poroto.
El empresario K está padeciendo porque representa el primer eslabón de la cadena que investiga la Justicia. Aquí y en el exterior. Sus pistas son seguidas en EE.UU. (Nevada), Suiza, Panamá, Luxemburgo, Uruguay y, desde hace pocas semanas, también Austria. Atraviesa una situación financiera complicada porque el vínculo con su principal proveedor (Julio De Vido, el ministro de Planificación) está congelado. Pero no ha perdido la solidaridad de Máximo, a quien frecuenta discretamente en Río Gallegos, ni de Cristina, pese a que lo tiene a distancia y lo ignora en su palabra pública. El único que habló del “afecto societatis” entre ellos cuando arrancó el escándalo, por orden de la Casa Rosada, fue el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.
El mayor problema para los Kirchner radicaría en la imposibilidad de soltarle la mano a Báez, como alguna vez lo hicieron con Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, o Felisa Miceli, la ex titular de Economía, condenada por una bolsa con dinero hallada en su oficina. Podría especularse incluso que, llegado el caso extremo, la Presidenta se viera forzada a apartar a Amado Boudou. El vicepresidente resiste con dos procesamientos. Aníbal Fernández, el secretario de la Presidencia, comunicó la novedad de que si el trámite judicial se profundizara en contra de César Milani, por la desaparición de un conscripto durante la dictadura, Cristina podría destituirlo de la jefatura del Ejército. El juez de la causa, Daniel Bejas, tiene pruebas para convocarlo a la indagatoria que reclamó el fiscal. Incluso ha buscado respaldo en los altos niveles de la Justicia ante el posible procesamiento al general. Pero lo de Báez sería distinto. Mucho más difícil. Esa relación forma parte de la vida y del entramado económico que los Kirchner construyeron desde Santa Cruz. Mariana Zuvic, la titular de la Coalición Cívica provincial, que escarba en esa relación, repite siempre: “Los Kirchner son Báez”. El empresario sabría y escondería demasiadas cosas. Las leyendas pueblerinas mencionan un supuesto secreto de enorme valor que cobijaría el mausoleo del ex presidente en Río Gallegos, realizado también por el empresario.
La defensa de Báez posee un anclaje clave en la porción de la Justicia que responde a la Presidenta. La herramienta principal es Alejandra Gils Carbó. La procuradora General tiene amurallado a Carlos Gonella, un fiscal ad hoc a cargo de las investigaciones de lavado de activos. Fue procesado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi por no haber incluido a Báez en la causa por lavado de dinero sustanciada contra Fariña y Elaskar. Bonadio lo declaró en rebeldía y le prohibió la salida del país por no presentarse a declarar por quinta vez en una causa sobre “abuso de autoridad” y “violación de secreto”. Fue contra una jueza, María Gabriela Lanz, que casualmente había respaldado la investigación del fiscal José María Campagnoli contra Báez. Siempre aparece en el medio de la escena la figura del empresario K.
El caso sería demostrativo del irrestricto resguardo que hace el poder K de Báez y del doble estandar jurídico de Gils Carbó. La procuradora promovió el juicio político contra Campagnoli, aduciendo vicios de procedimiento, por haber osado revisar la fortuna del empresario patagónico. Fracasó en su intento. Ahora protege a capa y espada a Gonella sindicado por restarle importancia a las rutas del dinero clandestino de Báez. Paradoja y no simple casualidad.
Habría que seguir ese episodio, tal vez, con mucha atención. No se recuerda en la memoria judicial una acción insurrecta de un fiscal contra un juez como la que desarrolla ahora Gonella. Tampoco es habitual que una Presidenta, como hizo Cristina, realice la defensa pública de un funcionario de ese rango. En otros casos supo proceder con contundencia y en silencio: podría dar fe de ello Carlos Rívolo, cuando resultó separado de la causa Ciccone. Y el propio Marijuán, blanco de infinidad y variadas coacciones. La resistencia de Gonella, apuntalada por Cristina y Gils Carbó, podría a lo mejor perseguir un blanco más importante. Agigantar el conflicto con Bonadio, mutarlo en escándalo político y complicar al magistrado en su requisa del patrimonio de la familia Kirchner.
No figuraría en las intenciones de Cristina enmascarar nada de lo que está haciendo. En medio de la guerra continúa nombrando a jueces y fiscales, muchos de ellos alineados con el kirchnerismo. El de Pablo Camuña es un caso. Bajo el paraguas de Gils Carbó y La Cámpora, el año pasado archivó la denuncia contra Milani por la desaparición del conscripto. El premio ha sido la titularidad de la Fiscalía Federal de Tucumán. Otro nombre controvertido es el de Elena María Vázquez. Es famosa por haber obviado investigar en Formosa el pago que el gobierno de Gildo Insfrán hizo al testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, para renegociar la deuda provincial. Fue la punta del iceberg del escándalo Ciccone. Vázquez pasó a estar al frente de la Fiscalia federal formoseña.
La Presidenta pretendería un blindaje para su último año de la transición y, sobre todo, para el instante del retiro. Pero parece haber elegido un momento inoportuno para esta guerra contra los jueces. Esos hombres seguirán con sus tareas cuando ella se haya ido. Su transformación en el Poder Judicial quedó, además, a un cuarto de camino. Es factible que no tenga sosiego en el llano. Cómo le ocurrió a Menem.
