Montevideo.- En septiembre de 2012, en una sentencia sobre el asesinato de un periodista colombiano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que "el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento".

Según la Corte, ese tipo de acciones no sólo vulneran de un modo drástico la libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que además afectan la dimensión colectiva de este derecho, puesto que los actos de violencia que se cometen contra periodistas violan el derecho de estas personas a expresar ideas, opiniones e información y, además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información.

Apenas unos meses antes, en junio de ese año, el relator especial de las Naciones Unidas Frank La Rue había estampado en un informe oficial que un ataque contra un periodista constituye "un atentado contra los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como contra el derecho a tener opiniones y participar en debates públicos, que son esenciales en una democracia".

Pero si esos delitos quedan impunes, lo único que ocurre es el fomento a la reiteración de actos violentos similares, lo cual acaba, indefectiblemente, en el silenciamiento y en la autocensura de los comunicadores. Por eso es que la impunidad genera un fuerte efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión, y las consecuencias para la democracia son particularmente graves.

Las amenazas de muerte contra Germán de los Santos, corresponsal de LA NACION en la ciudad de Rosario, suman una nueva y lamentable perla a este siniestro collar de delincuencia e impunidad mediante el cual las bandas de narcotraficantes pretenden silenciar la libertad de prensa y matar el derecho del público a saber.

De los Santos ha escrito una serie de artículos sobre la acción de los narcotraficantes en Santa Fe. A raíz de esas notas, fue amenazado de muerte. No sólo en la madrugada del viernes 13, sino también otras veces antes. En sus crónicas, el periodista advirtió sobre la explosión de violencia por el control territorial del negocio de las drogas, un fenómeno que era desconocido hasta no hace mucho en el Río de la Plata. El Ministerio de Seguridad provincial dispuso una custodia permanente en la casa de De los Santos.

Como era de esperar, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) llamó a las autoridades a investigar los hechos e identificar y condenar a los responsables, antes de que haya que lamentar alguna muerte.

Otro periodista de LA NACION, Leonel Rodríguez (radicado en Santiago del Estero), fue amenazado la semana anterior en la casa de sus padres, presuntamente por artículos periodísticos en los que aludió a denuncias contra el intendente de La Banda, Héctor Eduardo Ruiz, en el marco de una investigación sobre acoso sexual.

Los gobiernos nacional y provinciales de la Argentina no pueden permanecer impasibles ante hechos de esta naturaleza.

El 2 de noviembre (11 días antes de que De los Santos recibiera las amenazas de muerte), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recordó que ya existen estándares interamericanos y prácticas nacionales para prevenir, proteger y procurar justicia en casos como éste. Cualquiera puede conocerlos en el documento "Violencia contra periodistas y trabajadores de medios". Entre esos estándares de la CIDH figuran, entre otras, las siguientes recomendaciones:

-"Adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra los comunicadores, incluida la condena pública a todo acto de agresión, omitiendo cualquier declaración que pueda elevar el riesgo para los y las periodistas, el respeto del derecho de los y las periodistas a la reserva de las fuentes de información; el entrenamiento y capacitación a los funcionarios públicos y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad y si fuere necesario, la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión, la determinación de sanciones adecuadas de manera proporcionada al daño cometido; así como la elaboración de estadísticas precisas sobre la violencia contra periodistas".

-"Realizar investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación [...]. "

-"Juzgar por tribunales imparciales e independientes a todos los responsables de los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación por causa del ejercicio de la libertad de expresión [...]".

-"Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ya sea que las amenazas provengan de agentes del Estado o de particulares. [...]"

No hay excusas, pues. Los gobernantes tienen que actuar. Y tienen que hacerlo rápido. De otro modo, la Argentina corre el riesgo de sumarse a la trágica lista de países donde los narcos mandan, los periodistas mueren y la sociedad se sumerge en la ignorancia.