El debate judicial sobre el predio que ocupa la Sociedad Rural Argentina (SRA) se reavivó a fines de 2012, cuando la presidenta Cristina Kirchner firmó un decreto que declaró nula la compraventa de ese terreno, operación que había celebrado la SRA con el gobierno de Carlos Menem, en 1991, en medio de la política de privatizaciones impulsada entonces.

La mandataria nunca consiguió la restitución del predio porque la Cámara Federal Civil y Comercial dictó una medida cautelar y no le encontró objeciones a aquella operación.

Pero en cambio, en sintonía con aquella decisión del Gobierno, sí comenzaron a avanzar dos causas penales. En la primera, el juez federal Sergio Torres procesó y embargó por diez millones de pesos al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, por supuestas irregularidades en la compraventa del terreno. Menem, en su defensa, había dicho que el predio era un bien del dominio privado del Estado y que la venta estaba autorizada por una ley de emergencia.

La otra causa, que es un desprendimiento de la primera, es la que se tramita ante el juzgado de Farías, y donde la fiscal kirchnerista Cristina Caamaño pidió el procesamiento de los imputados. El lunes, el juez tiene previsto tomar más indagatorias.

En esta causa, que parece superponerse con la primera, Farías investiga la supuesta malversación de un crédito que la SRA, previo concurso de oferentes, había obtenido con el Banco Provincia para la construcción de todas las mejoras -centro de exposiciones, estadio, etcétera- que la SRA se había comprometido a realizar.

La resolución del magistrado alcanzó al ex titular del Banco Provincia Carlos Eduardo Sánchez; a otros ex directivos de la entidad y a los ex directivos de la Sociedad Rural Enrique Crotto y Raúl Etchebehere, entre otros acusados.

De acuerdo al expediente, la SRA otorgó la explotación del predio a una sociedad de dos empresas, "La Rural de Palermo SA" y "Odgen Argentina SA", para la construcción de un centro comercial y cultural. "Hasta el día de hoy ese presunto megacomplejo jamás se terminó de erigir", dice uno de los párrafos de la resolución.

En realidad, el juez no tuvo en cuenta que la SRA, durante estos años, construyó cinco pabellones de exposiciones, además de más de 1100 cocheras y depósitos.

Además, consignó Farías que el crédito concedido por el Banco Provincia "resulta a la fecha incobrable a los obligados" y que el préstamo no se devolvió al Banco Provincia.

Fuentes de la causa aseguran que, en realidad, el crédito de 69 millones de dólares se está devolviendo y precancelando, con pagos que se hicieron incluso en 2014.

Y además, en virtud de un acuerdo bilateral, el 40 por ciento de todos los ingresos de SRA por la explotación del predio están directamente afectados al pago de aquella deuda, incluido lo que se cobra por estacionamiento.

Otro dato llama la atención: uno de los imputados, Juan María Anchorena, que era director del Bapro en representación de la SRA, se había excusado de otorgar aquel crédito y el juez igualmente lo procesó por ese hecho.