Hizo una generosa grabación como parte de la campaña electoral junto a Mariela Nassif, la ministra de Educación de Santiago del Estero y delfín del senador K Gerardo Zamora para la intendencia de La Banda. De poco sirvió: de esa ciudad se apoderó el domingo Sergio Massa.

Aunque se trató, de verdad, de una gota en el océano: el caudillo santiagueño, empeñado en superar, al parecer, la larga y turbia historia provincial del matrimonio peronista de los Juárez, se quedó con 24 de los 26 municipios en juego.

Zamora ha pasado a ser un pieza clave en la articulación del sistema de poder de Cristina. Fue elegido por ella como Presidente Provisional del Senado, en contra del paladar de la mayoría peronista. Se comporta como Jorge Capitanich: es un incondicional de las iniciativas presidenciales. Pero posee, respecto del chaqueño, una nítida ventaja: administra su palabra pública y evita exponerse al ridículo.

“Esta victoria también es tuya”, le regaló por teléfono el domingo por la noche a la Presidenta.

El senador comparte la misma visión que Cristina sobre este presente complicado. Supone que el dilema “Patria o buitres” desempolvado por el kirchnerismo desde que estalló el conflicto con los fondos buitre y el juez neoyorkino Thomas Griesa habría sido, al mismo tiempo, un ordenador de la economía y la política.

¿Cómo sería eso? El problema le estaría siendo útil al Gobierno para tres cosas: justificar un deterioro productivo y social que viene de mucho antes; arremeter con leyes de fuerte intervencionismo (la de abastecimiento que, salvo un imprevisto, recibirá hoy la aprobación del Senado) con la excusa de atenuar la inflación; continuar sosteniendo a los buitres como eje del debate político con la oposición.

Esa estrategia le sumará un nuevo adversario en el plano interno que, sin embargo, encaja en este ciclo de radicalización en que se embarcó Cristina después de la trampa insalvable en que quedó convertido el fallo adverso de Griesa. En la vereda de enfrente se estacionó el empresariado, buena parte del cual fue muy condescendiente durante años con las políticas oficiales. Una pista de esa rivalidad fue aportada por la propia Cristina cuando el lunes terminó responsabilizando casi de un boicot al sector de la industria automotriz por la falta de un despegue del sector, pese al plan especial de estímulo lanzado por el Gobierno.

“Tienen los autos encanutados”, denunció la mandataria. Como si existiera un aluvión de potenciales compradores. Nadie sabe, a ciencia cierta, cual es el grado de comprensión presidencial sobre el tema. Ni que cifras maneja respecto de la fuerte restricción a las importaciones –que impone Axel Kicillof– para ahorrar dólares. Esa realidad golpea fuerte en la fabricación de los vehículos. Tampoco existe constancia acerca de qué atención le presta a la dinámica situación en Brasil. La económica -el último trimestre con el PBI negativo- y la política -la inesperada competencia entre Dilma Rousseff y la ecologista Marina Silva-, cuando resta sólo un mes para las elecciones de renovación presidencial.

Una media docena de las principales entidades empresarias repitieron ayer sus cuestionamientos a la ley de abastecimiento. La novedad no fue esa. Lo fue, en cambio, la determinación de avanzar con recursos de inconstitucionalidad en la Justicia si el proyecto termina, como se espera, con la sanción en ambas cámaras del Congreso. La maniobra promete despertar polémicas aunque no será de trámite sencillo para aquel universo empresario: cualquier presentación tendrá como escenario el fuero Contencioso Administrativo, donde el kirchnerismo se ha hecho consistente con la avanzada que desde el 2011 desarrolló contra el Poder Judicial. Los empresarios atesoran una esperanza: que aquella homogeneidad empiece a resquebrajarse con el fin de ciclo, como se observa en muchos despachos de la Justicia Federal. La separación del juez Norberto Oyarbide de la causa de la mafia de los medicamentos podría representar, en ese aspecto, un buen ejemplo.

Cristina aspira a que en esa puja que se avecina los empresarios queden embretados en el terreno de los buitres. Igual que la oposición que, con matices, decidió rechazar el proyecto para cambiar la sede de pago a los bonistas que no ingresaron en los canjes de la deuda del 2005 y 2010. Esa es la partición del escenario que propone el kirchnerismo para transitar, por lo menos, hasta principios del 2015. Luego se verá.

La acción kirchnerista en las palabras y los hechos rondará siempre la pelea con los holdouts. Gestiones diplomáticas en la OEA y en la ONU que prometen enormes cortinas de humo pero, con dificultad, alguna solución. Amenazas con llevar la cuestión al Consejo de Seguridad de la ONU, que se ocupa de crisis de seguridad pero no de crisis financieras. Invocaciones al G-77 mas China, que nunca negaría una declaración de solidaridad. Menciones a una entidad internacional (International Market Association) que hará recomendaciones sobre futuras reestructuraciones de deuda para que no vuelva a ocurrir, como pasa con la Argentina, que una minoría del 7 % en rebeldía condiciona al 93% que aceptaron los canjes.

Nada de todo eso cambiará ni el fallo de Griesa ni los U$S 1.330 millones que el magistrado dispuso que habrá que abonar a los buitres.

El plan de Cristina tiene, por ahora, mejor apuntalamiento político que económico. Su Gobierno, aunque se verá a que costo, retomó la iniciativa.

Aunque esa iniciativa depende de la velocidad con que siga el deterioro de la situación económica. También, de cuanto tiempo mas el mensaje de la Presidenta y Kicillof logrará ampararse para explicar la desgracia en la oscilante economía mundial.

Esa inestabilidad vale para todos. Pero el desempeño de las naciones de América latina y el Caribe sería para el 2014 mejor que el de la Argentina.

Un 2% de crecimiento, en promedio, contra un 2% de caída del PBI de nuestro país.

Cuando esas cifras impacten el bolsillo popular, tal vez los buitres desaparezcan y sólo quede la carroña.