Luego de la sentencia a favor de los fondos buitre en el conflicto por la deuda en default, la Argentina recibió ayer otro fallo adverso en el exterior. Un panel de la Organización Mundial de Comercio (OMC) dictaminó que las herramientas que el Gobierno ha venido usando en los últimos años para limitar las importaciones son "incompatibles" con la normativa del organismo.
El fallo, que favorece a la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, y que será apelado por el Gobierno, abre la posibilidad de que esas economías, a modo de represalia, limiten las importaciones procedentes de la Argentina. Si bien para llegar a esa instancia aún se deben atravesar varias etapas previas, los analistas advierten que el fallo en sí ya constituye un golpe para el país, que deberá adecuar su política comercial a la normativa internacional y cuyos exportadores enfrentarán crecientes dificultades para concretar nuevos negocios.
Entre mayo y agosto de 2012, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Japón presentaron reclamos en contra de la Argentina, por lo que ellos consideraban un uso abusivo de las licencias no automáticas para la importación (LNA). Varios países -entre ellos, Australia, Canadá, China, Ecuador, la India, Israel, Noruega y Suiza- se sumaron al reclamo en condición de "terceros afectados".
El fallo conocido ayer no cuestiona sólo el uso por parte de la Argentina de las LNA, sino que también establece que las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) constituyen "una restricción a la importación de mercancías" y, por tanto, son incompatibles con la normativa del organismo.
"Sin duda, esta situación afectará en el corto plazo las negociaciones UE-Mercosur y de no adecuar el sistema del régimen de importación dentro de los plazos dispuestos originará retaliaciones a nuestras exportaciones", advirtió la Cámara de Exportadores (CERA).
Las economías cuyas exportaciones hacia la Argentina se vieron afectadas, según el fallo, por la aplicación de las trabas oficiales podrían tomar represalias comerciales contra el país. Mauricio Claverí, coordinador de Comercio Exterior en abeceb.com, detalló que las exportaciones hacia la UE, Estados Unidos y Japón, que son las que estarían expuestas a represalias, representan alrededor del 35% de las exportaciones totales del país. Marcelo Elizondo, director de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), advirtió que, en el peor escenario, entre 3000 y 5000 millones de dólares en exportaciones podrían verse afectados.
Los expertos mencionaron, sin embargo, que la posibilidad de una represalia luce todavía lejana. De hecho, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, el Gobierno apelará el fallo, ya que considera que su política comercial no violó la normativa de la OMC. Si el Órgano de Apelación de la OMC, luego del plazo de 90 días, ratifica el fallo, el país deberá, según explica la CERA, adecuar su política comercial a la normativa vigente (el país puede pedir un "plazo prudencial" para llevar adelante esta adecuación).
Si no corrige las medidas que dieron lugar al reclamo, puede negociar con los países ganadores una compensación "mutuamente aceptable". Si las partes no acuerdan esa compensación, los países ganadores pueden pedir al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC una autorización para imponer sanciones comerciales a la Argentina.
Claverí, que considera "imposible" que el país desmonte su sistema de restricciones a la importación en el corto plazo a causa de la escasez de dólares, cree que las represalias, en caso de darse, "pegarán de lleno en el próximo gobierno". No obstante, el analista destacó que las exportaciones argentinas hacia la UE, Estados Unidos y Japón están constituidas principalmente por alimentos y en ese tipo de productos es más difícil aplicar represalias porque éstas podrían afectar a los propios mercados importadores.
Elizondo, sin embargo, señaló que el fallo del panel -que "vuelve a poner a la Argentina en una situación de ilegalidad en el plano internacional"- afecta el clima de negocios y genera inconvenientes para los exportadores argentinos a la hora de concretar nuevos negocios, ya que compiten en desventaja frente a proveedores de países cuyas exportaciones no están sujetas a eventuales retaliaciones.
El fallo trajo nuevamente a escena al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, principal impulsor y ejecutor de las trabas a la importación. Al respecto, el vocero de la Cámara de Importadores (CIRA), Miguel Ponce, dijo: "Le advertí personalmente a Moreno que una situación como ésta iba a llegar, pero él puso primero el objetivo de alcanzar un superávit comercial de 10.000 millones de dólares que le ofreció a la Presidenta"..
Del editor: qué significa. El país suma otro revés en el plano internacional justo cuando está en default y lucha por imponer su posición en la justicia de EE.UU.