La semana pasada, sin suerte, intentó ligarlos a un intento de presunta desestabilización interna por el cierre intempestivo de la empresa estadounidense Donnelley, que dejó en la calle a 400 trabajadores. Anoche, durante 43 minutos de cadena nacional y sin hacer mención a ese paso fallido, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para intentar modificar la jurisdicción de pago a los bonistas que ingresaron a los canjes del 2005 y 2010.

También, para ofrecerles ese canje, en iguales condiciones, a los holdouts que reclaman US$ 1.330 millones luego del fallo a favor del juez de Nueva York, Thomas Griesa, ratificado por la Corte de Apelaciones y dejado correr por la Corte Suprema de EE.UU.

Tantos bamboleos, en corto tiempo, podrían estar denotando varias cosas. Que el Gobierno viene improvisando a medida que la situación económica interna y financiera internacional se complica.

Que se daría por cerrado, como lo hicieron los buitres, el período de negociaciones entre las partes en litigio que Griesa abrió a través de su mediador, Daniel Pollack. Que el Gobierno estaría además dispuesto a aceptar el riesgo de desacato, al desconocer el fallo adverso bajo una legislación aceptada previamente. Más allá del destino que tenga la nueva iniciativa presidencial, se abrirían por ahora muchas más dudas que certezas sobre las posibilidades de reconciliación de la Argentina con el mundo político y financiero.

¿Aceptarían los bonistas – voluntamiente, como recalcó Cristina– cobrar bajo la jurisdicción argentina? ¿Podrán hacerlo con garantías y seguridades, como se propone, a través del Banco Nación? ¿Por qué razón los buitres admitirían ingresar ahora en el canje con una sentencia muy beneficiosa a su favor? ¿Podrá revocar el Congreso, sin consecuencias legales para el país, el poder al Banco de Nueva York que atesora los fondos para los bonistas pero no los puede girar por el fallo de Griesa?

Ninguno de esos interrogantes encontraría ya una respuesta. Lo único que asoma claro sería la determinación de la Presidenta de dejar el conflicto con los fondos buitre como eje de esta transición. Aunque ese combate arroje un manto de sombra sobre el declinante desenvolvimiento económico y social.

Podrá decirse que Cristina, con su nueva maniobra, habría recuperado quizás una iniciativa que había quedado relegada por su traspié con la aplicación de la ley antiterrorista y las modificaciones en la ley de abastecimiento, que detonó una sorprendente unidad de rechazo en el universo empresario, muy fragmentado durante la década K. También parece cierto que, con aquel plumazo, la Presidenta alterará la agenda parlamentaria que había quedado muy incómoda para el kirchnerismo.

La pregunta a responder sería conocer el tiempo de supervivencia de aquella iniciativa y el costo, que al final del camino, podría pagar.

Queda la sensación, como casi siempre, que todas las decisiones, incluso la de anoche, nacerían por golpes de espasmo.

Si la de Cristina fuera una administración política más o menos normal, un par de funcionarios deberían estar ya al margen de sus cargos. La Presidenta había anunciado el jueves pasado en uno de sus conversaciones por televisión la aplicación de la ley antiterrorista a la imprenta estadounidense Donnelley. La comunicación estuvo hilvanada por un relato que, con asombro, vinculó a los fondos buitre con un presunto intento por “aterrorizar a la población”.

Una obra demoníaca, según la descripción presidencial. Recién ayer por la mañana el titular de la CNV (Comisión Nacional de Valores) Alejandro Vanoli aclaró que se trató de “una confusión” y que aquella empresa podría ser investigada y penada por supuesta “quiebra fraudulenta”. Una denuncia que la AFIP –la entidad ejecutora– puede realizar ante la Justicia Penal ordinaria y no ante la Justicia Federal. Allí esperará vanamente el juez Daniel Rafecas, el mismo que fue separado por Amado Boudou del escándalo Ciccone.

Aquella idea en su versión original, en medio del litigio con los buitres y el enfado contra EE.UU., tuvo un amplio recorrido en el poder sin que nadie, que se sepa, pusiera reparos a la aplicación de la norma antiterrorista. En una síntesis rápida, se podría mencionar a Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico; a Axel Kicillof y su equipo jurídico del Ministerio de Economía; a Carlos Tomada, el ministro de Trabajo – que le negó un plan de ajuste–, y a Daniel Scioli, el gobernador de Buenos Aires (la planta se halla en Garín) enterados con antelación sobre el pleito laboral. También a Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP. Nadie se habría percatado del error vecino con el disparate. Puede haber sucedido también el reinado de un ambiente de temor ante una Presidenta embalada por las teorías de Kicillof.

La segunda hipótesis, a esta altura, pareciera más creíble que la simple cadena de equivocaciones. El relato cristinista atraviesa la pulseada con los fondos buitre y cualquier acontecimiento debería estar ligado a esa realidad. Después surgen, como se observan, los problemas: no existió marco jurídico y legal adecuado con la ley antiterrorista que Cristina hizo aprobar a solicitud del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Resultó curioso el mecanismo de retroceso. Hasta que eso sucedió, hubo dirigentes que pisaron el palito en el afán por no dejar escurrir el tema en épocas de campaña. El principal fue Scioli: defendió a su manera, con medias palabras, la aplicación de aquella ley. Sergio Massa consideró que sería perjudicial para el mundo empresario y la economía. La cara para salir del bochorno correspondió a Vanoli, un dirigente de la tercera línea.

Los verdaderos responsables se sumieron en el silencio. ¿Por qué Vanoli? La explicación pretendió ser política y formal: “Porque la Presidenta encabezará en las próximas horas un acto en la Bolsa de Comercio”, confió un portavoz kirchnerista. No menos consistente esa respuesta que aquella pretensión de aplicar la ley antiterrorista.

Ni Cristina ni su Gobierno –como quedó claro anoche– desean desplazar del centro de la escena el combate contra los fondos buitre. De hecho, el supuesto vínculo de la imprenta Donnelley con un intento de los holdouts de provocar terror social se deshizo en horas cuando se advirtió que el fondo de inversión Barrick Rock, que la mandataria había ligado al litigante Paul Singer, favorecido con el fallo de Griesa, tenía una pequeña participación en la estatizada petrolera YPF. Pero el tambor lo continuaron percutiendo Héctor Timerman y Jorge Capitanich.

El canciller sostuvo que Estados Unidos no respondió aún la demanda planteada por la Argentina en la Corte Internacional de La Haya para discutir la afectación de la inmunidad soberana del fallo del magistrado neoyorquino. El Departamento de Estado, un día y medio después de la presentación, desestimó esa posibilidad. Cristina se apoyó durante el mensaje que dio por cadena nacional para sostener sus razones en la calificación de “extravagante” que la administración de Barack Obama estampó al fallo de Griesa cuando hizo una presentación en la Corte de su país en favor de la postura argentina.

¿Cómo entender, sin embargo, ese reconocimiento con la idea de insistir con la embestida en La Haya?

Hace mucho tiempo que demasiadas cosas del Gobierno parecieran estar conducidas por la lógica de la sinrazón.