El Gobierno avanzará con su proyecto para reformar la ley de abastecimiento que ya despertó las señales de alarma entre los empresarios. Ayer, el secretario de Comercio, Augusto Costa, volvió a encontrarse con la plana mayor de la Unión Industrial Argentina (UIA) y les confirmó que no hay voluntad para introducir ningún cambio en el proyecto de ley que el martes ingresará en la Comisión de Derechos y Garantías del Senado.

Tras el fracaso de las negociaciones,los empresarios ya adelantaron que su próximo paso será dar batalla contra el proyecto en el ámbito legislativo, al aprovechar que ayer varias voces de la oposición ya se pronunciaron en contra del proyecto (ver página 18). "Estamos confiados de que muchos legisladores lo van a pensar bien antes de apoyar este proyecto que está en contra de lo que dice el artículo 76 de la Constitución y que expresamente prohíbe la delegación de este tipo de facultades al Poder Ejecutivo", señaló un miembro de la UIA.

Fuentes empresariales además no descartaron que en una futura etapa apelen a la vía judicial para frenar el proyecto. "Estamos convencidos de que se trata de una medida inconstitucional, pero recién vamos a abrir ese frente si el proyecto avanza en el Congreso", señalaron.

La reunión, que se extendió durante un poco más de una hora, volvió a mostrar que las relaciones entre el Gobierno y los empresarios no atraviesan precisamente su mejor momento y tras el encuentro los hombres de la UIA reconocieron que hubo varios empresarios muy vehementes con los funcionarios.

"Nos recibieron con pantallas en las que estaban destacados los párrafos de los comunicados que publicamos en estos días criticando a la ley", señaló un empresario.

Durante el encuentro, Costa intentó minimizar los alcances del proyecto oficial que busca reemplazar a la ley de abastecimiento sancionada en tiempos de José Gelbard, a mediados de los 70, por una "nueva regulación de las relaciones de producción y consumo". Y, con este argumento, destacó que el proyecto oficial elimina la pena de cárcel.

La respuesta de los empresarios fue que, más allá de aspectos técnicos, su oposición al proyecto pasa principalmente por un tema ideológico. "No es un problema de ajustar la letra chica de uno o dos artículos, sino de un modelo de ley que ya era discutible en 1974 y que ahora parece de otro planeta", señaló Daniel Funes de Rioja, que, junto con Héctor Méndez, encabezó la delegación de la UIA que se reunió con Costa y su segundo, Ariel Langer.

En la UIA además están convencidos de que la propuesta para modificar la ley de abastecimiento no es más que una formalización de la política que Costa y Langer están instrumentando desde su ingreso en la Secretaría de Comercio. "Hoy todo intento de sincerar precios para achicar la brecha con el incremento de costos es bloqueada por la Secretaría y, si de alguna manera un proveedor busca corregir la situación quitando descuentos a supermercados, es llamado por la Secretaría y hasta se le impone como castigo la no aprobación de las DJAI", afirmaron fuentes empresarias.

La inflexibilidad de los funcionarios fue la otra cara de la posición que casi en simultáneo dejó abierta Cristina Kirchner, cuando en un acto en Casa de Gobierno sostuvo que "no es un bando lo que se ha firmado. Simplemente es un proyecto de ley. Todas las instituciones van a tener, como siempre han tenido, todo el espacio en las cámaras".

Ni bien concluyó la reunión, la UIA emitió un duro comunicado que se venía postergando desde el último martes a la espera de que en el encuentro con Costa se produjera algún avance. "Este proyecto, además de los cuestionamientos legales, por implicar una delegación extraordinaria no habilitada en la Constitución nacional, representa una fuerte interferencia del Estado en la actividad privada", puntualizó la entidad.

Unas horas antes, se habían conocido los pronunciamientos de otras entidades empresarias. La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) manifestó su preocupación por el proyecto, y sostuvo que "la iniciativa, más allá de pretender solucionar aparentes problemas en los citados procesos, afectará la transparencia de los mercados y el clima de negocios que necesita el país para crecer".

En tanto, la Federación Agraria Argentina (FAA) afirmó que el proyecto oficial "es un paso más en la intervención distorsiva del estado kirchnerista", mientras que la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) alertó que la iniciativa "no sólo atenta contra la transparencia de los mercados, sino también contra la producción, la inversión y el empleo".