No parece casual. Al anunciar que denunciará penalmente a la empresa Donnelley por buscar un "falso estado de quiebra" para "generar un clima de temor" en la población, la Presidenta envió un doble mensaje. El primero, dirigido a la ciudadanía, para desligar a su administración de la avalancha de suspensiones y despidos que comienza a advertirse. El segundo, orientado hacia los empresarios, para desalentarlos a tomar medidas que puedan afectar negativamente el nivel de empleo.
El discurso pronunciado anoche por la jefa del Estado apuntó a persuadir a la población de que, detrás de las penurias socioeconómicas del presente se esconde un poder empresarial que apuesta al desempleo, para que "dentro de poco" los trabajadores "no tengan fuerza para luchar en las paritarias" por mejores salarios, "porque cuando hay desempleo -sugirió la Presidenta-, cualquiera acepta lo que le den".
Es parte de la estrategia oficial de presentar cualquier desaguisado de la economía argentina como una consecuencia de la acción de los fondos buitre y de una confabulación internacional contra el país, antes que un emergente de una política inflacionaria y de desaliento a la inversión.
Con la proyectada modificación de la ley de abastecimiento, para aumentar el intervencionismo estatal en las empresas privadas, y ahora con la aplicación de la ley antiterrorista, el Gobierno dio un peligroso paso que lo acerca más a la Venezuela chavista.
La pregunta que cabe formularse es quién busca provocar un clima de temor: ¿la empresa que solicita su quiebra o el Gobierno aplicando una ley antiterrorista para advertir que el Estado utilizará el garrote frente a toda empresa que despida trabajadores?
Hace más de un año, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, había pedido prisión para quienes informen sobre la cotización del dólar paralelo aunque sea de manera encubierta. El gobierno argentino por ahora no ha llegado a algo así, pero en su momento evaluó sacar a relucir la ley antiterrorista contra productores agropecuarios que difirieran la venta de su cosecha de soja a la espera de mejores condiciones cambiarias. Y la profecía del titular de la UIF, José Sbattella, de que esa norma podría aplicarse contra medios periodísticos que pudieran inducir a golpes de mercado, se cumplió en Santiago del Estero, en perjuicio de un periodista que filmó y difundió la violenta detención de un efectivo policial que realizaba una protesta pública, aunque la Justicia desestimó esa idea.
Hoy, crecen las dudas sobre la posibilidad de que la ley antiterrorista pueda ser empleada para perseguir o extorsionar, criminalizando conductas que nada tengan que ver con el terrorismo.
