El sector agropecuario teme que el Gobierno intervenga más sobre su actividad con las modificaciones que impulsa a la ley de abastecimiento. El agro, que viene de tener en leche y trigo precios máximos establecidos de manera verbal, está preocupado de que los cambios puedan profundizar esa tendencia. En los últimos años, además, hubo cupos a las exportaciones que funcionaron como un tope a los valores locales.

La iniciativa del Poder Ejecutivo sostiene que se podrán "establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas". Además, señala que "frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios" el Gobierno podrá "disponer mediante resolución fundada su venta, producción, distribución o prestación en todo el territorio de la Nación".

Para Rubén Ferrero, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el proyecto puede tener consecuencias "perjudiciales".

"La ley de abastecimiento propone mecanismos de mayor regulación de precios, márgenes, cantidades, que desde nuestra perspectiva pueden ser perjudiciales. En el agro ya sabemos que estos mecanismos no terminaron bien, caímos en producción y exportación de trigo y carne, y en leche estamos totalmente estancados. Los precios al consumidor volaron desde 2007", expresó el directivo.

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno aplicó precios máximos de manera verbal. En 2006, a poco de asumir su cargo pidió a los exportadores que no pagaran por el trigo más de $ 370 la tonelada. En 2007, ordenó a las industrias lecheras no abonar más de $ 0,73 el litro a los productores. Fue poco antes de que asumiera la presidenta Cristina Kirchner. Más tarde pisó los precios de la harina.

Por otra parte, en julio del año pasado, firmó una resolución para aplicar la ley de abastecimiento por el alto precio del trigo, aunque lo hizo sin imponer valores.

El sucesor de Moreno, Augusto Costa, también siguió parte de la receta: en mayo último, instruyó a la industria lechera a no superar los $ 3 el litro a los tamberos.

Aunque aclaró que debía leer las modificaciones antes de dar una opinión, Carlos Garetto, presidente de Coninagro, reflexionó que "todo lo que sea control" tiene un "componente político".

Más ruido

Raúl Dente, asesor de la Federación de Acopiadores de Granos, consideró que la iniciativa es para "temer".

"Me empieza a preocupar porque como viene la situación, con escasez de divisas, emisión monetaria y crecimiento de precios, quizá cuando haya más controles y desabastecimiento eso venga acompañado de medidas como obligación a vender o liquidar", afirmó. Dente cree que, no obstante, la norma no se podría aplicar a los granos porque toman precios internacionales.

Un exportador evaluó "difícil de aplicar" la ley. "Si te confiscan la soja, ¿qué hacen? El Gobierno tendría que tener un circuito comercial armado si quisiera venderla", señaló.

Según Juan Manuel Garzón, economista del Ieral, de la Fundación Mediterránea, un mayor control traería más inconvenientes a un sector ya intervenido por los funcionarios del Estado.

"Si el Gobierno fijara precios por debajo del ritmo que evolucionan los costos, eso puede generar problemas. La combinación de precios cuidados y ley de abastecimiento generaría un descalce entre precios y costos", subrayó Garzón.

Para el presidente de CRA, el proyecto "le va a traer más ruido a la economía". El ruralista remarcó: "Cuando te ponen precios políticos como ha hecho Moreno, y ahora Costa, cae la oferta y la inversión de esos productos".