Máxime si es el mismo boxeador quien puso como condición, para celebrar la pelea, que fuera ese juez quien dirija el combate.
Algo similar está ocurriendo con la andanada de descalificaciones que nuestros más encumbrados funcionarios -empezando por la presidenta de la Nación- le están dirigiendo en estos días al juez Thomas Griesa, del Juzgado Federal por el Distrito Sur de Nueva York.
Si la idea es necesariamente atacarlo, por lo menos sepamos bien su cargo. La corte del Distrito Sur de Nueva York pertenece, dentro del organigrama de la justicia de los Estados Unidos, a la justicia federal (la denominación en inglés es US District Court for the Southern District of New York).
Vale decir, no es un "juez municipal" (sin menospreciar por ello a los jueces de ese rango), ni nada que se le parezca, como con ignorancia extrema se afirma. Es más, la corte de ese Distrito de Nueva York es el tribunal federal más antiguo de los Estados Unidos.
Su creación se remonta a la ley federal de 1789 ("Judiciary Act") y es, por unas pocas semanas, incluso anterior a la creación de la Corte Suprema de los Estados Unidos, con asiento en Washington. Eso le ha valido probablemente el mote de "The Mother Court", como lo explica James Zirin, en su reciente libro titulado justamente así (ABA Publishing, 2014).
Este tribunal es quizás el más prestigioso de los Estados Unidos, por la calidad y excelencia de los jueces que lo integran y la preparación de los abogados que litigan ante él.
Han desfilado por dicho tribunal jueces de la talla de Marvin Frankel, y se han litigado ante esta corte casos tales como cuando el gobierno estadounidense buscó, sin éxito, prohibir la publicación de los llamados "papeles del Pentágono", o cuando se sometió a juicio a mafiosos como Vito Genovese, por nombrar sólo algunos.
Probablemente los jueces de esta "Mother Court" se hayan ganado, a lo largo de los años, algo más de respeto del que nuestros funcionarios muestran de manera casi irresponsable.
Tampoco se repara en que las decisiones más trascendentes del juez Griesa han sido confirmadas por la Cámara Federal del Segundo Circuito, tal como la que ordenó que Argentina no pagara a los bonistas que ingresaron al canje, de manera preferente a los que no ingresaron.
Podemos considerar a esa decisión injusta e intentar, como de hecho se hizo, aunque sin éxito, su revocación por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Lo que no tiene sentido, salvo para consumo interno, es menoscabar la autoridad del tribunal al que la misma Argentina eligió, como jurisdicción competente, al momento de emitir los bonos cuya cancelación se reclama.
Los gobernantes, al representarnos, tiene la obligación de calibrar la trascendencia de las cosas que hacen y dicen en nuestro nombre. Le llevará muchos años al país recuperar la credibilidad si esos funcionarios persisten en estrategias tan descaminadas como la que hoy nos muestran.
El autor es constitucionalista
