En el marco del XXII Congreso Anual de Aapresid, “La Misión”, se presentó ante una rueda de prensa el proyecto de Ley de Suelos que tuvo ingreso en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación. La exposición estuvo a cargo del presidente de la comisión y diputado por la provincia de Formosa, Luis Basterra y los creadores del proyecto, quienes detallaron los principales aspectos e insistieron en que la Ley requiere un debate técnicamente sólido y un fuerte compromiso al diálogo político.

Junto al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez y varios legisladores de distintas facciones políticas, saludaron la iniciativa que incluiría un ordenamientos, políticas de conservación, internalización y coherencia en las decisiones, además de una verdadera apuesta a la tecnología, junto a un enfoque público-privado y con un sentido federal.

El mensaje del ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela, llegó de mano de Domínguez, quien insistió que “hay que poner en debate una ley de suelos para que tenga un funcionamiento lo antes posible”. Según Domínguez, “Ustedes le van a dejar un mejor suelo a sus hijos”, dijo de manera contundente.

La exposición del proyecto contempla la construcción de un instrumento para el uso sustentable, con presupuestos mínimos para la conservación de suelos y la recuperación de sus capacidades productivas, cuya autoría es de la diputada Nacional Mirian Virginia Linares (Partido Gen). Según relataron, se comenzó a trabajar después de 2008, y la inspiración de su estructura fue la Ley de Bosque que se aprobó por unanimidad en ambas cámaras.

Existen más de cien personas del Inta que acompañaron este proyecto. En el 2010 y luego en 2012 se volvió a presentar sin suerte. Recién en 2014 podría llegar a tener tratamiento. Este año es cuando nos empezaron a tener en cuenta”, graficó el propio Luis Basterra.

En relación a los objetivos, Basterra explicó las siguientes: Integrar al suelo al Ordenamiento ambiental del territorio, planificar los espacios de conservación, lograr incentivos para las buenas prácticas agrícolas, buscar mecanismos de transferencia, además de proyectos pilotos y gradualidad.

Las autoridades de aplicación serían el ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, además de un incentivo BPA del 1 % del presupuesto nacional.

La idea es trabajar con un mecanismo de transferencia de dinero: Fideicomiso, Banco Nación. Y transferencia operativa del Estado Nacional, para garantizar los fondos.

“Los incentivos impositivos, se pensaron para lograr una compensación por el cuidado del suelo. El incentivo que está para cuidar la tierra, no debe transformarse en un impuesto tributario”, explicó.

Valor del suelo: Fuente de vida. Valor social para los pequeños productores. Erosiones de los potreros, mala infiltración de agua. Esas imágenes del país, son preocupantes.

Para el Dr. Nicolás Lucas (autor y asesor del proyecto), hay elementos para el desarrollo de una ley de conservación de suelos de uso agropecuario. Por eso repasó los lineamientos generales del proyecto. “El problema es la pérdida sostenida de capacidad natural en los sistemas de producción agropecuaria de todo el país. Con la pérdida de suelo, se le está quitando a las generaciones futuras la posibilidad de crecimiento”, sostuvo.

Los expositores hablaron frente a políticos, especialistas y periodistas de distintos lugares del país. “Este es un problema de larga dato, no es una novedad.

Y a lo largo del tiempo, permanece un proceso sostenido de degradación”, sostuvo Lucas.

El referente que explicó el proyecto de Ley de Suelos mostró el enfoque que hay que darle al tema, una internalización de manera macro, es decir, “que esto sea parte del capital social”.

“Hay que dimensionar el problema. Queremos una ley con un objeto acotado, para no caer en una ley con muchas variables y la resolución de un montón de temas pendientes”, sostuvo.

Según remarcaron, el proyecto de Ley tiene que tener dos grandes componentes: un componente de fondo que es el ejercicio abusivo del derecho, la responsabilidad por el daño, además de incorporar los circuitos civiles y comerciales para una adecuada valoración (estudios de suelos, sociedades, registro propiedad).

Administrativamente, debe haber un registro de referencia de buenas prácticas, más un régimen diferenciado para áreas declaradas críticas. También adecuar planes de manejos obligatorios en zonas críticas.

En relación al régimen de sanciones, expresó: “Es preferible discutir estas cuestiones en las política, antes que en la justicia”. Para luego agregar que la resolución requiere de una visión a largo plazo. “Este proyecto de ley requiere un debate técnicamente sólido y un fuerte compromiso con el dialogo político”, dijo Lucas.

“¿Cuáles son las causas que llevan a la falta de rotación en un país que tiene 30 millones de hectáreas en siembra directa?, -preguntó un productor-. Las causas de la no rotación, hoy posiblemente tienen que ver con la rentabilidad y el precio. Es problema es que fuera de esta coyuntura, los suelos tienen que durar para siempre”.

Sin duda, los argumentos marco que se esgrimieron para la redacción aducen que “la política es integral, no es rural y urbana. El sector tiene que ejercer una auto regulación, porque es efectivo, sumamente dinámico”.

Para Basterra, la convocatoria propuso el debate del primer proyecto que está vigente, que es de la oposición, del GEN.

Se hizo un ofrecimiento de firma un acuerdo de colaboración con Aapresid. Su presidente, Beatriz “Pilu” Giraudo clamó por lograr sumar a todos los sectores para llevar adelante las discusiones en torno a un proyecto tan importante en la conservación de los suelos y en el futuro de nuestro país.