El cable de la agencia Télam del 21 de abril a las 20.16 decía: “Ante la Corte Suprema: Fondos buitre: el gobierno de Obama explicitó su apoyo a la Argentina”. Treinta y dos años antes, el 19 de abril de 1983, el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri declaraba ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas: ”Yo pensé que la actitud de Estados Unidos iba a ser más equilibrada y distante”. La equivocación de Galtieri fue fatal: Estados Unidos apoyó a Inglaterra y dejó en segundo plano la contribución argentina en la guerra sucia en Centroamérica. La malvinización oficial del default registra otros paralelos: el apoyo declarativo de la Unasur recuerda las lastimosas giras del canciller Costa Méndez, en plena guerra de Malvinas, tratando de conseguir algo más que una palmadita en el hombro. Tuvo también, para el Gobierno, su costado positivo: Cristina subió unos pocos puntos en las encuestas a partir de la consigna “Patria o Buitres”. Habrá que ver cuántos baja cuando empiecen a sufrirse las consecuencias del default. Víctima de su propia coherencia, el Gobierno está más preocupado por las palabras que por los hechos: la presidenta expresó que habrá que inventar un nuevo término, ya que lo que sucede no es un default. Esta opinión no parece ser compartida por el resto del mundo. No es, claro, la primera vez que Argentina se siente parte de una especie de vanguardia mundial iluminada. El diario The Wall Street Journal titulaba esta semana: “La Argentina se tambalea hacia el default”. ”Obligan a Argentina a contemplar una rendición humillante”, afirmó el The New York Times.
El País de España habló de una “coreografía confusa y perfecta al mismo tiempo, en la que el Gobierno argentino no pareció en ningún momento temer las consecuencias del default”. Otro diario, El Mundo de España, recalcó que Argentina “niega la suspensión de pagos”. Para El País de Montevideo, “Argentina cayó en una suspensión parcial de pagos”. La Folha de San Pablo anuncia el default, el Corriere Della Sera de Italia habla de “deudas impagas que llevan a la Argentina de los Kirchner de nuevo a la quiebra”.
The Guardian en Londres destaca que “podía haberse evitado el segundo default en la Argentina en poco más de una década”, y O Globo de Brasil acusa a Cristina por “las consecuencias que tendrá el default en la economía argentina” y en el país vecino.
Sobre el cierre de esta columna, Dagong Global Credit Ranking, una agencia de riesgo china, recortó la calificación de la deuda argentina en dólares de CC a D, lo que implica que está en situación de default. Al mismo tiempo, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, su sigla en inglés), con el voto unánime de sus quince integrantes, determinó que “la falta de pago constituye un evento de crédito para la República Argentina”. La deliberación fue pedida por el banco suizo USB, y se considera el primer paso para cobrar títulos relacionados con una situación de default.
El mundo, por ahora, no parece querer entender la clase de economía que le dio durante estos días un egresado del Colegio Nacional Buenos Aires que se olvidó la corbata.
Con renovado voluntarismo setentista la Presidenta anunciaba el jueves en la Casa de Gobierno que el mundo sigue andando, e insistía en el argumento oficial: no hay default, lo que sucede es que pagamos pero el juez Griesa no permite que el dinero llegue a los acreedores. Lo que de verdad pasa es que no hay un default, sino dos: uno es el default al que el Gobierno se refiere, del 92% de los bonistas que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010, y otro es el que resulta del fallo del propio Griesa ratificado en su instancia superior. Lo que el Gobierno depositó es sólo uno de esos pagos. Con respecto al otro, aclaró que pensaba pagar lo mismo que en 2010, dicho de otro modo, que desconocía el fallo. Si Argentina paga está en un problema, pero también lo está si no lo hace. ¿Qué decisión es la menos mala? Las ganancias de los fondos buitre son puramente especulativas y, de aceptarlas, puede ponerse en riesgo la reestructuración de deuda de cualquier país.
El mundo se debe esta discusión, sería lógico que el derecho internacional asimile las cláusulas privadas ante casos similares. Si la mayoría de los acreedores de una quiebra acepta la oferta, la minoría está obligada a hacer lo mismo. Encantador y cierto, pero habría que haberlo pensando antes de acudir a un tribunal en los Estados Unidos. Pedir un arbitraje conlleva, siempre, aceptar el resultado. Algo similar sucede con las cláusulas que ahora ocupan centímil: pari passu y RUFO, y también con la discusión sobre la jurisdicción: todas fueron aceptadas por Néstor y Cristina. ¿Alguien hubiera aceptado que, de haber problemas, laudara Oyharbide o la Sala 1 de la Cámara Federal? Ahora, bajo el disfraz de “la Patria”, el Gobierno pide que se lo declare infalible. Sólo el Papa lo es, según la definición dogmática del Concilio Vaticano I de 1870, y gracias a la asistencia del Espíritu Santo. Criticar las reestructuraciones de la deuda no significa ni apoyar a los buitres ni responder a intereses foráneos. Tampoco lo es reconocer que, cuando se entra en default, se entró en default.
Esta semana fracasó la única estrategia a mediano plazo de la que disponía el Gobierno antes de entregar el mandato: lograr una reactivación del crédito externo. Para ese sueño había lanzado un generoso plan de pagos externos: 500 millones de dólares al CIADI; 9.690 millones al Club de París (4.955 millones más intereses punitorios y devengados por 4.735 millones), a pagar con una tasa de interés del 3% al 9% que totalizaran unos 11.000 millones, algo que nunca antes se había discutido), con Repsol (6.500 millones en bonos, 9.000 millones con intereses, a quienes nos iban a pagar a nosotros el daño ecológico producido). Finalmente estaban los 1.650 millones de bonos defaulteados en 2001 que no entraron a los canjes de 2005 y 2010, y el 6% restante del total, que abre un conflicto de unos 20.000 millones de dólares.
La esperada reactivación del segundo semestre forma ya parte de la ciencia ficción. O necesitan más funcionarios o el equipo económico haría bien en mirar un poco hacia adentro: habrá un 40% de inflación durante el año, ya transcurre el tercer trimestre con recesión en aumento, el dólar oficial subió 51% en doce meses, la producción industrial cayó un 2% en el segundo trimestre y se registran más de quince mil suspensiones de empleos.