Emergió de esa conjunción de adversidades con un 20 por ciento menos de ganado vacuno: unos 10 millones de cabezas.

Ahora, afronta un nuevo embate de la administración nacional, que pretende intervenir en la identificación y trazabilidad de sus existencias con finalidades de dudosa apariencia tributaria. Tenemos razonables reservas al respecto y creemos que debe profundizarse en las motivaciones reales que fuerzan más gastos innecesarios y duplican, en una misma cuestión, las preocupaciones de los productores.

Mediante una simple resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se pretende implantar un Sistema Fiscal de Identificación y Trazabilidad Animal. El organismo recaudador carece de facultades para ello e invade las correspondientes funciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el organismo sanitario competente en la materia.

La sola palabra fiscal asociada a la ganadería lleva a pensar en más impuestos, situación que no refiere del mismo modo en todas partes del mundo como, por ejemplo, en la Unión Europea. Allí las finanzas públicas han contribuido a sostener el sistema de los suculentos subsidios de la Política Agrícola Común.

Por trazabilidad, podemos interpretar aspectos positivos cuando se trata de un sistema informativo de los diferentes eslabones de las cadenas productivas, sea de ganado y de las carnes, como en este caso, o bien de una gran cantidad de otras actividades involucradas en el proceso cárnico. La trazabilidad es materia propia del Senasa, que junto con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) rigen la sanidad animal y humana. El sistema a cargo del Senasa incluye la identificación del ganado vacuno. Se trata de un asunto que adquirió importancia en nuestro país con posterioridad a la invasión de fiebre aftosa, a partir de 2000.

Reanudar el abastecimiento a Europa requirió de la identificación del ganado, siguiendo prácticas que ya estaban ganando terreno en ese continente. Las marcas a fuego no tuvieron aceptación allí, por lo que hubo que avanzar en un sistema de etapas sucesivas. Estas comenzaron con la identificación de los campos habilitados para exportar a la Unión Europea y la conformación de su registro. La identificación de los animales llevó a crear un procedimiento de doble juego de caravanas: una en la oreja derecha, aplicada a los animales al momento del destete, y otra en la oreja izquierda, para animales en engorde. Además, cada animal lleva grabados el año de nacimiento, el número del predio del que proviene y el propio. Como una gran proporción del ganado se transporta en camiones, existe ya un "sistema colectivo" con los registrados, cuyos datos los productores deben conservar.

La decisión del órgano recaudador expresa que la norma deberá funcionar a partir del 1° de enero próximo. Verdadera quimera, ilusión irrealizable por la magnitud del esfuerzo por acometer en el contexto administrativo nacional que ahonda, día tras día, sus debilidades. Y, por si ello fuera poco, carece de los recursos tecnológicos que posee, en cambio, el Senasa.

Otras observaciones más llevan a que se condene la decisión adoptada. Por una parte, tanto el Ministerio de Agricultura como el de Industria no habrían sido consultados ni informados con la debida anticipación; tampoco las instituciones representativas del agro y de la industria ganadera, que tienen sobrados motivos para reclamar esa participación.

Resulta innecesario, y hasta llamativo, embarcarse en nuevos costos, básicamente porque se superponen dos reparticiones para hacer la misma tarea. Para tener una idea más acabada de quién se beneficiaría con el cambio de operatoria que se plantea, basta decir que en Uruguay, un chip cuesta tres dólares, mientras que aquí ya hay versiones que lo sitúan entre 5 y 10 dólares. Ese valor hay que multiplicarlo por los 50 millones que implicará cubrir todo el stock, más los de reposición por pérdida y nacimientos.

La mejor solución será entonces que el Gobierno desande sus pasos y derogue tan controvertida resolución. Convendrá hacerlo antes de que comience a generar gastos y a consumir energías útiles para mejores finalidades.

Como hay un solo fabricante del insumo en cuestión, de persistirse en la iniciativa ha de ser inevitable que se genere un negocio cautivo millonario. Por lo menos, el Congreso de la Nación debería estar reaccionando ante una situación tan inaceptable. Y el Gobierno debería admitir que el stock se recupera con más exportación y no al revés.