¿O deberá buscarse, como ella quiere, un término que describa a una Presidenta perseguida por jueces extranjeros, por acreedores insaciables y por conspiraciones de envergadura mundial? Esa guerra es la prueba de que no está dispuesta a dejar sus huellas en una solución, aun cuando ésta sucediera sobre la hora final.
Sin embargo, hay negociaciones ocultas con bancos y, según versiones verosímiles, mensajes cifrados enviados al propio juez Thomas Griesa. Si se hace un esfuerzo de síntesis, la diferencia para encontrar una solución no es muy grande. Consiste en establecer cómo transcurrirán los próximos cinco meses, hasta el 1º de enero. Después, ya no tendrá vigencia la cláusula RUFO, que obliga al Gobierno a generalizar a todos los acreedores cualquier mejora parcial que hiciera a tenedores de bonos.
La diferencia puede ser pequeña, pero el empeño político es grande. Cristina Kirchner se siente acompañada por gran parte de la comunidad internacional, sobre todo por Rusia, China y los países latinoamericanos. Descubrió que creció en las últimas semanas, según varias encuestas, el apoyo social a su modo de manejar la crisis con los holdouts. Arropada por esas adhesiones, sólo aspira a un triunfo o al default. A matar o morir, como suele decir ella cuando encara una negociación.
Si siempre se negó a negociar con la oposición política algunos cambios en el presupuesto nacional, ¿por qué sería más flexible con los fondos buitre? Todo depende, de todos modos, del tamaño del enemigo y de la amenaza que éste presupone. La conservación del poder es el primer y el último objetivo de cualquier Kirchner que se precie de tal.
Corresponden, a todo esto, algunas precisiones. Ni Rusia ni China ni ninguna nación latinoamericana entregarán luego sus vidas por la Argentina si ésta cayera en el segundo default de su deuda soberana en apenas 12 años. Ningún país se hará cargo tampoco de las consecuencias políticas, económicas y sociales internas de una nueva cesación de pagos. El apoyo social es contradictorio. Primero debe subrayarse que el 57 por ciento de los argentinos consultados opinan que el país debe pagar. Y un porcentaje amplio también es consciente de que las consecuencias del default serán muy graves para la economía cotidiana. El último default está demasiado cerca como para haberse borrado de la conciencia colectiva.
Hay otra cara de las encuestas. En el último mes creció la opinión favorable al duro manejo de la crisis por parte de la Presidenta. Una cosa parece ser para la sociedad el manejo implacable de una crisis externa; otra cosa sería el default. Los apoyos de la sociedad son, además, volátiles en estos conflictos. Ama los gestos y odia las consecuencias. También Rodríguez Saá tuvo apoyo popular cuando anunció el default en medio de la alegría colectiva. Aquel apoyo se convirtió luego en una condena a la nulidad política para todos los que participaron en la inexplicable fiesta. Otro ejemplo: ¿Galtieri no tuvo, acaso, apoyo popular cuando tomó la irresponsable decisión de declararle una guerra a la OTAN por las islas Malvinas? Murió muchos años después, solo, desacreditado y condenado.
Analistas de opinión pública sostienen que ese crecimiento de la imagen presidencial es consecuencia del pésimo manejo comunicacional de los fondos buitre. Plantearon una batalla por la opinión pública argentina dentro de la propia Argentina. Esa es una causa perdida. ¿No fue mucho mejor la estrategia de Repsol, que nunca contestó nada ni pretendió conquistar a nadie? Terminó firmando un inmejorable acuerdo con el propio gobierno que le había confiscado su principal empresa, YPF.
Los fondos especulativos cometieron otro error político. Enviaron a la Argentina a dos representantes para la búsqueda imposible de simpatías locales. Vinieron Robert Shapiro y Nancy Soderberg, ambos ex funcionarios de Bill Clinton y actuales colaboradores del proyecto presidencial de Hillary Clinton. Sobran y bastan esos antecedentes. La conspiración es ésa. La Presidenta cree que detrás de los fondos buitre se esconde un enorme complot norteamericano, que incluye a demócratas, a republicanos y, quizás, al actual gobierno de Barack Obama. ¿Por qué conspirarían? Porque no quieren, dice Cristina, que se repita una reestructuración de deuda soberana con la quita que hicieron los gobiernos de los Kirchner.
Es la histórica manera presidencial de leer la realidad. Toda adversidad es espoleada por una conspiración. Las vísperas la encontrarán, para peor, en la conspirativa Caracas de Nicolás Maduro, también perseguido por sus propios fantasmas. La idea del complot choca frontalmente con la posición del gobierno de Obama ante la Corte Suprema de Justicia de su país. Funcionarios de su gobierno dijeron a esos jueces supremos que no estaban de acuerdo con la decisión de Griesa y de la Cámara de Apelaciones. No querían que se sentara el precedente internacional de que una pequeña minoría de acreedores pudiera derrumbar la reestructuración global de una deuda soberana.
Por lo demás, es conocida la buena relación de los Clinton con Wall Street. Todos los secretarios del Tesoro de Bill Clinton procedieron del sector financiero. Pero ¿qué la llevaría a Hillary a empujar un default de la Argentina con sus consecuencias de inestabilidad para el sistema financiero internacional? Nada, hasta donde llega la mirada de cualquier mortal. Existe, sí, una diferencia notable entre las posiciones de Estados Unidos, por un lado, y las de Rusia o China, por el otro. Washington está ?preocupado por las derivaciones de un default argentino. Rusos y chinos callan sobre esa posibilidad. Su adhesión se agota en la retórica de la coyuntura.
A estas alturas, el eventual default argentino está en manos exclusivas del juez Griesa. Es posible que el magistrado haya sido demasiado intransigente en los últimos tiempos o que sólo se haya detenido en la lectura fría y desaprensiva de la ley. De hecho, el influyente The New York Times publicó el viernes una severa crítica a la gestión del juez en el caso argentino. Griesa reconoció algo de todo eso con sus propios actos. En casi todos los casos, una sentencia judicial firme debe cumplirse en el acto. No hay más discusiones. Pero, al revés, el juez habilitó 30 días de negociaciones y nombró a un facilitador, Daniel Pollack, para que ayudara a resolver el problema de la mejor manera. No es una decisión excepcional, pero tampoco es habitual.
La mejor manera es evitar el default. Esos colapsos tienen siempre graves consecuencias de sufrimiento social. Algunos economistas le dan poca importancia. Tienen en cuenta sólo la ingeniería financiera que necesitaría una nueva reestructuración de la deuda. Pero, ¿no sería difícil de explicar el segundo default del país en pocos años? ¿Cuánto tiempo llevaría refinanciar la deuda? ¿El tiempo que le queda a Cristina Kirchner o también consumiría el del próximo mandato presidencial? "A un default se sabe cómo se entra, pero nunca cómo se sale", asegura un experto argentino en deuda pública.
Es llamativo el silencio de gran parte de los protagonistas sociales y políticos argentinos. Lleno el escenario de candidatos presidenciales, que compiten todos los días por una frase oportuna u oportunista, prefieren callar sobre las consecuencias internas de un default. La excepción fue Elisa Carrió. Ese silencio es, al fin y al cabo, un éxito político del kirchnerismo. Instaló con más fuerza entre los opositores el temor a los anatemas posteriores que la conciencia de la responsabilidad histórica. Hasta es comprensible que eviten debilitar al gobierno nacional en momentos de tensas negociaciones internacionales. Pero una posición clara sobre el camino posible no debilita a nadie.
Griesa no aplicará el stay (la cautelar) si no se lo piden los fondos que ganaron el juicio. Esos fondos tendrán también comprometidos su futuro si el país cayera en default. ¿Y si ellos lo pidieran sobre el minuto final? The Wall Street Journal, generalmente bien informado sobre el mundo financiero, acaba de hacer pública la propuesta de varios bancos para comprar la totalidad de la deuda argentina en default, tal como adelantó LA NACION. Nombró por primera vez a los bancos: Bank of America, Goldman Sachs, J.P. Morgan y UBS AG. Es casi imposible que esos bancos hayan llegado tan lejos en la elaboración de semejante ofrecimiento sin cierto consentimiento del gobierno argentino. Pero el Gobierno no dio todavía la autorización final. Achicar las posibles consecuencias de la cláusula RUFO es su prioridad. Esa actitud es comprendida por todos los actores del conflicto, incluidos el juez Griesa y el gobierno de Obama.
La pregunta más importante consiste en saber hasta dónde llegará la dureza, hasta cuándo la Presidenta se resistirá a mirarles la cara a los fondos que ya ganaron. Seguramente hasta que Cristina Kirchner alcance algún triunfo, aunque sea pequeño y temporal. O hasta que la cruce el vendaval de un default y su secuela de tiempos trastornados, inseguros.
