Cristina Kirchner volvió a exhibir ayer, en Rosario, su espectacular destreza para clavar los frenos cinco metros antes de estrellarse contra la pared. Despojó el tratamiento del default residual de 2001 de cualquier color local y, exigiendo ser reconocida como una vestal de la previsibilidad, anunció una negociación con los holdouts en el marco del juzgado de Thomas Griesa. Todo como debe ser: en nombre de la soberanía nacional y bajo la advocación de Manuel Belgrano, el padre de los economistas argentinos.
La clasificación zoológica de los acreedores fue reemplazada por un novedoso ecumenismo: "Queremos cumplir con el 100%", declaró. Habrá que olvidarlas amenazas de Jorge Capitanich y Axel Kicillof de encadenarse a las puertas del fondo Elliot. La señora de Kirchner por primera vez habló de deuda sin hablar de "buitres".
El mercado celebró la presentación de ayer a pesar del feriado local. En Nueva York los ADR argentinos tuvieron una recuperación superior al 10%. Y para el riesgo país se calculaba una caída de unos 200 puntos básicos.
El principal desafío del Gobierno es ahora remover dos obstáculos que él mismo se puso en el camino. Uno es la ley cerrojo, que impide negociar con los holdouts. El otro es la cláusula RUFO -rights upon future offers- que obliga a extender a los tenedores de bonos reestructurados las ventajas que se concedan a otros acreedores. Ambas barreras fueron levantadas por los Kirchner para hacer más verosímil la promesa de que no entrarían en conversaciones con quienes no se allanaran a sus quitas. Hoy son daños autoinfligidos que demuestran que detrás de la política de financiamiento nunca hubo una cabeza estratégica.
El oficialismo cuenta con apoyo legislativo para eliminar el cerrojo. En cambio eludir la cláusula RUFO requerirá una maniobra quirúrgica. A la salida de la última audiencia celebrada en lo de Griesa, un banquero le escuchó decir al representante de un fondo que controla una fuerte posición de títulos reestructurados: "Si ignoran la RUFO iremos a juicio". Por esta razón Cristina Kirchner puso ayer un énfasis especial en reclamar al otrora extorsionador Griesa que ofrezca su juzgado como espacio del acuerdo. Necesita certificar que el pago a los holdouts no es voluntario, sino que obedece a una orden judicial. En ese borde legal se podría discutir la suspensión de la cláusula RUFO. Habrá que convencer al anciano magistrado: harto de las peculiaridades argentinas, ayer emitió una declaración condenando la amenaza de Kicillof de evadir su jurisdicción.
Como entre los expertos jurídicos no existe unanimidad acerca de este trastorno, varios financistas cercanos al Gobierno especulaban con la mediación de algún banco para saldar la deuda con losholdouts. Esa entidad adquiriría los papeles vencidos por US$ 1300 millones. Y los canjearía con el Tesoro en los términos de los canjes de 2005 o 2010. La diferencia sería saldada por algún otro concepto.
Una alternativa tan discutible como la anterior es que el mediador salde los US$ 1300 millones y reciba una suma equivalente en bonos similares a los que se entregaron a Repsol como indemnización por las acciones de YPF: es decir, con una tasa de 8,75% y la garantía de que, si el papel se deteriora, el Estado compensará la diferencia. Las habladurías del mercado afirmaban anoche que representantes de Goldman Sachs analizan esa opción con abogados de Elliott recién llegados a Buenos Aires.
Axel Kicillof y los abogados de Cleary Gottlieb tienen poco margen para dar con la solución: el 30 existe un vencimiento de US$ 900 millones de bonos reestructurados. Si no se cumple con ese compromiso, como anunció el Ministerio de Economía, habría un mes de gracia antes del default definitivo. Uno de los objetivos de Kicillof y los abogados de la Argentina es dar suficientes garantías de buena fe como para que Griesa reponga el amparo que evitaba el embargo de esos fondos destinados a los bonistas, que fue levantado por la Cámara de Apelaciones neoyorquina el martes pasado. De a poco el kirchnerismo va reconociendo a Héctor Magnetto las virtudes de la "justicia cautelar"