La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) dio a conocer el Proyecto de Ley de Trigo que elaboró la propia entidad y que trata de impulsar a través de distintos referentes políticos. “Creemos que es el momento óptimo para tomar medidas urgentes para este cultivo”, aseguró FADA.

El momento para tomar medidas para el trigo es óptimo porque en las últimas campañas se han alcanzado valores cercanos a los mínimos de los últimos 100 años, en cuanto a superficie y producción, con impactos conocidos en los precios de los derivados del trigo, principalmente el pan, alimento simbólico de la “mesa de los argentinos”. Además, es óptimo en un sentido productivo, los perfiles de humedad de los suelos, luego de las lluvias de los pasados meses, presentan una situación agronómica propicia para rindes récord de cultivos de invierno como es el trigo.

Por esta razón, FADA, en sintonía con los referentes y organizaciones de la agroindustria y diversos sectores políticos, manifiesta la necesidad de tomar una decisión de manera inmediata con el objetivo de “duplicar la producción de trigo, generar más de $2.400 millones en nueva recaudación, exportaciones anuales de hasta U$D 2.800 y generar, en el mediano plazo, hasta 200.000 puestos de trabajo”, según resaltan los fundamentos del “anteproyecto de ley de desarrollo triguero”.

 

El paquete de medidas propuesto por FADA en el anteproyecto de ley consta de:

  • Derechos de exportación. Fijar en forma definitiva e inmediata en el 0% la alícuota del Derecho de Exportación para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR que refieren a todas las clases de trigo y sus derivados, entre ellas, harinas y pastas.-
  • Registros de Operaciones de Exportación (ROE). Derogación de todas las normas dictadas por el Poder ejecutivo Nacional, los reglamentos y actos administrativos, y sus efectos, que actualmente distorsionan los precios en el comercio de trigo y productos derivados, o que impongan algún tipo de restricción o límite de precios en el intercambio de trigo y sus derivados;
  • Promoción a la industrialización y agregado de valor mediante la aplicación de un régimen de amortizaciones aceleradas para toda la cadena del trigo por un plazo de 4 años.
  • Medidas referidas a la transparencia del mercado de trigo, promoción a la segregación por calidad y una política comercial exterior agresiva de apertura y recuperación de mercados.

Sin duda, el punto crucial en discusión son los derechos de exportación, que tienen su fundamento en dos puntos principales: recaudación fiscal y precios de los alimentos. Básicamente, la idea de las “retenciones” es disociar los precios domésticos de los bienes alcanzados por estos derechos de los precios internacionales, y así mantener precios internos menores para los alimentos en comparación con una situación sin derechos de exportación. En este proceso, el diferencial entre el precio interno y externo, de la parte que se exporta, es recaudado por el Estado y se traduce en una mayor recaudación fiscal.

Sin embargo, este tipo de instrumentos, al igual que las restricciones cuantitativas al comercio exterior, como los ROE, son efectivos en el corto plazo, ya que en el mediano plazo comienzan a producir efectos adversos. Basta sólo con pensar en algunos mercados sensibles alcanzados por estos instrumentos, como la carne vacuna y la leche, además del trigo. En todos ellos han producido caída o estancamiento de la producción, con efectos en los precios, las exportaciones, las inversiones y el empleo. En el caso del trigo, se logró, en principio, una caída de la superficie del 43% entre la campaña 2002/03 y la 2013/14 y, en segundo lugar, el precio de trigo más caro del mundo, 77% superior al precio de referencia internacional (FOB) y 140% mayor al precio de referencia interno (FAS).

La eliminación de los Derechos de Exportaciones, suponiendo una recuperación del área cultivada tal que se alcance la de la campaña 2002/03, es decir, 6,3 millones de hectáreas, produce un resultado fiscal positivo de $2.400 millones, sin considerar los efectos fiscales en cadena de toda la industria procesadora de trigo y sus derivados. Por el lado de los precios, del pan por ejemplo, el impacto máximo es de un incremento del 5% en los costos de producirlo, lo cual corresponde analizar en términos relativos a una inflación mensual de entre 2 y 3%.

Con estos datos, se demuestra la falta de argumentos sociales, económicos y fiscales para la permanencia de los Derechos de Exportación y los Registros de Operaciones de Exportación para el cultivo de trigo. Esto sin nombrar cuestiones técnico-agronómicas relativas al aporte del trigo a la sustentabilidad del sistema productivo, dañado por la llamada “sojización”, que no es más que un resultado directo del desincentivo que generan las retenciones y los ROE a la siembra de gramíneas como el trigo.

Sólo resta la decisión política, los argumentos están, los instrumentos existen y el anteproyecto de ley está redactado.

Para conocer el anteproyecto de ley presentado por FADA, haga CLICK AQUÍ: