La industria automotriz empieza a sentir los rigores del enfriamiento económico con suspensiones y algunos despidos encubiertos de trabajadores. Córdoba, en especial, siente el impacto y José de la Sota, su gobernador, teme las consecuencias políticas en un año en que decidió jugar de nuevo en el escenario electoral de la Nación. Esa comunicación la hizo ayer mismo el ex gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti, con ganas de volver.

El problema automotriz se ve agrandado además por la realidad del sector en Brasil. La producción se mantiene, pero las ventas cayeron un 3,6% en marzo y la tendencia –de acuerdo con cifras aún extraoficiales– se mantuvo durante abril. El mercado brasileño es clave, por el intercambio comercial, para la producción argentina. El futuro tampoco asoma auspicioso porque Dilma Rousseff ha vuelto a alarmarse por el despertar inflacionario y prepara políticas monetarias que podrían constreñir la actividad.

La cuestión en la industria de los autos sería sólo la punta del ovillo de la crisis del modelo kirchnerista apuntalado casi con exclusividad en el consumo. La industria láctea también atraviesa serios inconvenientes y la construcción, de acuerdo con datos de la UOCRA, ha empezado a perder mano de obra.

En un momento de dificultades políticas, por una sucesión K que no tiene todavía horizonte, a Cristina Fernández la amenaza un agravamiento del cuadro social.

La combinación de ambas cosas podría constituir una ecuación mala para su despedida del poder.

La crisis en ciernes, por otra parte, acercaría cada día algo más las posturas del sindicalismo opositor de Hugo Moyano con la CGT oficialista que encabeza el metalúrgico Antonio Caló. El titular del gremio de SMATA, Ricardo Pignanelli, no sólo reconoció los serios problemas del sector. Instó también a que todo el arco sindical se “ siente a una misma mesa” frente a los problemas que afloran.

Esos problemas poseen dos patas. El riesgo de la pérdida de empleo que los gremios oficiales intentan atenuar admitiendo algunas paritarias que están por debajo de la línea de inflación calculada. También la Presidenta decidió apuntar al funcionamiento de las obras sociales sindicales. Amenazó con que cada convenio en el área debería ser avalado previamente por la Superintendencia de Salud, que conduce una mujer de su confianza, Liliana Korenfeld. Se trata de una pingüina de Río Gallegos que prestó en Santa Cruz muchos servicios al matrimonio Kirchner, desde cargos oficiales y aún fuera de ellos.

Pignanelli, en medio de la crisis automotriz, tampoco se olvidó de esas obras sociales.

“Es un tema difícil”, explicó. Describió que resulta complicado mantener los sistemas de salud gremial “cuando todas las cosas aumentan” y escasea el respaldo financiero.

Palo, sin dudas, para el gobierno kirchnerista.

El pensamiento de Pignanelli, en ese campo, no se diferencia del que tiene Moyano o el líder de la CTA, Pablo Micheli. Pero el conductor de los camioneros prefiere imprimir a sus reclamos una impronta dinámica y política.

Así ocurrió con la huelga del 10 de abril, la más impactante que sufrió Cristina en sus dos mandatos. Hizo hincapié en la inflación, en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, en el mínimo no imponible, las mentiras oficiales y la inseguridad. Ha convocado para el 14 de mayo a una movilización para demandar mayor seguridad. Ese enfoque disgustó a Micheli que, en esta ocasión, no lo acompañará. El cetetísta supone que después de una huelga masiva, como la anterior, correspondía una profundización de la estrategia. Una medida más dura.

El distanciamiento del sindicalismo oficial con el kirchnerismo brindó señales en otro escenario. Durante la celebración del Día de la Militancia, el domingo pasado, en el Mercado Central, fue notoria la ausencia de dirigentes gremiales. Se tornó más notoria todavía por la asistencia de varios presidenciables, como Daniel Scioli, Sergio Urribarri y Jorge Capitanich. Aunque desde su atril diario, el jefe de Gabinete parece haber enterrado esas aspiraciones.

El progresivo avance del conflicto social en el país pareciera encontrar al Gobierno sin capacidad de réplica. Sencillamente porque la economía no posee la musculatura que supo tener. El kirchnerismo apunta siempre a politizar esos problemas, como lo intentó con la huelga de abril. Pretendió endilgarla, entre varias razones, a una presunta maniobra de Sergio Massa, el jefe del Frente Renovador. Capitanich habló de imprecisos ensayos de desestabilización. Y Scioli le apuntó a “quienes pretenden generar incertidumbre”. Sus dardos enfilaron también contra el ex intendente de Tigre.

También en la ambición de politizar el conflicto social el Gobierno se ha encontrado con límites.

Varios de esos límites fueron trazados desde el interior del oficialismo. Cristina promovió una ley antipiquetes con una excusa: el ordenamiento de la circulación en la Ciudad y en el país, que casi siempre resulta un caos por cortes y protestas. Aunque detrás de ese telón pudo esconderse la idea de bloquearle a la oposición –sindical y política– el control callejero que fue durante años propiedad del kirchnerismo. El debate fue fogoneado casi al mismo tiempo que el sindicalismo de izquierda acompañó la huelga de abril con una centena de interrupciones en los accesos a la Ciudad. Las espadas del proyecto fueron los diputados ultra K, Carlos Kunkel y Diana Conti.

La reacción opositora a esa intención resultó tan compacta que el Gobierno debió volver sobre sus pasos. Esa reacción anduvo entre un montón de palabras y ciertos hechos: un grupo de diputados de izquierda, entre lo que se contó a Victoria Donda, del Frente Amplio-UNEN, presentó en las últimas horas un proyecto de ley contra la criminalización de la protesta. De ese modo quedó estigmatizada la iniciativa presidencial. Que tuvo, por otra parte, resistencias en el mundo K. El senador Aníbal Fernández fue uno de ellos. El intelectual de Carta Abierta, Ricardo Forster, otra voz crítica. Igual que la del ex piquetero Luis D’Elía.

Aquel texto de Kunkel y Conti parece frenado por el momento. El diputado, para acercar alguna posición, se manifestó dispuesto a introducirle algunas modificaciones. Tuvo eco nulo. El trámite prometería ir para muy largo, sin la derivación expeditiva, por caso, que tuvo en Venezuela. Hace pocos días Nicolás Maduro logró que el Tribunal Superior de Justicia interpretara que un artículo constitucional obligaría a los manifestantes a solicitar autorización antes de ganar las calles.

El kirchnerismo ni sueña con un gesto similar que pueda salir de la Corte Suprema. Debería encontrar alguna respuesta urgente a su retroceso y a la irrupción de opositores en la calle. De allí la maquinación de un gran acto para el 25 de Mayo que devuelva el centro de la escena pública a la Presidenta, fuera de la TV y las cadenas nacionales. Un auténtico reto en estos tiempos de debilidad.