La escandalosa decisión del gobierno nacional de ocultar los datos de la pobreza e indigencia en el país correspondientes a la segunda mitad de 2013 y la hipócrita justificación de ese silencio por parte del ministro de Economía y del jefe de Gabinete grafican con crudeza hasta dónde están dispuestas nuestras autoridades a seguir negando la realidad de millones de personas que padecen necesidades básicas insatisfechas y no pueden acceder a empleos registrados ni a servicios elementales.
En lugar de dar a conocer esos datos, que deben ser públicos y no manejados según la conveniencia política del administrador de turno, el Gobierno trató de tapar lo inocultable con el absurdo argumento de que se hacía imposible difundirlos por severas carencias de tipo "metodológico" y por un presunto problema de "empalme" del nuevo índice de datos de precios al consumidor que comenzó en enero pasado, un razonamiento que descartan todos los expertos en estadísticas.
La verdad parecería ser que el Gobierno tomó conciencia del papelón que hubiera significado decir que casi no hay pobreza en el país, dato que obtiene de falsear las estadísticas manipulando descaradamente los valores de las canastas básicas alimentarias, que arrojaron, por ejemplo, que en noviembre del año pasado una persona podía adquirir las cuatro comidas diarias con poco menos de siete pesos.
De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales, correspondientes al primer semestre de 2013, apenas el 4,7% de la población argentina se ubicaría por debajo de la línea de pobreza. Se puede engañar a algunos durante mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Ayer, la diputada Elisa Carrió (UNEN) anunció que demandará penalmente a la presidenta de la Nación y a funcionarios del Indec por "la desaparición social de los argentinos que viven en la pobreza".
Resultan disparatados los dichos del ministro Axel Kicillof para aventar el inevitable fiasco que hubiera producido retratar la realidad tal cual es. Ese funcionario tildó de ridícula la creencia de que aumentó la pobreza porque -dijo- se duplicó el PBI y se crearon seis millones de empleos. Es que, precisamente, no se trata de una creencia, sino del resultado de numerosos estudios conocidos en las últimas horas, que refutan con argumentos serios la manipulación a la que constantemente intenta someter el Gobierno a los argentinos.
Algunos de esos estudios indican que la pobreza subió al 27,5% el año pasado -creció un punto respecto de 2012- como consecuencia de la recesión y de la inflación, mientras que la indigencia descendió levemente, merced a la suba de entre el 35 y el 38% que recibieron la Asignación Universal por Hijo y algunas otras pensiones estatales que representan proporciones elevadas de muchos grupos familiares, que, como contrapartida, no pueden acceder a un empleo digno o estable, según informó a LA NACION el jefe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia.
Otro análisis, correspondiente al Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que coordinan Claudio Lozano y Tomás Raffo, con el asesoramiento de técnicos desplazados del Indec, arribó a la conclusión de que uno de cada cinco chicos pasa hambre en el país y es el Chaco la provincia con más pobres, con un 46,4% de niños y adolescentes sin ingresos suficientes para comer. Precisamente, ese distrito fue gobernado por Jorge Capitanich desde fines de 2007 hasta que pidió licencia para ser el actual jefe de Gabinete.
Pero hay más. El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) precisó que "el aumento del tamaño del Estado no generó inclusión social" y reveló los datos de pobreza aportados por el Indec sobre la evolución del gasto público, difundidos por el Fondo Monetario Internacional entre 2004-2013. Esas cifras arrojan que por cada 100 mil millones de pesos de aumento del gasto público, la pobreza -según los datos oficiales- se redujo a razón de apenas un punto porcentual. Y que el despilfarro de ese gasto creció 64% más que la inflación.
Respecto de los presuntos "problemas de empalme" que, según las autoridades, impiden dar a conocer el índice de pobreza, Juan Carlos Abril, del Instituto Interamericano de Estadística e investigador del Conicet, fue claro: "A partir de que se anunció el nuevo índice de precios al consumidor, con el dato de enero, no se puede tardar más de un mes en hacer ese empalme. La metodología no es lo complejo; el problema es a partir de qué datos se aplica dicha metodología".
También un informe del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT no oficialista da cuenta de que en el último semestre de 2013 la pobreza ascendió al 30 por ciento, lo que representa unos 12 millones de pobres en el país.
A todo esto se agregan los dichos del presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, Jorge Lozano: "Hay sectores que crecieron mucho económicamente", pero ese avance -dijo- "se concentró en pocos bolsillos y sólo se distribuyó una parte. El camino para superar la pobreza es el trabajo debidamente registrado y con un salario justo. Los planes sociales son para atender las necesidades más urgentes".
Por lo que puede apreciarse de este sintético repaso, el Gobierno tiene un grave problema de percepción de la realidad o, lo que es más probable, de respeto por sus gobernados. Según Kicillof, "quienes hacen estas afirmaciones -que sitúan los índices de pobreza muy por encima de los oficiales, que ahora ni siquiera se difunden- son los que deberían explicar cómo llegan a semejantes conclusiones". Curiosa frase la del ministro, que se niega a explicar la sistemática deformación de datos del Gobierno cuyos números maneja con total desprecio y desconocimiento de sus obligaciones éticas y legales.
El Gobierno ha decidido esconder la pobreza bajo la alfombra, negar a los pobres, desconocerlos. Ha optado por una política de ocultamiento criminal, en tanto condena a muchos de los sectores más vulnerables del país a quedar excluidos a la hora de planificarse las políticas sociales a partir de datos falsos y diagnósticos imprecisos. Ha elegido, por ende, el peor de los caminos.
