La última gran muestra de hipocresía o doble discurso sucedió hace dos días, cuando el secretario de Seguridad, Sergio Berni, cruzó al ministro de Defensa, Agustín Rossi, para aclarar que la Argentina no puede ser considerada un país productor de cocaína.

Pero la costumbre de mentir, de ocultar o falsear información no empezó la semana pasada, sino en 2006, cuando se empezaron a manipular las estadísticas oficiales. Esa mentira es la madre de todos los engaños. Y no sólo es injustificable. También explica el aislamiento internacional y la falta de créditos que necesita el país. Fueron tantos años y tan burdo el ardid, que la semana pasada, cuando se dio a conocer el nuevo índice, más cercano a la realidad, presentado por dos de los autores intelectuales de los crímenes, algunos distraídos lo recibieron casi como si se tratara de la milagrosa conversión de un asesino o un violador. Y lo peor es que no fue una mentira inconsciente, sino un falseamiento a sabiendas. Hace tiempo discutí el asunto con uno de los economistas del Grupo Fénix que defendía el modelo. Él, sin negar la maniobra, la justificó así: "Es un acto patriótico de [Guillermo] Moreno. Los índices del Indec nos permiten ahorrar miles de dólares que les tendríamos que pagar a los tenedores de bonos de la deuda". Otro ex conspicuo miembro del equipo económico que ahora es legislador, a quien me encontré por la calle de casualidad, ensayó la misma excusa que luego presentaría Cristina Fernández en su recordada visita a la Universidad de Harvard. Me explicó que todos los países del mundo manipulan o falsean un poco las estadísticas. Incluso los Estados Unidos. Y que si fuera cierto el cálculo de las consultoras o el índice del Congreso, la Argentina ya estaría "volando por los aires". La discusión sucedió antes de las elecciones de octubre que la Presidenta ganó con el 54% de los votos. Le pregunté si el volar por los aires no sería sólo una cuestión de tiempo. Me sugirió que no me preocupara. Que antes de pagar las consecuencias, el Gobierno iba a encontrar la fórmula para corregir las mediciones sin dañar "el modelo nacional y popular de matriz diversificada con inclusión social" y la mar en coche. Como se sabe, ahora todos estamos rezando para que la Argentina no vuele por los aires, entre los vaivenes del precio del dólar, la recesión con altísima inflación, las paritarias y la amenaza de empezar a perder puestos de trabajo.

Lo mismo pasó con el ahora crónico problema de la inseguridad, que le pegó en la cara y en el cuerpo a Néstor Kirchner después del brutal asesinato de Axel Blumberg, en abril de 2004. La inseguridad no fue reconocida ni mencionada como problema central sino hasta diciembre de 2010, cuando los sucesos del Indoamericano hicieron que Cristina designara a Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad, mientras les echaba la culpa de los muertos a Mauricio Macri y a la Santísima Trinidad, pero nunca a la subestimación o el ninguneo del flagelo. También en esto mintieron a sabiendas, motivados por el cálculo político. Es que Kirchner y la Presidenta siempre pensaron que, si conseguían trasladar la responsabilidad de la inseguridad a los gobernadores, su imagen pública no se deterioraría y podrían gobernar la Argentina sucediéndose de manera alternativa. Lo que pasó con el levantamiento de la policía de Córdoba en diciembre pasado nos ilustra sobre las consecuencias de semejante especulación. Cualquiera diría que sucedió hace un siglo. No pasaron ni siquiera dos meses. Y no estaría de más recordar sus consecuencias. Más de una docena de muertos. Policías que abandonaron sus puestos de trabajo y se transformaron en saqueadores. Aumentos salariales de más del 30% obtenidos "a punta de pistola". Gendarmes que evitaron una verdadera masacre en Tucumán cuando se interpusieron entre los policías y los vecinos, quienes les echaban en la cara su repentina metamorfosis, de huelguistas a represores de la gente.

Aquellas escenas también pueden servir para dimensionar los estragos que está produciendo el narcotráfico en la Argentina. Las más altas autoridades de la policía de Córdoba, pero también la cúpula de la de Santa Fe y algunas divisiones de la bonaerense han sido penetradas y contaminadas por los barones del narcotráfico que ahora operan en el país. Por otra parte, Berni no miente (del todo). Aquí no se cultiva ni cocaína ni marihuana, porque no existen condiciones geográficas ni climáticas para hacerlo. Pero Rossi es más certero cuando admite que la Argentina debe dejar de ser caracterizado sólo como un país de tránsito porque aquí sí, ahora mismo, se elabora, se procesa y se consume cocaína y marihuana a niveles extraordinarios, si se los compara con los datos de una década atrás. Soldado de la causa K, incondicional de la Presidenta, Berni jamás repetirá lo que piensa y lo que sabe de verdad. Él piensa que la Sedronar nunca sirvió para nada, porque ni combatió en la práctica al narcotráfico ni fue eficiente en la implementación de políticas de contención de adictos. Cree que, en efecto, la Argentina es un paraíso irresistible para los narcos colombianos, porque pueden lavar dinero de la droga, instalarse sin ser detectados, residir en las lujosas mansiones de los barrios cerrados de la zona norte del Gran Buenos Aires y mandar a sus hijos a los colegios más caros, mientras compran y venden empresas y propiedades por debajo del radar de la Unidad de Información Financiera de José Sbattella y también de la AFIP de Ricardo Echegaray. Berni cita al ex jefe del cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria, para sostener que la policía nunca podrá combatir el narcotráfico.

¿Cómo entran los narcos con tanta facilidad a la Argentina? Berni intuye que el gobierno colombiano los quiere lejos de su país y que entonces les limpia los antecedentes para que se vayan. Berni sabe que Cristina Fernández se lo reclamó, de manera extraoficial, a su par de Colombia, pero que no tuvo respuesta positiva. Berni jamás colocará, de manera oficial, a la Argentina en la categoría que la puso Rossi, con la intención de perjudicar a su adversario político, el gobierno socialista de Santa Fe. Y no lo hará porque, si lo hace, el país será incluido por los Estados Unidos, entre las naciones que habrá que monitorear y castigar si no colabora en las políticas antidroga.

Cualquier parecido con la excusa para manipular el índice de inflación o con los argumentos para negar la catástrofe de la inseguridad no es pura coincidencia. Es la prueba de que este gobierno siempre encuentra un argumento para manipular o interpretar los hechos como más le conviene. Aunque en esta mentira nos entierre a todos.