Si bien está causando bastante impacto la nota de tapa de la revista The Economist, dedicada a la decadencia económica de Argentina durante el último siglo, el diagnóstico pudo ser peor de haber tenido en cuenta la nueva ley agrícola sancionada en el Congreso de EE.UU.. Porque los analistas coinciden en advertir que su efecto podría ser devastador en los precios de los principales commodities que exporta el país, complicando aún más los ingresos fiscales vía retenciones a las exportaciones agropecuarias.
La nueva ley agrícola estadounidense, conocida como Farm Bill, que fue aprobada hace diez y que reemplazó una legislación de 2008, ya comenzó a generar preocupación en el resto del mundo, principalmente en aquellos países que son grandes productores de materias primas. Porque a pesar de que se destinen u$s 16.500 millones menos a subsidiar al sector agropecuario de EE.UU. (respecto de la ley anterior), su monto total (casi un billón de dólares en los próximos diez años) sigue siendo gigantesco en comparación con los recursos con que cuentan los demás países productores de commodities, a excepción de la Unión Europea (UE), que destina un poco más de la mitad de esa suma en ayudas al agro.
Si bien EE.UU. y la UE subsidian a su sector primario desde hace décadas, el problema que plantea la nueva Farm Bill es que se protegerá a los productores estadounidenses de los riesgos naturales (sequías o inundaciones) y de los riesgos financieros relacionados con la evolución de los precios de los productos básicos.
La ley brinda dos opciones de programas de ayuda al sector, para que cada productor elija la que más le convenga. La conocida como Agriculture Risk Coverage garantiza el subsidio cuando el ingreso del productor caiga por debajo de un valor promedio, mientras que la Price Less Coverage asegura un precio mínimo de cosecha fijado por la ley para cada cultivo. Este paquete incluye además una mayor partida presupuestaria para los seguros agrícolas, que contempla un subsidio equivalente al 70% de la prima que paga el agricultor por su póliza contra todo riesgo y que representa más del 80% de la producción total asegurada del país.
Si bien los precios que se tomarán como mínimos son menores a los actuales, siguen siendo superiores a los de antes del inicio de la burbuja especulativa que se inició en 2006, cuando el valor de la tonelada de soja estaba en u$s 312 (hoy vale u$s 526), la de maíz en u$s 148 (u$s 203) y en u$s 203 la de trigo (hoy a u$s 293).
El problema es que con esta nueva ley los productores dejarán de arbitrar entre los distintos cultivos según los precios mundiales, sino que lo harán en función de los seguros y garantías de ingresos que reciban. Es decir que si el precio de un commodity cae demasiado, la producción no se ajustará de la misma manera porque el agro de EE.UU. (uno de los mayores productores mundiales) seguirá produciendo por encima del valor de equilibrio y, por lo tanto, la sobreproducción podría impulsar aún más los precios hacia abajo.
A la hora de evaluar los efectos dañinos para el comercio internacional, más importantes que los desembolsos que efectivamente se realicen en concepto de subsidios agrícolas resultan los incentivos al aumento de producción que se generan. Debido a que en el mundo real existe cierto grado de incertidumbre y los productores son aversos al riesgo; esta ley, al cubrirlos de las variaciones en sus ingresos por cambios en los precios y los rendimientos, los incentiva a producir cantidades superiores a las que hubieran producido de no mediar la misma, afirmó Agustín Tejeda, economista en Jefe de la Fundación INAI (think tank fundado por las principales bolsas de cereales de Argentina), en un informe publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario.
Dado que EE.UU. es uno de los principales productores y exportadores de productos agrícolas del mundo, la sobreoferta provocará cambios significativos en el volumen y la dirección del comercio mundial, así como un descenso (o un menor aumento del que tendría lugar sin estos programas) de los precios internacionales de los commodities agrícolas, agregó.
Tras ser aprobada la Farm Bill, el Presidente Barack Obama sostuvo que este proyecto de ley otorga seguridad a los agricultores y criadores de ganado de EE.UU. y contiene una serie de reformas que mi administración pidió en repetidas ocasiones, entre ellas la eliminación de los subsidios agrícolas directos o prestaciones de asistencia a los agricultores cuando más precisaban.
El problema es que en realidad la nueva ley sigue teniendo subsidios encubiertos, bajo la forma de seguros agrícolas o de otro tipo de ayudas indirectas (antes se hacían pagos directos a los productores), como el programa Food Stamps, destinado a las familias de menores recursos. Este programa, que entrega vales de comida mensuales por u$s 167 en promedio a 47 millones de estadounidenses, también es considerado como un subsidio a la industria agroalimenticia de EE.UU. y a las grandes cadenas de supermercados.
Como indicó Tejeda en su informe, la nueva ley agravará sus efectos nocivos en los países en desarrollo que originan productos básicos. Sus agricultores deben competir en desigualdad de condiciones con los de países que subsidian su producción. Los descensos en los precios internacionales algunas veces tornan inviable la producción, afectando sobre todo a aquellos países en donde la gran mayoría de los pobres son campesinos. Países con condiciones naturales para la producción y exportación de productos agrícolas hoy se han convertido en importadores netos de alimentos.
