Se trata de un proyecto preparado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) en colaboración con las universidades de La Plata, de San Martín, del Sur y de Buenos Aires.

En abril de 2011 el organismo bonaerense realizó una primera audiencia y durante ese año se completó una serie de talleres en los lugares con mayor concentración de zonas por proteger: la del Delta y los talares de Barranca (norte provincial), el Bosque Ribereño (costa sur del conurbano), Caldenal y Monte (sudoeste provincial) y los Talares del Este (de Magdalena hasta Mar del Plata).

Según los estudios realizados se pretende conservar un millón de hectáreas que serán divididas en tres categorías, conforme el valor ambiental y los servicios que preste el área. Se trata de un proceso imprescindible, ya que la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos estableció una moratoria a los desmontes hasta que cada provincia realice un ordenamiento territorial de bosques nativos participativo; la obligatoriedad de un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte; el respeto de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas sobre los bosques que utilizan, y la prohibición de la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o aprovechamientos sostenibles de bosques nativos.

Resulta esencial comprender que la definición de bosques nativos no aspira a una mera caracterización y cuantificación de árboles, sino que responde a un criterio ecosistémico donde concurren especies arbóreas nativas, con diversa flora y fauna, y el medio que las rodea, conformando entre sí una trama interdependiente con características propias. Es esta complejidad la que ha demorado seguramente a la autoridad: la ley nacional de bosques nativos, sancionada a fines de 2007, estableció que en un año las provincias debían realizar el ordenamiento de los bosque nativos en sus territorios. El plazo se ha extendido, pero es un proceso que debe completarse a fin de definir a la mayor brevedad los deberes y derechos de los propietarios de tierras, ya que la norma ha establecido una moratoria absoluta a los desmontes hasta tanto sea completado el proceso.

Es cierto que algunos sectores productivos han intentado evitar esta prohibición o incluso han presentado reclamos judiciales para evitar la aplicación de una ley que, en la práctica, ha paralizado en forma tajante la tala de arboles. Pero teniendo en cuenta la importancia de una norma que refleja un alto nivel de consenso social (se ha generado con la participación de más de treinta organizaciones sociales que entregaron en el Senado un millón y medio de firmas para reclamar el urgente tratamiento de la ley) y que se trata de un hecho extraordinario como la protección de la masa de bosques nativos remanentes, resulta necesario impedir cualquier tala que podría implicar la pérdida de bosque nativo. Si por vía judicial se permitiera algún desmonte, se produciría una intromisión de un poder del Estado en la competencia de otro en un tema que requiere un especial conocimiento del área. Es que los bosques nativos de esta región poseen un muy alto valor de conservación, ya que se encuentran involucradas especies que son consideradas escasas o prácticamente ausentes.

En una provincia esencialmente productiva resulta fundamental comprender los valores y el carácter especial de estos bosques por su importante función protectora de cuencas y por su contribución a la conservación de la biodiversidad del área.