Pero fue el Estado el primero que lo incumplió. Plenamente, el acuerdo rigió desde el 6 de enero pasado, día de los Reyes Magos. Pocos días después, cuando se cumplían 25 años del copamiento del cuartel de La Tablada, el Gobierno aplicó una devaluación de cerca de 25 por ciento.

El mensaje a los empresarios que habían firmado los acuerdos fue enviado por el ministro y el secretario de Comercio, Augusto Costa: "Los vamos a convocar, vamos a hablar en marzo". Hasta entonces, quien no cumpla será multado.

El Gobierno no para de dar sorpresas. Hasta hace poco, decía que los precios no aumentaban. Ponía multas altísimas y perseguía penalmente a los que decían lo contrario. Ahora dice que los precios suben. E incita al escrache y a la persecución de comerciantes. Y quiere que las multas sólo puedan recurrirse en la Justicia luego de pagarlas. Rápidamente apareció un proyecto de ley del senador Aníbal Fernández para tratar de materializar las pretensiones de la Presidenta.

La idea es el solve et repte . Pagar y después pedir el reembolso. Y si el Estado no tenía razón, devuelve el dinero. Es así, dijo Cristina Kirchner, porque el Estado es solvente. ¿Alguien puede imaginarse que el Estado no devolverá?, es el argumento de la Presidenta que mantiene hace doce años el default de la deuda con el Club de París, que agrupa a varios de los países más poderosos del planeta. Es el mismo gobierno que falsificó los índices de inflación para pagarles menos a los tenedores de bonos. Y el mismo que desoye los fallos de la Corte Suprema que ordenan pagarles más a los jubilados que ganaron litigios.

Si las cosas fueran como la Presidenta quiere y Aníbal Fernández busca permitirle, todos los multados por Guillermo Moreno por decir que había inflación habrían debido pagar y ahora deberían pasar años para tratar de recuperar el dinero, porque la Justicia no le dio la razón al Estado ni en una sola de las causas abiertas. Uno de los perseguidos fue el economista y consultor Miguel Bein, elogiado en los últimos días por Cristina Kirchner.

Que una sanción decidida por un oscuro funcionario no pueda discutirse sin pagarla es, como mínimo, una vía extraordinaria para coimas y corrupción, y como máximo, una política de destrucción de los derechos humanos de un gobierno que se vanagloria de defenderlos.

Todos los precios han quedado desactualizados tras la devaluación. El sector de los combustibles es uno de los que ofrecen problemas. El deseo de Kicillof de establecer un "dólar petrolero", más barato que el verdadero, mostró una vez más su enorme ignorancia sobre los temas en los que pretende decidir. Los primeros en poner el grito en el cielo fueron los gobernadores de las provincias productoras, que no quieren resignar más regalías.

No es la primera vez que Kicillof mete la pata. Apenas expropiada YPF, se indignó con la anterior conducción: "Estos tipos importaban hasta arena". El latiguillo fue repetido en cadena por la Presidenta. Un petrolero que admira al conductor de YPF, Miguel Galuccio, y que la escuchaba con atención se tomó la cabeza: "¡Lo está escuchando más al ignorante de Axel que a Miguel!". La arena importada era un producto especial que sólo se hace en pocos lugares del mundo y los montos son irrelevantes para la petrolera y la economía argentina.

Mientras se dice que el Gobierno quiere atraer inversiones extranjeras, la norteamericana Apache se fue del país. Vendió sus negocios a YPF y a Pluspetrol. Un mercado que necesita más jugadores ahora tiene menos.

Galuccio parece haber comprado el potencial y todos los estudios que tenía Apache, incluso en Vaca Muerta. Y hace más atractiva la compañía para que vengan socios. YPF ya tiene asociaciones con Pluspetrol y también la estatal Enarsa. Galuccio se asegura, descuentan en el mercado, el precio de 7,5 dólares por millón de BTU para el gas, que el Gobierno no quería darle a Apache. Curiosa maniobra: tener que comprar una empresa extranjera para atraer al capital extranjero a asociarse con YPF.

Como en la canción de Sting, pareciera que los dólares del exterior hay que dejarlos libres y esperar a que vuelvan. Son las maniobras a las que se ve obligado Galuccio por las torpezas de la política. Todos los días tiene que demostrar que se merece el apodo de "mago".