El de los funcionarios también, recuerda el economista Juan Carlos de Pablo. Entonces sería mejor que lo dedicaran a lo más importante. A lo que los ciudadanos no pueden hacer por sí.

Un camión circula kilómetros en contramano por la ruta más importante de la provincia. El conductor está borracho. Al menos ocho denuncias de testigos no son atendidas por la policía, que está marcada por una combinación de acusaciones: atentados contra los derechos humanos y uno de los niveles de inseguridad más preocupantes. La Presidenta anunció en 2008 el envío de la Gendarmería. Los resultados, a la vista.

El gobernador Francisco Pérez estuvo ocupado en los últimos días en anunciar que su gobierno no permitirá que el vino se abarate. Comprará para evitar que baje de precio y se perjudiquen los productores. Un banco central, pero del vino.

Los muertos en el siniestro vial necesitaban que el Estado se ocupara de lo que ellos no pueden hacer: detener al camión y evitar que el conductor vuelva a tomar el volante.

La Argentina tuvo hasta los años 90 un banco central del vino, cuando su industria era una grandiosa fábrica de productos que ya pocos querían consumir. El gobierno fijaba un precio mínimo sin compradores. Y liberaba la comercialización en cuotas inferiores a la producción. Los bodegueros impedidos de vender porque no tenían cuota tenían los tanques llenos de un producto que nadie quería. Y no podían producir al año siguiente.

Entonces se los guardaba el Estado, en el "banco central" del vino. Guardaba una reserva de algo que no tenía clientes. Cuando esa locura terminó, la industria se reconvirtió y se volvió competitiva. El ejemplo tal vez sirva a quienes quieren la vuelta de las juntas nacionales de granos y de carnes.

El tránsito tiene que ser mucho más regulado que los mercados de bienes, porque, si no, rige de manera espantosa la ley del más fuerte.

En los mercados de bienes donde es posible la competencia, el Estado debería asegurarse de que ésta existe. En lugar de eso, las mismas autoridades que no pueden controlar que un motociclista circule usando casco quieren regular el precio del azúcar.

Hay una ley nacional que dice que es un delito que los comerciantes, productores y mayoristas se pongan de acuerdo para fijar precios. Pero es el Gobierno el que los convoca para que, con la conducción de funcionarios, acuerden precios. Nadie se escandaliza y no hay un solo funcionario judicial interesado en saber si no se estará cometiendo aquel delito en esos encuentros.

La policía mendocina tuvo en los últimos años una costumbre poco edificante. En algún lugar de una ruta nacional importante donde se generaban congestionamientos y situaciones peligrosas no acudía a prevenir. Escondía móviles para sorprender a los infractores y los multaba aplicando una ley provincial, que no rige en territorio nacional. Un mecanismo controversial, meramente recaudatorio, que incluía permitir primero que se produjeran las infracciones y el riesgo. Es la misma policía que no habría hecho caso de las alarmas acerca del camión homicida.

Los récords de recaudación que muestra la AFIP indican que el Estado nunca fue tan efectivo para lograr que la ciudadanía contribuya al sostenimiento del Estado. Bueno sería que esa eficacia se devolviera también en la forma de servicios.

La Presidenta tiene, como todos, escaso tiempo para ocuparse de problemas de la ciudadanía. Más ahora, que debe regular su actividad por motivos de salud. ¿Será discutir si el fútbol lo va a relatar Marcelo Araujo o Sebastián Vignolo lo más importante que tiene para hacer?

La escuela venezolana ofrece ejemplos muy preocupantes: puesto que el presidente Nicolás Maduro no logra que su país no tenga un altísimo grado de criminalidad, meterá presos a los periodistas que informen sobre los delitos.

En la Argentina, con una organización económica correcta, los funcionarios tendrían tiempo para lo verdaderamente importante. Hace pocos días la Presidenta anunció que tanto el jefe de Gabinete como el ministro de Economía estaban dedicados a la formación de una canasta escolar.

Los muertos en la catástrofe vial estaban pagando impuestos como si fueran alemanes. Pero perdieron la vida en la clase de horror, muestra de la ineficiencia pública y la descomposición estatal, de la que hasta no hace muchos años sólo habrían tenido noción por medio de noticias de la India o algún país de los más atrasados de África.