La originalidad de algunas denuncias contra demasías de la política oficial argentina se está poniendo a la altura de los hechos de más excéntrica intolerancia con los que esa política se manifiesta. En el Senado de los Estados Unidos, en medio de críticas a la Argentina, tanto de senadores demócratas como republicanos, se alzaron voces para referirse a nuestro país de una manera muy poco frecuente en ese ámbito, augurándole una muy pronta crisis económica y señalando como una de sus peculiaridades que es un país que no cumple con sus deudas.
Pero hay juicios, por implacables que fueren, que tienen, en principio, un valor circunstancial, reflejo de estadios que pueden enderezarse. Basta sumar suficientes voluntades hacia objetivos de compromiso con la democracia, la República, la organicidad de una sociedad dispuesta a privilegiar la libertad y el imperioso y efectivo deseo de un progreso sustentable en el tiempo. Así lo prueba en la Argentina la forma en que va madurando la comprensión de que no alcanza con la crítica para desarmar el estado de cosas que causa honda preocupación respecto del porvenir.
Como ha ocurrido en otros momentos de excepción, ha comenzado un proceso de armonización de posiciones entre sectores diversos de la actividad nacional, que declinan recelos y, en algunos casos, superan rencillas con no lejanos ecos, a fin de coordinar proposiciones superadoras del contexto que los abruma por igual.
Salvo un pequeño círculo de fanáticos y aprovechadores en los que prendió la vieja teoría schmittiana de que lo único que importa es la acumulación de poder, la inquietud por la evolución política, económica y social es generalizada. Se percibe ahora en figuras y corrientes actuantes en el primer plano del oficialismo gestado en 2003. La notoriedad del dato ha teñido con nuevo color el verano de 2014.
Cada uno se expresa como puede y según lo dicta la propia conciencia. Debe escuchárselos a todos. La tolerancia que se reclama por oposición al arrogante autoritarismo de diez años mal podría discriminar a nadie. Menos, en un ámbito ávido de proposiciones concretas para salir del lodazal suficientemente descrito. Debe prevalecer, sin embargo, un juicio apropiado para evaluar sobre qué bases, a partir de qué principios, en qué dirección habrán de ponerse en marcha las proposiciones compartidas para abrir al fin un ciclo de restauración de los valores esenciales que identifican a una nación y la proyectan con voluntad de grandeza hacia el futuro.
Ese juicio debe comenzar por el señalamiento de que no podría haber sido más auspicioso el documento La hora de la convergencia, aprobado por casi una treintena de entidades del mundo agropecuario e industrial y con el acompañamiento, entre otras de perfil más académico, como IDEA; profesional, como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, o con una visión decididamente ecuménica, como la Comisión Justicia y Paz del Episcopado.
La primera definición del documento ha sido que resulta imperativo "el cumplimiento estricto de la Constitución". Que no haya dudas, pues. En primer lugar, que no las haya para un gobierno que, habiendo gobernado en "emergencia económica", procurado avasallar a la Justicia y atemorizar a cuantos han opinado en sentido contrario a sus intereses volubles, teatraliza a diario la superstición de que hay complots para destituirlo. Nadie con algún grado de representatividad social procura el quebrantamiento de la Constitución. Por el contrario, lo que cunde es la alarma por contener el riesgo de que la impericia y obcecada persistencia en el error dificulten al Gobierno hacerse cargo de sus responsabilidades hasta el fin del mandato conferido por voluntad popular.
Nadie podría interesarse con sensatez y sentido de lo ecuánime en acortarle el tiempo para que introduzca las rectificaciones que urge introducir en el malhadado "modelo" y pague por ello el justo precio, que sí pagarían quienes han de sucederlo.
El Foro de Convergencia Empresarial, en cuyo seno se ha gestado aquel documento, ha acertado en la definición de que el problema la crisis, para decirlo con limpieza que agobia al país es de carácter político. No en el sentido de que la responsabilidad por lo que sucede es de los dirigentes políticos, sino de todos aquellos que, teniendo a su alcance la posibilidad de gravitar en el destino nacional, retacean la colaboración por pereza o cobardía. Aun así, esa convergencia se ha manifestado con amplitud de espíritu, advirtiendo que es necesario dejar que el tiempo obre de conformidad a estilos propios e, incluso, agregamos por nuestra parte, en función de las hipotecas morales que traban a ciertas entidades que han sido en exceso obsecuentes con el desvarío reinante.
El Foro se ha abierto a otros sectores de la sociedad. Ha tenido un primer diálogo con el sindicalismo congregado en la CGT acaudillada por Hugo Moyano. Vendrán luego otros encuentros animados también por la decisión de afinar coincidencias respecto de políticas públicas urgidas de amplios acuerdos programáticos. Sin ellos, la Argentina persistirá en la nefasta condición de país imprevisible para propios y extraños. Como otros sectores que apelan al consenso, la Unión Industrial Argentina (UIA) ha coincidido en poner de manifiesto la necesidad de que el Gobierno inicie un diálogo con todos los sectores. Lo mismo solicitó el senador Ernesto Sanz, presidente del radicalismo.
Celebremos, pues, estos ejemplos de convivencia cívica activa. Lo hacemos con la esperanza de que sirvan de emulación en el campo en exceso fragmentado de las fuerzas políticas, unas ajenas al peronismo, otras provenientes de su seno, que ansían por igual protagonizar una instancia superadora para esta Argentina maltratada y desunida por largo tiempo.