Hay más imágenes: la de los abogados de una empresa -Nidera- que deben redactar un escrito judicial para solicitarle a la Justicia un recurso de amparo que anule la suspensión de su CUIT porque, simplemente, exportaron trigo con el ROE correspondiente.

Hace siete meses fue la propia presidenta Cristina Kirchner quien expresó que el trigo era importante para el Gobierno. Lo hizo cuando anunció el decreto 516 que ordenaba la creación de un fideicomiso para devolver a los productores el monto correspondiente a los derechos de exportación del cereal, con el propósito de incentivar la siembra del cultivo.

Con esa norma el Gobierno pretendió emitir una señal de que había que revertir el retroceso del área sembrada ya que la campaña 2012/13 había estado entre las peores del último siglo. Ahora, con la cosecha avanzada de la actual campaña, ni Economía ni Agricultura definieron el volumen exportable. "Sólo los molinos compran, y hacen a 30 días, cuando un exportador lo hace a las 72 horas", explicaba un productor sobre los perjuicios económicos de la restricción.

El nuevo cepo al trigo es fruto de la sospecha de una conspiración. En el Ministerio de Economía creen que los exportadores demoran la liquidación de las ventas de soja pese al acuerdo que alcanzaron para adelantar US$ 1820 millones a cambio de una letra del Banco Central. Los propios exportadores aclararon que en esta quincena prevén un ingreso de divisas por 545 millones de dólares y que si la liquidación no es mayor es por la demora de las ventas de los productores. Esta lentitud tiene su lógica en un contexto de inflación real de un 25% y de la aceleración de la devaluación. Sin embargo, los propaladores del relato hablan de la "especulación de los sojeros".

A los mismos exportadores que el Gobierno necesita para que ingresen divisas que lo ayuden a enfriar el blue se los castiga con un pago a cuenta de Ganancias. Si alguien quisiera encontrar una mejor forma de pegarse un tiro en el pie no habría cómo hacerlo.

Esas mismas contradicciones son las que se reflejan cuando el Gobierno intenta mostrarse activo frente a una eventual suba de precios en el mercado interno. Lanzaron una amenaza de importación de tomates después de escuchar a un supermercadista experto en carnes. Les faltó consultar al eslabón más importante de la cadena: los productores. Cuando lo hicieron dieron marcha atrás en la amenaza.

Una llamada telefónica a los técnicos del Ministerio de Agricultura les hubiera alcanzado para informarse de que en esta época ingresa en el mercado la oferta del cordón hortícola bonaerense y que el canal minorista más importante para los tomates no es el de los supermercados sino el de las verdulerías. Son datos simples de la realidad que no están en los libros de John Maynard Keynes.

Más allá de las situaciones de temporalidad y de problemas climáticos, el verdadero problema de fondo sigue siendo la inflación, generada por la creciente emisión monetaria y el aumento del gasto público. Pero esto es herejía para el credo oficial.

Pese a las contradicciones y al desconcierto hay un tibio reconocimiento a la existencia de algunos problemas. Pasado mañana se reunirá la Mesa de Ganados y Carnes en el Ministerio de Agricultura a la que fueron invitados los técnicos de las entidades gremiales de productores. Distintos funcionarios reconocieron ante exportadores que había que aumentar el porcentaje de producción de carne con destino al mercado externo, que hoy está en el 6%, para llevarla al 20 por ciento.

Se está evaluando un incentivo impositivo a la retención de novillo pesado y se exigiría el cumplimiento del peso mínimo de faena. Los exportadores creen que como mínimo se podrían incrementar las exportaciones de 2014 en cien mil toneladas más que las de 2013. Para eso, además de las medidas para la ganadería, el Gobierno tendría que apurar el cumplimiento de la agenda exportadora, entre la que se destaca el cumplimiento de la "cuota hormonas" de la Unión Europea, la aprobación de China a la compra de carnes frescas y la apertura del mercado norteamericano.

Los frigoríficos exportadores reconocen que la devaluación les está devolviendo mínimamente la competitividad aunque están convencidos de que con la eliminación de las retenciones, por las que el Estado recauda apenas entre 140 y 150 millones de dólares anuales, el mercado externo volvería a entonarse.