Si hubiese que dar fe a cuanto se dice, con énfasis dogmático, en los más reputados mentideros políticos de la Capital Federal, el próximo viernes existirían fundados motivos para esperar el recrudecimiento de los saqueos y de una nueva ola de desorden y de vandalismo, esta vez con epicentro en el Gran Buenos Aires, según informaron los analistas políticos Massot y Monteverde en su informe semanal.

El run, run no ha parado de sonar después del caos generado en Córdoba, hace ya dos semanas. Si tiene algún asidero, más allá de la imaginación febril de los eternos catastrofistas, o si resulta pura acción psicológica, es materia sujeta a discusión.

Por supuesto que, dadas las actuales circunstancias, negarse a considerar la posibilidad de un rebrote de la violencia social sería insensato. Pero fogonear el anuncio con base en el hecho de que hay inquietud y que ese día se cumplen doce años de la crisis de 2001, que terminó haciendo añicos el sueño gubernamental de la Alianza, presidida por Fernando De la Rúa, suena exagerado.

No significa que hayan desaparecido, como por arte de magia, las causas generadoras de aquellos males. En absoluto. Sólo que todo el aparato de seguridad porteño y bonaerense, está sobre aviso de que algo, eventualmente, podría pasar. Con lo cual no existiría efecto sorpresa y sería muy difícil que, aun en el caso de que se desatase la violencia, la misma pudiera pasar a mayores.

Con sólo recordar que, antes de los incidentes que desataron el caos en Córdoba, el gobierno pensaba seriamente lanzar un acuerdo de precios y salarios con un tope de 18 % de aumento, cualquiera puede darse una idea de cuánto ha cambiado el panorama y cuán irreal es hoy el porcentaje en el cual habían pensado Jorge Capitanich y Alex Kicillof.

No se necesita ser un economista ni un fino analista político para darse por enterado de que los aumentos que inevitablemente deberán otorgarse en el primer trimestre del año próximo terminarán incrementando la inflación hasta límites peligrosos. El Estado deberá recurrir a la máquina de hacer dinero. Después, claro, tendrá que asumir las consecuencias.

La impresión que, al respecto, dan los dos principales responsables tácticos del elenco gobernante (el jefe de Gabinete y el ministro de Economía) es que saben dónde están parados y, al mismo tiempo, son tantos los frentes abiertos que no saben bien para qué lado agarrar. Ello al margen de las rencillas y zancadillas que ya son la comidilla de quienes conocen las intimidades del poder.

Como quiera que sea, nadie está en condiciones de pronosticar con certeza qué sucederá en el curso del verano. El congelamiento de casi 200 productos que acaba de anunciar el gobierno y la intención de cerrarle la puerta a las paritarias hasta marzo, resultan un salvavidas de plomo. O es algo así como tratar de tapar el cielo con un harnero. Puede que el libreto ofrezca algún resultado. Pero dentro de dos meses nada habrá cambiado. Los problemas serán los mismos, sólo que la gravedad de la situación irá en aumento.

Mientras tanto, las encuestas siguen transparentando cuán grande es el rechazo de buena parte del país respecto de las políticas públicas de la administración kirchnerista, de Cristina Fernández y del hasta hace poco incombustible gobernador bonaerense, Daniel Scioli.

Casi 40 % de los consultados en un relevamiento hecho a nivel nacional piensa que la mayor responsabilidad, en cuanto a los desmanes de las últimas semanas, le corresponde al gobierno federal. Al mismo tiempo, la imagen de la presidente ha vuelto a descender 10 puntos.

La novedad mayor, con todo, la trajo una encuesta hecha por los especialistas que, en la materia, asisten al gobernador de Buenos Aires y, de ordinario, publican sus trabajos en uno de los principales matutinos del país. Las cifras son elocuentes. La intención de voto a presidente en el principal distrito electoral, dice esto: Massa, 33 %; Macri, 16 %, y Scioli, 15 %. Creer o reventar.