A pesar de esa situación, ni desde el oficialismo, ni desde los partidos de la oposición se escucha ninguna propuesta de política macro y sectorial que permita empezar a corregir las graves distorsiones económicas que está soportando el sector agropecuario, especialmente las economías regionales.

La idea es que se materialice lo antes posible una política para poder salir de la actual distorsión de precios relativos y volver a producir competitivamente, con el fin de aumentar las exportaciones que generen más dólares genuinos a las ecuánimes arcas del Banco Central.

Tanto el nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, como el ministro de Agricultura de la Nación, ingeniero Carlos Casamiquela, me consta que conocen muy bien el sector y saben perfectamente qué hay que hacer para permitirle al sector poder expresar todo su potencial de producción.

No lo digo por lo que hicieron en el último tiempo. Lo afirmo por sus amplios conocimientos del sector y el trabajo en cadenas productivas que se han desarrollado en el interior en forma incipiente, que serán las bases fundamentales de los clúster regionales para poder terminar con las erráticas políticas de concentración que explosionan cada diez años.

El diagnóstico de la capacidad de producción que tendría el sector agropecuario y agroindustrial ya está suficientemente definido.

Surgió en las conclusiones del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), como antes lo había realizado la Fundación Producir Conservando, entidad que sí definió que aumentando la superficie de siembra en 10% y usando las políticas que aplican los productores de punta, la producción del país podría superar las 150 millones de toneladas en pocos años, siempre que se lo acompañe con inversiones en infraestructura en general que se necesitan, para poder producir y exportar en forma competitiva al mundo.

Por lo tanto ¿Qué es lo que necesitamos definir para superar las 100 millones de toneladas y llegar en algunos años a las 150?

Lo que necesitamos es que se pongan de acuerdo en forma definitiva todos los sectores privados y los políticos, que es la única política que nos va a permitir llegar a dichas metas.

Es trabajando y produciendo con una economía abierta al mundo, con políticas cambiaras uniformes y competitivas, sin ningún impuesto distorsivo del federalismo y el funcionamiento pleno de una libre competencia de todos los actores.

En el mundo, el objetivo de producir y aumentar la producción de alimentos en cantidad y calidad no tiene ideología.

Está demostrado que cuanto mayores sean las exportaciones de cualquier alimento mejor vamos a atender el consumo interno con cantidad y calidad.

Por lo tanto mi propuesta para la actual coyuntura sería poder avanzar por lo menos en el aumento de la productividad en el ciclo 2013-2014 por un mayor uso de insumos sensibles.

Para darle una señal a los otros sectores productivos, habría que eliminar los impuestos por exportar -mal llamado derechos de exportación– a todas las producciones del país, salvo a la de soja, en la que se debería avanzar en una reducción escalonada en los próximos ciclos.

Dicha propuesta representaría solamente una reducción de ingreso por impuestos por exportar de 1700 millones de dólares incluyendo 200 millones de dólares por aplicación de los reintegros a las producción exportadas con valor agregado.

El sacrificio fiscal que representaría este incentivo del Estado se debería compensar con mayor endeudamiento internacional, como una forma de poder revertir en forma urgente la situación de quebrantos de todas las economías regionales como de las otras producciones, con la única exclusión de la producción de soja.

Sería una mejora muy importante para muchos productores y producciones y un mensaje muy concreto del nuevo gabinete de que empezó a cambiar política para el sector.

El interior no tiene más capacidad de pago y está trabajando con márgenes negativos, como lo saben muy bien los nuevos funcionarios.

Por Arturo Navarro
Fuente: Años de Campo