La sentencia de la Corte Suprema sobre la ley de medios entretuvo a la política por unos días, pero no resolvió los problemas que promovieron un amplio rechazo social en comicios tan recientes como ensombrecidos. Sin embargo, la discusión entre unos pocos por los hermetismos del poder no modificará la relación de fuerzas sociales, que condenó al oficialismo a una minoría electoral.

El Gobierno se distrae de esa constatación, pero no el peronismo. Digan lo que digan en público, la dirigencia peronista está más preocupada por cómo conservará el poder en 2015 que por los pobres combates de un gobierno que se irá. Una cuestión central para esos dirigentes consiste en impedir que se divida el voto peronista entre las candidaturas presidenciales de Sergio Massa y Daniel Scioli.

Ni Massa ni Scioli imaginan, por ahora, un escenario en el que los dos competirán internamente para unificar la oferta presidencial del justicialismo.

Un temor ampliamente difundido entre los peronistas es que esas dos candidaturas terminen por obligar al justicialismo a una segunda vuelta electoral en 2015. Creen que uno de aquéllos, Massa o Scioli, podría ser forzado a un ballottage contra Mauricio Macri o Julio Cobos. Y los asusta más aún la posibilidad de perder en la segunda vuelta. "Un sector creciente de la sociedad está midiendo los resultados del peronismo después de 20 años de gobierno. Y el balance no es bueno", dijo uno de los más conocidos dirigentes peronistas. La corporación peronista (si es que ésta existe como tal) está preparando los argumentos para presionar a los dos presidenciables. Debería ser uno o el otro, pero no los dos al mismo tiempo. Ni ellos saben si podrán con la pertinacia de dos políticos que tienen como capital las simpatías sociales y que creen, por lo tanto, que no necesitan los procónsules peronistas.

La Presidenta, todavía y durante un tiempo en estado de convalecencia, podría contribuir a ese debate y al propio sueño del peronismo de sucederse a sí mismo con otra fórmula. El problema es que su administración está paralizada, mientras crecen los conflictos de la economía y la inseguridad es un drama incesante para muchos argentinos. La economía, por ejemplo, la obligará a tomar decisiones importantes no bien reasuma sus funciones, aunque sea a media máquina. La ratonera en la que la metieron sus funcionarios económicos no le dará mucho tiempo para reflexionar sobre eventuales medidas.

Veamos el más apremiante. El nivel de reservas, poco más de 34.000 millones de dólares, es el más bajo desde que asumió la Presidenta, en 2007. La conducción económica de Cristina Kirchner no contó con la confianza de los argentinos ni siquiera cuando ella arrasaba en elecciones nacionales. Tal vez no se trata de desconfianza en ella, sino en la inopia intelectual de sus funcionarios. Lo cierto es que el Banco Central no dejó de perder reservas desde que Cristina se sentó en la poltrona presidencial. De todos modos, el actual y módico nivel de las reservas no sucedió ni siquiera durante 2008, cuando el conflicto con el campo provocó una larga parálisis de la producción agropecuaria.

La falta de dólares espolea muchos problemas. Se profundiza el cepo a las importaciones, sobre todo de los insumos indispensables para la industria nacional. El letargo industrial amenaza con el despido o la suspensión de muchos trabajadores. Y la escasez de productos empuja, a su vez, la inflación.

Es más que probable que en los próximos días el Gobierno tome decisiones sobre el dólar. La escasez de la moneda norteamericana no tiene más que dos soluciones: o se modifica la política económica y se crea confianza, o se profundizan aún más las ya absurdas prohibiciones para acceder al dólar. La Presidenta seguirá, seguramente, esta última alternativa. Está en su espíritu: nunca cambia, nunca acepta un error.

Es posible que las medidas que podrían tomarse restrinjan las compras en el exterior con tarjeta de crédito. En los primeros seis meses del año, se fueron del Banco Central más de 5000 millones de dólares por gastos en turismo en el exterior. Los argentinos antikirchneristas viajan incansablemente por el mundo subsidiados por lo que ellos llaman el "dólar Cristina". Esa práctica se limitará, aunque apartará a la Presidenta, aún más, de los argentinos trotamundos, casi todos pertenecientes a la reacia clase media.

El Gobierno prefiere, mientras tanto, alimentar a su clientela cautiva. El caso Papel Prensa, que involucra directamente a los diarios LA NACION y Clarín, fue reflotado por el descubrimiento de todas las actas de las juntas militares de la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció públicamente que en esas reuniones de la jerarquía militar se habló de la empresa que fabrica papel para diarios, aunque no hizo ninguna autocrítica por la demora de 10 años de su gobierno en encontrar esos documentos. ¿Qué impidió el descubrimiento de esas significativas actas si éstas estaban en un desván de trastos inútiles? El hallazgo, importante sin duda para establecer definitivamente qué pasó, cómo se gobernó en el período argentino más dramático del siglo XX, coincidió con la resolución de la ley de medios por la Corte Suprema de Justicia. ¿Pura causalidad?

No es una novedad que la cúpula militar de entonces trató el asunto Papel Prensa, que había sido anteriormente propiedad de la familia Graiver, luego perseguida y sometida a inhumanos tormentos. Una precisión es indispensable: la operación de compra de la empresa por parte de los diarios sucedió seis meses antes de que la familia Graiver fuera detenida y torturada por los militares. Después de la detención de los Graiver, el entonces investigador militar de la familia, el general Oscar Gallino, pidió por nota la intervención de Papel Prensa porque consideraba que todavía podía estar en manos de la familia Graiver o "de testaferros". Los diarios habían comprado la empresa 10 meses antes. La empresa fue intervenida seis meses después del pedido de Gallino.

En esas actas de los caciques de la dictadura, el Gobierno podría encontrarse con una sorpresa. Un sector militar sostenía la misma posición que el actual gobierno: Papel Prensa debía ser del Estado para que el gobierno uniformado tuviera armas reales de presión sobre los diarios. El debate militar fue largo e incluyó hasta amenazas de muerte contra directivos de LA NACION y Clarín. La experiencia de Franco en España había sido exitosa: con el poder de la importación de papel para diarios en sus manos (España no tenía producción nacional de ese insumo esencial), el dictador había disciplinado a toda la prensa durante casi 40 años.

Es probable, con todo, que las urgencias del presente eyecten a la Presidenta de su vocación por la historia parcial.