Fue la oportunidad elegida para divulgarlo: apenas 48 horas después de la nítida derrota del gobierno de Cristina Fernández en las legislativas del 27 de octubre.

Un gesto que, objetivamente, descolocó a la oposición triunfante y cambió, al menos por ahora, el eje de la agenda pública.

Tan ostensible resultó ese movimiento que hasta las caras ocultas del cristinismo salieron de nuevo a la luz. Guillermo Moreno, en un reportaje, negó que exista inflación y que esa inflación constituya un problema. Luis D’Elía reclamó con su estilo borgeano que la aplicación de la ley de medios al Grupo Clarín se haga “con un cuchillo de carnicero”. Por otro andarivel, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció el hallazgo de carpetas –con olor a naftalina– de la época de la dictadura. En ellas figuran nombres de políticos, artistas e intelectuales perseguidos por el régimen.

Todos esos nombres ya se conocían.

El funcionario no se ocupó, en especial, de ninguno de ellos. Prefirió hacer mención a un acta de la Junta Militar en el cual se hablaría de la empresa Papel Prensa y de David Graiver, su ex propietario. Graiver fue secuestrado y asesinado por los militares. El Gobierno lleva adelante una causa por la compra accionaria de Papel Prensa de parte de La Nación, Clarín y La Razón.

Vaya casualidad.

Rossi pareció montar una escena sin proporción para la pobre calidad del anuncio. Pero el cristinismo suele demostrar en eso una frecuente habilidad. Fue inevitable emparentarlo con aquella convocatoria de la Presidenta a la oposición en la Casa Rosada para un resonante anuncio sobre las islas Malvinas, cuando el año pasado se cumplieron los 30 años de la guerra con Gran Bretaña. Comunicó entonces que se divulgaría íntegro el célebre informe Rattenbach, que juzgó el comportamiento de las FF.AA. en el conflicto. Ese informe figuraba ya en Internet y se vendía aún en librerías.

La oportunidad en que la Corte decidió difundir el fallo sobre la ley de medios posibilitó, sin dudas, todo aquel reacomodamiento cristinista. Y dejó a los jueces en una situación pública incómoda. Es la primera vez, desde la renovación que hizo Néstor Kirchner, que el máximo Tribunal se siente forzado a dar explicaciones en torno a su conducta. No estuvo solo: por coincidencia o de manera coordinada, la Asociación de Magistrados y el gremio del ramo, que conduce el moyanista Julio Piumato, salieron a apuntalarlo. Es la primera vez, además, que desde algún sector de la oposición política se la empieza a observar con desconfianza.

No es sólo la denuncia de Elisa Carrió sobre la presunta existencia de un pacto entre Ricardo Lorenzetti, su titular, y Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico. Fue también una presentación formal de diputados del PRO solicitando la suspensión de la aplicación de esa ley hasta que estén garantizados l os criterios de neutralidad que la Corte demandó para la AFSCA, el organismo que debe instrumentar la norma. El pedido fue desestimado por los jueces.

El apremio de los supremos pareció quedar reflejado en el encuentro semanal de ayer. Emitieron un documento de defensa de las decisiones del cuerpo y, sobre todo, de la conducción de Lorenzetti.

Ese texto, sin embargo, no habría dicho todo. Por caso, las preguntas que por lo menos dos jueces hicieron al titular de la Corte sobre las razones que lo empujaron a realizar tantas declaraciones periodísticas después de emitido el fallo.

Tal vez, la actitud de Lorenzetti haya tenido relación con ciertos implícitos que se desprenderían del fallo. Especialistas en la materia (www.saberderecho.com) opinaron que “si la ley de medios fuera un reo, el veredicto que la Corte recorta no es el de innocent (inocente), sino un not guilty (no culpable). Salvo en la declaración de constitucionalidad de Raúl Zaffaroni, que sí declara plenamente la inocencia del régimen”.

Esa aparente falta de convicción al trasluz de las 392 fojas habría inducido la excursión periodística en que se embarcó Lorenzetti. Ofreció su palabra, sin remilgos, como nunca lo hizo desde que comanda el Tribunal. Primero alentó la judicialización del proceso que se inauguraría con la implementación de la ley. Luego admitió sus frecuentes conversaciones con Zannini. Enseguida pidió que se aclarara (al periódico Perfil, que publicó sus declaraciones) que en esas conversaciones nunca se había incluido el tema medios. Quizás, para casi todos, hubiera sido preferible su silencio.

Los seis jueces restantes debieron seguir la misma línea. Dijeron que las reuniones entre representantes de poderes del Estado forman parte de “la actividad normal de la República”. Añadieron que nunca “tienen por objeto la discusión de las soluciones a adoptar por el Tribunal en las causas sometidas a su jurisdicción”. Cada parte de esos párrafos esconde su miga. Es cierto que en cualquier democracia la interacción de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es entendible y necesaria. Nadie podría actuar de modo individual y encapsulado. Pero a los mismos jueces les resultaría difícil negar episodios públicos que trasuntaron una clara coacción del poder político sobre la máxima instancia judicial, c uya paulatina extinción quedó siempre en la nebulosa: la ventilación de la situación impositiva y patrimonial de Lorenzetti que hizo la AFIP; el proyecto de reforma judicial que amagó con quitarle a la Corte el manejo de los fondos judiciales. Hubo muchos más, algunos divulgados, que forman parte ahora del archivo periodístico.

Parece tan lógica aquella interacción de los poderes del Estado, acorde con el parte de la Corte, como escasamente creíble la aclaración que en esos diálogos no se toquen las cuestiones medulares.

Lorenzetti, por ejemplo, blanqueó sus reuniones con Zannini pero aseguró que jamás se habló sobre la ley de medios. Una afirmación incapaz de permear, siquiera, la candidez de niños de un jardín de infantes.

El remate del comunicado de la Corte también dejó otro poco de tela. Sostuvo que los “ataques dirigidos a los miembros del Tribunal” en nada contribuyen al debate ni al “fortalecimiento institucional”. La única palabra, tal vez, que podría calibrarse de tal modo, luego del fallo sobre medios, podría ser la de Carrió, denunciante de un supuesto “pacto espurio”. El resto se circunscribió –al menos hasta ahora– a críticas políticas y jurídicas que, en ningún caso, tuvieron alcance de orden personal para esos jueces.

La reacción resultó llamativa a sólo una semana del dictado de su fallo.

La ley de medios es su letra y también sus circunstancias: hace seis años que los periodistas no adictos al Gobierno sufren de su parte descalificación y escarnio público.