El Poder Ejecutivo Nacional, una vez más, ha enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto para el año próximo basado en un diagnóstico macroeconómico y estimaciones absolutamente alejados de la realidad.

La iniciativa oficial proyecta para 2014 una inflación de apenas 10,4 por ciento. Se trata de una cifra que no se compadece con las tendencias inflacionarias imperantes en la actualidad, que el gobierno nacional también se preocupa por disimular mediante el falseamiento del índice de precios que mide el Indec. Más irrealista aún suena ese cálculo si se tiene en cuenta la política monetaria expansiva que domina la política económica desde hace varios años para permitir el financiamiento del Tesoro Nacional frente al creciente déficit fiscal.

El proyecto del Poder Ejecutivo contempla un crecimiento real del PBI del 6,2 por ciento, que luce a todas luces improbable. En tanto, se prevé un incremento de los ingresos tributarios del orden del 25,5 por ciento, que implicaría una suba superior a la del 17,2 proyectado para el PBI nominal. Esa estimación significaría un aumento de la presión impositiva de 2,8 puntos del PBI, que también parece inviable, especialmente si se considera que la presión tributaria se ubica actualmente en un récord histórico y que las medidas instrumentadas en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para los asalariados y en el monotributo la están reduciendo.

Así, se presupuestan un crecimiento nominal del gasto primario del 15,6 por ciento y un superávit fiscal primario del 2,4 por ciento sobre el PBI, que también parece dibujado, y no sólo por incorporar como recursos corrientes las transferencias del Banco Central y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) al Tesoro Nacional.

La suma de 78.116 millones de pesos que el Poder Ejecutivo aspira a tener como excedente primario no se compadece con la realidad, ya que, entre otras cosas, la estimación de gastos no contempla los aumentos salariales que se producirán en el sector público nacional. También parece desorbitado el superávit financiero previsto para el año próximo, de 868,9 millones de pesos.

Cabe consignar que para el corriente año el Gobierno había estimado un resultado fiscal primario positivo del orden de los 59.000 millones de pesos y un superávit financiero de aproximadamente 1000 millones. La realidad, cuando falta un cuatrimestre para cerrar el año, es bien distinta: los números presentados por las autoridades nacionales, ajustados en el presupuesto 2014, dan cuenta de que este año el excedente primario, incluyendo aportes del Banco Central y de la Anses, llegará a apenas 431 millones de pesos, en tanto que habrá un déficit financiero, luego del pago de intereses y servicios de la deuda, superior a los 44.000 millones de pesos.

Los proyectados giros del Banco Central y de la Anses al Gobierno en 2014 ascenderían, de acuerdo con las previsiones oficiales -que siempre tienden a quedarse cortas- a los 84.500 millones de pesos, luego de que a lo largo de 2013 totalicen alrededor de 58.000 millones de pesos, casi 20.000 millones más de los presupuestados un año atrás.

Un problema adicional es el creciente nivel de endeudamiento del Gobierno con el BCRA, que hoy posee letras intransferibles del Tesoro Nacional por un monto equivalente a más de 47.000 millones de dólares. Esto es, una cifra muy superior a los poco más de 35.000 millones de dólares de reservas brutas de la entidad monetaria.

Este continuo incremento del stock de títulos públicos intransferibles y con vencimiento a diez años en manos del BCRA, a cambio de reservas líquidas que son empleadas para el pago de la deuda pública y el financiamiento del también creciente déficit energético habla a las claras del deterioro de la situación patrimonial de nuestra entidad monetaria.

A todas estas inconsistencias se agrega la intención del Gobierno de prorrogar la ley de emergencia económica por dos años, que incluye la continuidad del controvertido impuesto al cheque, cuya recaudación prácticamente no se coparticipa con el interior del país.

Finalmente, llama la atención la fuerte caída real del presupuesto en áreas clave como la seguridad. En momentos en que arrecian la inseguridad y el narcotráfico, el proyecto oficial apenas contempla una mejora del 6,6 por ciento en las partidas para seguridad, bastante por debajo incluso de la inflación proyectada. Algo que demuestra que las prioridades del Gobierno no guardan relación con las necesidades de la población.