Para Néstor Kirchner, el sector público debía tener una injerencia permanente sobre el privado. Pero esa intromisión no pretendía suprimir al mercado, sino subordinarlo a las necesidades del Gobierno.
Cristina Kirchner modificó ese vínculo. Ella ubicó al Estado en el centro de la escena material. No se conformó con alinear a los empresarios. Se propuso sustituirlos. Esta reformulación del kirchnerismo se está manifestando en la polémica por la ley de medios, en el conflicto con LAN, en el acuerdo con Chevron y en el litigio con los holdouts. Es un experimento estadocéntrico que, al mismo tiempo, muestra su límite: se está haciendo imposible financiarlo.
La urgencia electoral de liberar a una amplia franja de clase media del impuesto a las ganancias hizo que la señora de Kirchner también tomara conciencia del insoportable costo fiscal de su "modelo". Las audiencias públicas convocadas por la Corte Suprema con el objetivo de debatir la constitucionalidad de la nueva regulación audiovisual sirvieron para aclarar lo que se sabía: para las autoridades, la mejor forma de garantizar la pluralidad de voces es hacer prevalecer la voz del Estado, que por lo general suena igual a la del Gobierno.
Ese propósito asomó en varias afirmaciones del modesto equipo de funcionarios que concurrió a la audiencia. El economista de la Afsca Horacio Seillant, por ejemplo, sorprendió al decir que Clarín es un grupo con características de "monopolio natural" (sic).
Para ponerlo en duda alcanza con advertir cómo se estatizó el dial. La ley de medios prohíbe a un operador tener más de una licencia de TV abierta, una señal de cable, una radio AM y dos FM en la misma región. Sin embargo, el Estado tiene en el área metropolitana un canal de TV abierta con 295 repetidoras, cuatro señales de cable (Encuentro, Pakapaka, Incaa y Tecnópolis), una AM con cerca de 40 repetidoras y seis FM. Sin computar la red de TV Digital Terrestre que opera Julio De Vido y sólo emite programación oficial o paraoficial.
La propia Corte desmintió, tal vez sin darse cuenta, la existencia de ese pretendido "monopolio natural". Las audiencias de la semana pasada fueron transmitidas por la red de cables, de telefonía fija, de internet y satelital. Es decir, quien quiso acceder a ese contenido pudo hacerlo a través de cualquiera de los medios disponibles. ¿Qué hubiera sucedido si, como pretende el Gobierno, las empresas de cable estuvieran segmentadas? Se habría otorgado una ventaja extraordinaria a las empresas de telefonía fija, las únicas que cuentan con un tendido de gran extensión.
Los jueces hicieron una demostración práctica de lo que establece la sana teoría desde que estalló la revolución de las telecomunicaciones: para desconcentrar el sistema de medios hay que incentivar la competencia, no establecer regulaciones. Sobre todo si la discusión se refiere al mercado del cable, que se sirve de un recurso infinito como es el tendido de fibra óptica. Algo distinto de lo que sucede con las emisiones de radio y TV abierta, que requieren una vigilancia antimonopólica porque utilizan el espectro radioeléctrico, que es finito.
El Gobierno y Clarín también discutieron ante la Corte cuál sería la escala por debajo de la cual una empresa de medios se vuelve inviable. Es decir: a partir de qué nivel de desconcentración la asfixia financiera puede afectar la libertad de expresión. Fue el tramo más pobre del debate. Especialmente porque a los defensores de Clarín no se les ocurrió tomar a los medios del Estado como módulo para establecer la ecuación económica de la industria. ¿Cuántos recursos demanda la operación de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado? ¿Qué parte del presupuesto se llevan las transmisiones monopólicas del fútbol? ¿Qué rentabilidad tendrá la red de TV digital de De Vido? También se podría estudiar el impacto de la publicidad estatal en la contabilidad de las empresas privadas. En los últimos años se asiste a un fenómeno curioso: el Gobierno promovió la llegada de amigos (Cristóbal López, Sergio Szpolski, Gerardo Ferreyra, etc.) a empresas de radio y TV que reciben más avisos oficiales cuanto más audiencia pierden.
Estas incongruencias sólo se resuelven en el campo de las creencias. Para Cristina Kirchner es trivial que el Estado sea ineficiente en la administración de sus negocios, o que ejerza una posición dominante, por la sencilla razón de que es, por definición, virtuoso. Con la iniciativa privada sucede lo contrario: las licencias que se otorgan a las empresas de medios son "privilegios", dijo Graciana Peñafort, antigua directora jurídica la Afsca que fue castigada por La Cámpora.
El conflicto con Clarín aceleró el avance oficial sobre la prensa. Pero sin esa querella la tendencia estatizante igual se hubiera desplegado. Las categorías que orientan la política de medios rigen la gestión kirchnerista en otros sectores, como el de la aeronavegación. El intento de expulsión de LAN del aeroparque Jorge Newbery completa una secuencia que apunta a que Aerolíneas Argentinas se quede con el monopolio del cabotaje. Primero se prohibió a Lan la incorporación de dos nuevos Airbus 320 a su flota; después Intercargo, una compañía colonizada por La Cámpora, le retaceó los fingers en los aeropuertos; más tarde se le suspendieron los servicios de rampa, repuestos cuando aceptó ajustar el precio en 12 millones de dólares al año. La finalidad de estas acciones es, como confesó el camporista Mariano Recalde, que LAN renuncie a varias rutas. Liberada de competencia, Aerolíneas reduciría, quizás, sus pérdidas. El cuadro tarifario que rige en el país responde a las mismas exigencias: a las compañías no se les permite ofrecer mejores precios para que Aerolíneas no se quede sin mercado. Quiere decir que la falta de racionalidad en esa empresa termina castigando a los ciudadanos, sobre todo a los que no acceden a los servicios porque son demasiado caros. La Argentina es el país de la región que, en los últimos diez años, menos público incorporó al uso del avión como medio de transporte.
La misma tendencia reaparece en la gestión de YPF. Chevron obtiene ventajas inusuales y Neuquén renuncia a beneficios multimillonarios no porque Miguel Galuccio sea "entreguista". Fue Axel Kicillof el que fijó las condiciones excepcionales del contrato que hoy provoca escándalo, al convencer a la Presidenta de que había que confiscar las acciones a Repsol porque era una multinacional. Una multinacional como Chevron. Es curioso que Cristina Kirchner continúe dilapidando capital político para que Kicillof siga ensayando. El viceministro de Economía no sólo le explicó al CEO de LAN, Ignacio Cueto, cómo se administra una aerolínea. También alienta la posibilidad de que el Estado, a través de YPF, intervenga en áreas asignadas a otras petroleras.
Sería injusto, sin embargo, atribuir sólo a Kicillof la descabellada peripecia de YPF. El contrato entre Galuccio y su contraparte, Alí Moshiri, no sólo tiene que evitar los eventuales embargos ecuatorianos a Chevron; también debería evitar que los holdouts capturen los fondos destinados a YPF. La señora de Kirchner se ufana de defender el patrimonio estatal ante esos acreedores. Pero no incorpora el costo que impone su estrategia para las inversiones reales: la tasa de financiación de cualquier proyecto productivo duplica la de los bonos soberanos, que hoy están a precio de default.
Podrían citarse más contradicciones en un discurso que, a medida que se radicaliza, se vuelve más vacío. Pero el límite del estatismo kirchnerista no es la incoherencia sino la inviabilidad. El gasto público federal, provincial y municipal superó ya el 45% del PBI. El del Estado nacional alcanzó el 30%. Como es un gasto poco productivo, reduce el dinamismo económico. Quiere decir que para satisfacer su inclinación estatizante la Presidenta debe sacrificar el crecimiento. En la vida hay que elegir.
El peso del Estado determina una presión fiscal insoportable. Entre otras consecuencias, esa presión sensibiliza a quienes la padecen frente a la corrupción. La sensación de inmoralidad está conectada con el nivel de recaudación, sobre todo si éste aparece en el recibo de sueldo. Amenazada por el riesgo electoral, Cristina Kirchner liberó del impuesto a las ganancias a quienes cobran menos de 15.000 pesos. Renunció así a unos $ 20.000 millones anuales, que equivalen a un aumento de 1,3% en el consumo. También a un incremento de 6% en la emisión, ya que la Presidenta es fóbica a la deuda. Prefiere la inflación.
Conclusión: la propensión autoritaria a imponer controles estatales sobre la sociedad en nombre del "pueblo" y del "interés nacional" vuelve al punto de una vieja encrucijada. Se ha quedado sin recursos.
