La oportunidad de las modificaciones introducidas en el Impuesto a las Ganancias parece responder a la necesidad de evitar una más notoria derrota electoral. Si fuera éste el propósito, no extraña que los cambios muestren otro forzado intento de redistribucionismo que resulta en desprolijidades aritméticas en las escalas, que llevan a situaciones casi paradójicas.
Desde esta misma columna editorial habíamos criticado la falta de actualización del mínimo no imponible frente a una inflación que determinaba que se efectuaran retenciones del Impuesto a las Ganancias sobre salarios que apenas cubrían las necesidades básicas de un trabajador. Ubicábamos esta crítica en lo que considerábamos un esfuerzo gubernamental desmedido por recaudar más impuestos, frente a un gasto desbordado y un déficit creciente.
El camino que proponíamos era compensar el efecto de la reducción de esa presión tributaria con una disminución del gasto público. De ninguna otra forma se hace posible suprimir los excesos impositivos sin incrementar el déficit fiscal. Observábamos que ante la falta de acceso al crédito todo aumento del déficit implicaba financiarse con los ahorros de los jubilados o simplemente emitir.
Frente al extendido y justo reclamo de los gremios y de los trabajadores en relación de dependencia, y atento a las evidencias que proyectan un resultado electoral adverso en octubre, el Gobierno por fin se decidió a actuar. No lo hizo como pudiera esperarse, actualizando por la inflación el mínimo no imponible. Utilizó un arbitrio de tono más populista y similar a cuando elevaba sólo las jubilaciones mínimas sin tocar las restantes.
Mediante un decreto excluyó de la retención del impuesto, a partir del próximo 1° de septiembre, a quienes en los seis últimos meses recibieron una remuneración mensual por debajo de 15.000 pesos. Para los que estén entre 15.000 y 25.000 habrá una reducción del 20% en el monto nominal retenido. Quienes superen ese límite no tendrán cambio alguno, ni en el mínimo computable ni en la escala aplicable. Continuarán aún más perjudicados al no haberse considerado la inflación en su diferencial computable.
Inmediatamente después de conocerse el contenido del decreto, los medios comenzaron a difundir casos notables, en los que luego de estas medidas podrá haber empleados que ganen más que su jefe, o que por un peso adicional de sueldo pasen a cobrar algunos cientos menos. Sin duda se trata de impericia por apresuramiento, ignorancia y mala praxis en la gestión.
Pero no son éstos los inconvenientes más notorios. En un esfuerzo por mostrar prudencia fiscal, el Gobierno decidió otros cambios impositivos que intentan compensar la pérdida de recaudación. Afortunadamente se desistió de desgravar los intereses de plazos fijos bancarios, lo que hubiera repercutido negativamente en la formación del ahorro, en la inversión productiva y en la creación de empleo. Debe ponderarse este rasgo de racionalidad cuando los gremios y gran parte del espectro político reclamaban demagógicamente la creación de un impuesto a la "renta financiera". Pero se gravó con un 15% la "transferencia de acciones" y con un 10% los dividendos.
Estos dos nuevos impuestos exponen efectos negativos. Una ganancia de capital de quien vende acciones a un valor nominal sustancialmente más alto que el de su adquisición puede no constituir una ganancia real que justifique gravarse. No debe olvidarse que el ajuste por inflación continúa legalmente prohibido, a pesar de que ésta ha resurgido con fuerza. El impuesto a los dividendos es violatorio de los principios constitucionales de libertad e igualdad, y también del derecho de propiedad toda vez que los únicos contribuyentes que tendrán una tasa del Impuesto a las Ganancias superior a la máxima del 35%, serán los que perciban dividendos, pues soportan el 35% ya pagado por la empresa, más el 10% sobre los 65% restantes, lo que totaliza un 41,5%. Esta tasa será aun mayor ya que al no haber ajuste por inflación el impuesto pagado por las empresas suele absorber parte de su propio capital.
Debe decirse, por otro lado, que la recaudación anual estimada para este nuevo impuesto no superará los 2000 millones de pesos, mientras que la pérdida de recaudación debida a los cambios en Ganancias sobre los salarios rondará los 4500 millones. Nada se ha dicho sobre medidas para reducir el gasto público en este monto ni en ninguno. El Gobierno sólo ha hablado de una compensación con otros impuestos como una mera expresión de deseo.
En definitiva, se resuelve la situación injusta de muchos asalariados, pero a costa de incrementar el déficit fiscal. Esto implicará inevitablemente más emisión; esto es, más impuesto inflacionario. Así, una mano del Gobierno pondrá más dinero en los bolsillos de los asalariados, pero la otra mano lo retirará sigilosamente, como viene haciéndolo en los últimos años.
