Esta norma, compleja e intervencionista, estableció importantes beneficios fiscales para la producción, imponiendo condiciones de tamaño a las empresas y que no tuviesen participación de extranjeros, entre otras varias. La ley establece cómo se determinará el precio del producto. Los beneficios otorgados originalmente fueron por 15 años. Dicha norma definió que “se entiende por biocombustibles al bioetanol, biodiesel y biogás, que se produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación”.

Cada uno de estos combustibles, cuya denominación alude a la diferencia con aquellos de origen mineral (petróleo y carbón), tiene una situación distinta en cuanto a producción y uso. Recordemos que los biocombustibles se usan en cortes con los combustibles minerales en diversas proporciones, según informó el diario Los Andes.

El hecho es que al amparo de la norma citada, y de otras que la complementaron, la instalación de plantas de elaboración de biodiesel, a partir del aceite de soja, tuvo un crecimiento explosivo, orillando hoy los 4 millones de toneladas de capacidad de producción. La producción pasó de poco más de 700 mil toneladas en 2008 a 2,4 millones el año pasado.

Las exportaciones siguieron un camino similar, ya que la mayor parte de la elaboración tiene ese destino, superando 1,5 millones de toneladas el año pasado, pero con una caída respecto a 2011.

Esta situación tiene relación directa con los problemas planteados en la Unión Europea, donde primero España puso serias trabas al ingreso del biodiesel argentino y luego la Unión inició una investigación de dumping que todavía está en curso, pero es la que fundamenta el cargo impuesto para el ingreso a toda la Unión. Obviamente las empresas argentinas rechazan de plano la posibilidad de dumping y han ofrecido poner a disposición de quienes están llevando a cabo la investigación toda la información necesaria para demostrarlo.

Pero las desventuras del biodiesel no tienen que ver sólo con las medidas adoptadas por los países importadores, ya que el gobierno ha contribuido con su cuota habitual de discrecionalidad y necesidad de recaudar. Por un lado el derecho de exportación que al inicio se fijó en 14% se aumentó al 24% efectivo, cuando se hace el balance entre derecho y reintegros.

Pero la medida que provocó una severa crisis fue la reducción, en 15%, del precio que debían pagar las petroleras a los elaboradores, medida destinada a beneficiar a YPF re estatizada. Como en la industria del biodiesel conviven empresas de gran tamaño con otras medianas y pequeñas, la rebaja del precio afectó gravemente a estas últimas, y varias de ellas dejaron de producir. En otra intervención típica el gobierno segmentó el mercado con tres precios, el más alto para las pequeñas, el más bajo para las grandes y uno intermedio para las medianas. A su vez incremento el porcentaje de mezcla del 5% al 7%.