El jueves próximo se inaugurará una nueva muestra de la tradicional Exposición Rural, nacida en la segunda mitad del siglo XIX. Ese trascendental acontecimiento ocurre este año en el contexto de una cada vez más erosionada relación entre el Gobierno y el campo, con el perjuicio que ello indica para el país todo.

La Exposición Rural de Palermo, organizada por la Sociedad Rural Argentina en su 127a. versión, tendrá lugar entre el 18 y el 30 del corriente mes y todo indica que volverá a suceder lo ocurrido durante los últimos ocho años: ni la Presidenta ni ningún otro representante de alta jerarquía del Gobierno concurrirán al tradicional acto inaugural ni recorrerán la exposición para enterarse de los constantes avances que se incorporan a la producción y, a la vez, demostrar apoyo e interés por el sector. Muy por el contrario, quedará nuevamente expuesto el particular desinterés que nuestras autoridades tienen por el agro, sus instituciones y su dirigencia, testimonio del enorme desconocimiento sobre lo que constituye la explotación rural y una muestra más de la absurda mala fe con que se manejan estas cuestiones a nivel del gobierno nacional, quizá por provenir de una provincia como Santa Cruz, donde predominan las industrias extractivas.

Esos gestos avaros no hacen más que confirmar la absurda pelea entablada contra un sector productivo por excelencia, al que el gobierno nacional se muestra empecinado en ahogar desde hace ya mucho tiempo.

Lo cierto es que tales ausencias no serán sólo de los gobernantes. Tampoco habrá stands oficiales demostrativos de las funciones que competen al Gobierno. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), institución base del desarrollo tecnológico, se verá otra vez privado del contacto con los productores, al igual que le ocurrirá al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), institución clave destinada a mantener y mejorar el nivel de sanidad de la producción, tanto para el consumo doméstico como para la exportación.

Sin embargo, no termina en esos pocos ejemplos el desprecio del Gobierno por el campo. En otro ataque artero, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, devenido en principal operador económico y responsable de la crisis triguera, también amenaza con aplicar a este vital sector la polémica ley de abastecimiento, un instrumento rudimentario destinado a complicar aún más la delicada situación que ha retrotraído al bíblico alimento por lo menos a una centuria.

Entre otras acciones y demostraciones de desapego a la legalidad, Moreno ha creado una nueva entidad agraria privada, multifuncional, sin representatividad alguna, que opina y decide arbitrariamente a favor de las intenciones y regulaciones oficiales. Lo que más preocupa a estas alturas de los acontecimientos es el respaldo que el poderoso funcionario recibe desde la cima del poder político.

Respecto del trigo, la Presidenta también hace una lectura aviesa y malintencionada cuando afirma sin ambages que está convencida de que escasea porque los productores lo ocultan para beneficiarse de un mejor precio ulterior.

Paralelamente, resulta preocupante enterarse de que el gobierno nacional procura compras aceleradas de gasoil ante el riesgo de insuficiente aprovisionamiento del vital combustible, una clara consecuencia de la crisis energética, que viene siendo denunciada desde tiempo atrás por los numerosos expertos en la materia.

La lista de trabas y presiones es extensa y no se agota en esta enumeración, que tampoco puede dejar pasar las inexplicables maniobras para confiscarle a la Sociedad Rural su predio de Palermo.

La compleja relación del Gobierno con el agro debe ser leída en un contexto amplio, en un escenario mucho más complejo.

Con manotazos de ahogado, el Gobierno provoca y pretende desguazar a instituciones centenarias para desviar la atención de los graves problemas que parece no saber y no querer resolver, entre ellos, la corrosiva y creciente inflación, la pobreza, la inseguridad y la caída del país en la mayoría de los índices internacionales que lo miden. Demasiadas cargas que aconsejan el ejercicio del diálogo, el entendimiento y la mesura en el camino de asegurar el bien común..