La presidenta Cristina Kirchner suele mencionar como uno de los hitos de lo que llama "década ganada" el haber otorgado la jubilación a quienes no cumplían los requisitos por no tener 30 años de aportes, debido al alto desempleo de los 90. Lo que no explica es por qué, después de diez años de crecimiento casi ininterrumpido, estatizaciones, supuesta industrialización e inclusión, está dejando una herencia igual o peor a las futuras administraciones.

Quienes hoy no aportan serán mayores, no podrán trabajar más, tendrán problemas de salud o fallecerán, y dejarán hijos menores o viudas. ¿Quién si no el Estado se ocupará? La Argentina no ha solucionado los problemas de su enorme presión impositiva sobre el trabajo, que aumentó durante la administración kirchnerista. Es una forma de estimular la evasión de aportes.

El Gobierno parece haber hecho mucho para que paguen más los que están en blanco y muy poco para que salgan del negro los que están allí. Y algunas prácticas son un estímulo a la evasión. Lleva años sin actualizarse la escala de categorías del monotributo. Si la facturación aumenta por la inflación, se sube de categoría y se paga más. Y como se aumentó el valor de los aportes, se paga más, aunque se facture lo mismo. Para un autónomo pasar de monotributista a responsable inscripto en el IVA por el solo efecto de la inflación incluye un aumento de gastos y una disminución de ingresos. El premio por quedarse "en negro" o por ocultar ingresos es enorme.

Todo junto es una enorme señal de alarma para un mercado en problemas. Si el alto costo laboral o la excesiva presión impositiva sobre el salario no es el problema, ¿por qué la Nación, las provincias y los municipios toman empleados contratados o pagan "sumas no remunerativas" para evitar el pago de contribuciones?

Son todas señales de que hacen falta reformas, pensadas cuidadosamente, que se instrumenten luego de un acuerdo político amplio. El mercado laboral está engendrando su propia crisis y una debacle fiscal. La informalidad ofrece además el incentivo a escapar de un impuesto a las ganancias que se ha vuelto muy injusto por la inflación y la falta de actualización razonable del mínimo y las escalas.

El Gobierno se congratula por haber solucionado situaciones lamentables del pasado. Pero lo hizo de manera descuidada. Otorgó beneficios jubilatorios casi sin costo a personas que habían evadido y amasado patrimonios en parte gracias a ello. Y mantiene sin actualizar correctamente los haberes de varios cientos de miles que ganaban más que la jubilación mínima en 2003, incluso en casos de afectados que tienen sentencias favorables de la Corte Suprema.

El Gobierno no tiene plan para atacar el problema. Las iniciativas apuntan sobre todo a aumentar la carga sobre los trabajadores del sector formal y no a incentivar la salida de la informalidad. Es cierto que para quien estaba desocupado en la crisis de 2001 y 2002 mucho mejor es ser hoy un empleado precario. Pero nadie puede enorgullecerse legítimamente de tal situación.